Raúl Alfonso Vargas Ferrer
Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Raúl Alfonso Vargas Ferrer
Actuaciones
- Principal
QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente. Así mismo se le requiere a la parte quejosa 'para la devolución de documentos
- Principal
Se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, así como los subsecuentes por medio de lista, la cual se fija en los estrados de este juzgado federal; lo anterior, hasta en tanto señale señale domicilio certero para oír y recibir notificaciones. En virtud de lo anterior se notifica por lista auto en mención, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por---, contra actos que reclama del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Federación y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Ahora bien, previo a realizar mayor pronunciamiento al respecto, es menester precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "1.- La omisión de la emisión del permiso para el consumo personal de Cannabis, identificado dentro de la Ley General de Salud como Tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros. --y sus variantes estereoquímicas. 2.- El estado de indefensión en que las autoridades dejan al suscrito ante la omisión antes señalada en el acto reclamado con numeral 1.-." (SIC) Asimismo, del escrito de cuenta, se desprende que el quejoso en su capítulo de hechos manifestó lo siguiente: "con fecha 15 de mayo de 2022 el suscrito vía internet solicitó una cita para la emisión del permiso para el consumo personal de Cannabis, identificado dentro de la Ley General de Salud como Tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros. --y sus variantes estereoquímicas. Dicha fecha me fue proporcionada hasta el día 18 de mayo del 2022 a las 13:30 horas, sin embargo, al no saber la dirección exacta para emitir mi solicitud y solo encontrando la ubicada en ---misma dirección a la que el suscrito se dirigió para la emisión del permiso, el suscrito acudió a dichas instalaciones el día 16 de mayo del 2022 siendo informado de que: En dicho lugar no emitían el permiso que solo lo mandaban a la Ciudad de México para su afirmativa o negativa, lo cual deja al suscrito en un estado de indefensión." Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1 , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2 . Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la 1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) 2Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, al tratarse de una cuestión de orden público, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, segunda parte-1, julio a diciembre de 1988, la tercera del 145-150, sexta parte y la cuarta del tomo 43, séptima parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, octava y séptima épocas, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En efecto, la parte quejosa refiere como acto reclamado la omisión de las responsables de emitir el permiso para el consumo personal de Cannabis; sin embargo, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo, en este caso, no existe una omisión por parte de las autoridades responsables, pues como lo menciona, la autoridad a la que dirigió su petición, señaló las trece horas con treinta minutos del día dieciocho de mayo de dos mil veintidós a fin de ser atendido a su petición, sin embargo, en dieciséis de los corrientes acudió a las instalaciones de la autoridad ubicada en----, esto es, antes de la data que le fue asignada para ser atendido y misma data en que presentó su demanda de amparo. Además, como lo refiere, el escrito por el cual solicitó el permiso para el consumo personal de Cannabis, fue recibido por la autoridad local el dieciséis de los corrientes para ser remitido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien es la autoridad encargada de responder afirmativamente y/o negativamente a su solicitud. En tales condiciones, es evidente que no existe ningún acto de autoridad, puesto que no acredita que se le haya dado contestación en forma negativa a su petición, pues en primer término, se presentó en una data anterior a la señalada para ser atendido (dieciocho de mayo de dos mil veintidós), siendo así que al momento de la presentación de la demanda (dieciséis de mayo del presente año) aún no había transcurrido la data señalada por la autoridad responsable a fin de ser tratado respecto a su petición; por lo cual se insiste, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo, pues no acredita que en efecto, la autoridad responsable haya contestado en sentido negativo a su petición. Además, como se dijo anteriormente, del acuse de recibo presentado se desprende que el mismo fue recibido el dieciséis de mayo de la presente anualidad, esto es, misma data en que fue presentada la presente demanda de amparo; por lo cual es evidente en que no existe ningún acto de autoridad, puesto que aún no se le ha dado ninguna respuesta a su petición. Por todo lo anterior, es al no existir una omisión por parte de las autoridades responsables; y, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ? Domicilio procesal. Por otra parte, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que señala en su escrito de cuenta. ? Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos para que en su caso realicen las notificaciones inclusive en días y horas inhábiles. ? Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. ? Tramitación de juicio en línea. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas necesarias para la tramitación del presente sumario, en atención al fenómeno social de salud pública denominado COVID-19, continúen con la tramitación del presente sumario constitucional mediante el esquema de "Juicio en línea"; por lo que, en caso de optar por este medio las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuarán por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo.
- Principal
el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo
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