Raúl Antonio Loperena Contreras

Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
279/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Raúl Antonio Loperena Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de once de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En razón de que la parte quejosa RAÚL ANTONIO LOPERENA CONTRERAS y sus autorizados no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el doce de mayo del año en curso; ni tampoco se pusieron de acuerdo con el Actuario para que les notificara, ni agotaron el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de once de mayo del año en curso, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Raúl Antonio Loperena Contreras, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Fiscal Regional de Uruapan, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 279/2022. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: . Desechamiento. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Artículo 61... De la norma inserta se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con similares alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa legislación. Ahora, resulta conveniente destacar que los numerales 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 16. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De los preceptos insertos con antelación se desprende que la víctima u ofendido de un delito tendrá el derecho a impugnar ante una autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se advierte que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. De igual forma, se observa la posibilidad que la víctima u ofendido tiene de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, la formulación de la imputación, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que tal conducta supone la paralización de su función investigadora. De ahí que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En esa tesitura, cabe señalar que la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal son decisiones que definen el curso de la indagatoria, por lo que las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en esa etapa de la investigación son actuaciones que tienen como efecto la paralización de su función investigadora, las cuales deben ser revisadas por el Juez de Control, quien al estimar que tales actuaciones son ilegales ordenará al representante social que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, si actos reclamados en la especie consisten en omisiones precisadas en párrafos precedentes, dentro de la Carpeta de Investigación señalada bajo el Numero Único de Caso 1004201917653, con número de expediente 11695/UATP/URU/2019, que se lleva ante la Fiscalía Regional de Uruapan, al encuadrar en los supuestos a que alude el indicado criterio debe ser impugnado por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es el medio de impugnación idóneo y específico que tiene como finalidad que el citado Juez revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria y de estimar que la actuación del representante social fue ilegal lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivos de los delitos. Además cabe señalar que se desprende que la parte quejosa haya promovido el citado medio de defensa. En las relatadas condiciones, dado que en contra de los actos reclamados procede un medio ordinario de defensa ante el Juez de Control es inconcuso que el justiciable está obligado a agotarlo previo a la promoción de este sumario, a fin de observar el principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional, por lo que al no haber acatado ese principio rector se actualiza la causal de improcedencia prevista por el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el acto anteriormente señalado y atribuido a las autoridades Ministeriales que refiere en su demanda. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Quetzalcóatl Molina Loperana, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tiene registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6 del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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