Raúl Alonso Puga y Otros.

Expediente 1925/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1925/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Raúl Alonso Puga y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Y SE ORDENA ARCHIVO.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************y********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1925/2023-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. En mérito de lo anterior, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, debe precisarse que del análisis del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: El auto (resolución) de once de Julio de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia, en esta ciudad, por el que declaró improcedente el incidente sobre oposición a nombramiento de albacea dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************, a bienes de ******************** y ********************. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, el auto (resolución) de once de Julio de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia, en esta ciudad, por el que declaró improcedente el incidente sobre oposición a nombramiento de albacea dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************, a bienes de ******************** y ********************, puede ser impugnado a través del recurso de apelación que para tal efecto prevé el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Ello implica, que la impetrante de garantías tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, el cual tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el artículo 928 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, aplicable al caso, establece: "ARTÍCULO 928. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. II. Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este código." En atención a lo expuesto, es válido sostener que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, prevé un medio ordinario de defensa para combatir lo aquí reclamado; sin embargo, de los antecedentes que narra la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, no se observa que haya promovido el medio de defensa ordinario previsto en la ley, mismo que ya fue señalado con antelación. Debe decirse que el suscrito considera que el recurso de apelación es el medio de impugnación procedente, máxime que el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas señala que los autos que deciden un incidente son apelables. Cabe precisar, que el principio de definitividad que se ha hecho referencia, contempla casos de excepción, entre los cuales se encuentran los actos que importan peligro a la vida o ataques a la libertad; sin embrago, en el presente asunto, no estamos frente algún acto que afecte la libertad personal y aún cuando pueda ser de imposible reparación, debe agotarse el recurso contemplado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Dadas las razones anotadas, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por ********************y********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente.

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