Raúl Alfredo Hernández Reyes

Expediente 805/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
805/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Raúl Alfredo Hernández Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA. IV. Ciudad de México, uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual acusa recibo del diverso 33316/2019, con el que se remitió el juicio de amparo 805/2019-IV-A promovido por ********************; asimismo, se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado bajo su índice con el número de amparo 1287/2019. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. ****

  2. Principal

    MESA. IV. En veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta con el escrito de demanda con número de correspondencia 14190, firmado por Raúl Alfredo Hernández Reyes, Jesús Flores Pérez, Daniel Pérez Muñoz, Ulices Rodríguez Palacios, Germán Everardo Santiago Elizalde, Ángel Ismael Rendón Acuña y Eduardo Valtierra Cabrera; así como con la certificación secretarial que antecede. Conste.Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo presentada por ****contra actos del Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos" y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 18 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 805/2019-IV-A. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes, reclaman:****COMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja.*** Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran internos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y, dado que el acto reclamado tiene ejecución material, es evidente que el traslado que por esta vía combaten tratará de ejecutarse en el lugar en el que se encuentran internos, esto es, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, lugar en donde se encuentra dicho centro de reclusión. Entonces, conforme a la precitada regla, prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito donde trate de ejecutarse, el acto reclamado, quien debe conocer de la demanda de garantías promovida por Raúl Alfredo Hernández Reyes, Jesús Flores Pérez, Daniel Pérez ***En tales circunstancias, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el juicio de amparo 805/2019-IV-A, para que a su vez la remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO Respecto del traslado reclamado cobra relevancia que los quejosos no designaron dentro de las autoridades responsables a ninguna de índole judicial. Sobre ese punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 137/2015, determinó que si una orden de traslado se ejecuta sin intervención de alguna autoridad judicial, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, debe considerarse como un acto fuera de procedimiento. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, página 247, registro 2010596, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado." Ahora, se impone traer a contexto los numerales 15, párrafos primero y segundo, y 126, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." En esa tesitura, el citado acto reclamado carece de alguna intervención de autoridad judicial, por ende, se trata de actos fuera de procedimiento, por tanto, se torna procedente decretar la suspensión de plano. En consecuencia, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN "BARRIENTOS" (LUGAR EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LOS QUEJOSOS) A OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN, para el único efecto de que los quejosos no sean trasladados y se garantice su integridad en el lugar donde se encuentran recluidos. Apoya lo expuesto la tesis aislada VII.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes 11 de marzo de 2016, Materia Común, registro 2011274, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." Esta suspensión no surtirá efecto alguno si el traslado reclamado OBEDECE AL RIESGO EN LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS, DE LOS QUEJOSOS O POR URGENCIA MÉDICA. Es aplicable la tesis 89, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 536, Tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "SUSPENSIÓN. CUANDO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE LA. Si bien la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que se decretará la suspensión del acto recamado siempre que no se contravengan disposiciones de orden público, ello se refiere a intereses de tal manera importantes que con la concesión de la medida cautelar se pueda causar daño a la colectividad y no sólo a los intereses particulares." Lo anterior es así, ya que el acto combatido se encuentra en las hipótesis previstas en el artículo 126 de la ley de la materia antes transcrito. En la inteligencia que las autoridades responsables deberán rendir informe dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada; mismo que podrá ser remitido vía correo electrónico (maria.licona.valentin@correo.cjf.gob.mx) o por fax; en la inteligencia que si lo envía por correo electrónico o fax, deberá comunicarse al número telefónico 0155-53-22-17-00 extensión 1307 y para confirmar 1327. Apercibidas que de incumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá a la omisa multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se ordena notificar las determinaciones de este juicio de amparo en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a Jorge Andrés Mancilla Montellano, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las demás personas señaladas por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. AUTORIZACIÓN PARA USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS. Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a las personas señaladas por los quejosos, para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtengan la reproducción digital de las constancias que obran en el expediente, y hagan uso de ellas en una forma más ágil, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional, en la inteligencia que su reproducción deberá estar supeditada a la supervisión de los servidores públicos adscritos a la Actuaría de este juzgado. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a Raúl Alfredo Hernández Reyes, sin perjuicio de que posteriormente los solicitantes de amparo lo substituyan por otro. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO* CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del ***

  3. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA. IV. En veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta con el escrito de demanda con número de correspondencia 14190, firmado por Raúl Alfredo Hernández Reyes, Jesús Flores Pérez, Daniel Pérez Muñoz, Ulices Rodríguez Palacios, Germán Everardo Santiago Elizalde, Ángel Ismael Rendón Acuña y Eduardo Valtierra Cabrera; así como con la certificación secretarial que antecede. Conste.Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo presentada por ****contra actos del Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos" y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 18 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 805/2019-IV-A. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes, reclaman:****COMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja.*** Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran internos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y, dado que el acto reclamado tiene ejecución material, es evidente que el traslado que por esta vía combaten tratará de ejecutarse en el lugar en el que se encuentran internos, esto es, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, lugar en donde se encuentra dicho centro de reclusión. Entonces, conforme a la precitada regla, prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito donde trate de ejecutarse, el acto reclamado, quien debe conocer de la demanda de garantías promovida por Raúl Alfredo Hernández Reyes, Jesús Flores Pérez, Daniel Pérez ***En tales circunstancias, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el juicio de amparo 805/2019-IV-A, para que a su vez la remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO Respecto del traslado reclamado cobra relevancia que los quejosos no designaron dentro de las autoridades responsables a ninguna de índole judicial. Sobre ese punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 137/2015, determinó que si una orden de traslado se ejecuta sin intervención de alguna autoridad judicial, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, debe considerarse como un acto fuera de procedimiento. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, página 247, registro 2010596, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado." Ahora, se impone traer a contexto los numerales 15, párrafos primero y segundo, y 126, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." En esa tesitura, el citado acto reclamado carece de alguna intervención de autoridad judicial, por ende, se trata de actos fuera de procedimiento, por tanto, se torna procedente decretar la suspensión de plano. En consecuencia, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN "BARRIENTOS" (LUGAR EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LOS QUEJOSOS) A OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN, para el único efecto de que los quejosos no sean trasladados y se garantice su integridad en el lugar donde se encuentran recluidos. Apoya lo expuesto la tesis aislada VII.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes 11 de marzo de 2016, Materia Común, registro 2011274, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." Esta suspensión no surtirá efecto alguno si el traslado reclamado OBEDECE AL RIESGO EN LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS, DE LOS QUEJOSOS O POR URGENCIA MÉDICA. Es aplicable la tesis 89, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 536, Tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "SUSPENSIÓN. CUANDO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE LA. Si bien la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que se decretará la suspensión del acto recamado siempre que no se contravengan disposiciones de orden público, ello se refiere a intereses de tal manera importantes que con la concesión de la medida cautelar se pueda causar daño a la colectividad y no sólo a los intereses particulares." Lo anterior es así, ya que el acto combatido se encuentra en las hipótesis previstas en el artículo 126 de la ley de la materia antes transcrito. En la inteligencia que las autoridades responsables deberán rendir informe dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada; mismo que podrá ser remitido vía correo electrónico (maria.licona.valentin@correo.cjf.gob.mx) o por fax; en la inteligencia que si lo envía por correo electrónico o fax, deberá comunicarse al número telefónico 0155-53-22-17-00 extensión 1307 y para confirmar 1327. Apercibidas que de incumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá a la omisa multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se ordena notificar las determinaciones de este juicio de amparo en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a Jorge Andrés Mancilla Montellano, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las demás personas señaladas por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. AUTORIZACIÓN PARA USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS. Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a las personas señaladas por los quejosos, para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtengan la reproducción digital de las constancias que obran en el expediente, y hagan uso de ellas en una forma más ágil, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional, en la inteligencia que su reproducción deberá estar supeditada a la supervisión de los servidores públicos adscritos a la Actuaría de este juzgado. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a Raúl Alfredo Hernández Reyes, sin perjuicio de que posteriormente los solicitantes de amparo lo substituyan por otro. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO* CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del ***

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