Raúl Álvarez Vargas
Expediente 906/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Raúl Álvarez Vargas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al presente juicio de amparo, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción. ...
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa Raúl Álvarez Vargas, mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete; sin que la parte disconforme desahogara el requerimiento precisado en el proveído de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Raúl Álvarez Vargas.
- Principal
Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado; en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad para notificar al promovente Raúl Álvarez Vázquez, el proveído de dos de octubre del año en curso, por los motivos que indica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el citado proveído, así como el presente, y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. EN ATENCIÓN A LO ORDENADO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE dos de octubre DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve Raúl Álvarez Vargas, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Gurididi y Alconcer, Tlaxcala, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 906/2017-VIII. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran establecidos los contenidos en la fracción III, que a la letra señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". En el caso, de la demanda de amparo que se provee, respecto de las autoridades señaladas como responsables se advierte que el promovente manifiesta: "Ill.-AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS Y EJECUTORAS: a) ELC. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDIDI Y ALCONCER, TLAXCALA, con domicilio bien conocido. b) EL C. JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDIDI Y ALCONCER, TLAXCALA, con domicilio bien conocido. c) ELC. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS APIZACO, TLAXCALA, con domicilio bien conocido. d) EL C. JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS APIZACO, TLAXCALA, con domicilio bien conocido. e) EL C. JUEZ PRIMERO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL-ACÜSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, con domicilio bien conocido f) EL C. JUEZ SEGUNDO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL-ACÜSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, con domicilio bien conocido. g) EL C. JUEZ TERCERO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL-ACÜSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, con domicilio bien conocido h) EL C. JUEZ CUARTO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL-ACÜSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, con domicilio bien conocido I) EL C. JUEZ QUINTO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL-ACÜSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, con domicilio bien conocido j) EL C. JUEZ PRIMERO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL-ACÜSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANCHEZ PIEDRAS, con domicilio bien conocido. k) EL C. JUEZ SEGUNDO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL-ACÜSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANCHEZ PIEDRAS, con domicilio bien conocido. I) LA SALA PENAL Y ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, con domicilio bien conocido. COMO AUTORIDADES EJECUTORAS EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, con domicilio bien conocido. b) El COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, con domicilio bien conocido". De lo anterior se aprecia que la parte quejosa señala de manera global a las autoridades responsables como ordenadoras y ejecutoras, además que la primera la menciona como "Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Gurididi y Alconcer, Tlaxcala", por tanto, no se advierte con exactitud la denominación correcta de ésta, mucho menos el carácter que le asigna a cada una; en la inteligencia que las autoridades responsables son requeridas de manera individual. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los en los artículos 107, fracción V, 108, fracciones III y IV, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: ? Señale la denominación correcta de cada una de las autoridades que pretende señalar como responsables, así como el carácter que tienen, esto es, ordenadoras o ejecutoras. Con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo Cobra aplicación a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 161/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2014, Décima Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." De igual forma, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que dentro del mismo plazo exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza de La Constitución, número cuatro, Interior seis, Colonia Centro, Estado de Tlaxcala, asimismo; se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de amparo a las personas que indica Librado Mendoza Quintanar, Pedro Román García Ruíz y Adalberto Emmanuel Lozano Guzmán por no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, de igual forma, a Karla Noemí Pérez Ramírez, José Roberto Lozano García, Luis Guzmán Molina, Esther Guzmán Molina y Carlos Daniel García Tobar, por así señalarlo dicho promovente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente incidente, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente asunto. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional".
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