RAUL ALFONSO MEZA MARTINEZ y Otros.
Expediente 3327/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3327/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/01/2018
Partes del expediente
- RAUL ALFONSO MEZA MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Causa ejecutoria sentencia dictada el diez de enero del año en curso Archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
1 Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 3327/2017 promovido por los quejosos, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, y otras autoridades; y 2 Resultando 1. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Federal, los quejosos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, todos del Estado de Jalisco, de quienes reclamó: "4. ACTO RECLAMADO.- Del H. Congreso del Estado de Jalisco y del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, la aprobación y promulgación del artículo 17, fracción I primera, inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017 DOS MIL DIECISIETE y de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco el cobro con fundamento en dicho artículo mediante el recibo oficial número A35585088". -Foja 2 vuelta del juicio de amparo- 2. El quince de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo y se registró con el número 3327/2017, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento. 3. Finalmente, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que se celebró el día de hoy en términos del acta que antecede. 3 Considerando 1. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclaman actos de autoridades que se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, además, se reclama una norma general cuya aplicación tuvo lugar en esta entidad federativa. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de garantías. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en tesis número P.VI/2004, número de registro 181810, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, la lectura integral de la demanda revela como actos reclamados: La expedición y promulgación del artículo 17, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2017. Actos que atribuyen en el respectivo ámbito de sus competencias al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco. El cobro aplicado mediante recibo oficial A35585088. Acto reprochado a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 3. Sigue verificar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos de la propia fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia XVII.2º. J/10, con número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rótulo "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". No es cierto el acto atribuido a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, pues así lo expresó al rendir informe justificado (fojas 60 a 65), como se explicará a continuación. En autos obra copia certificada del recibo oficial A35585088 de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 7), la cual merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido expedida por un fedatario en ejercicio de sus atribuciones, cuyo contenido revela las erogaciones por los derechos de registro del testimonio cincuenta y tres mil cuarenta y cuatro, en particular, los conceptos: "REG. ACTOS, CONT. O RESOL. JUDIC. INCLUIDO FIDEICOM. O HIPOT. ESCR. C/V LOTE" y "ANOT. CONSECUENCIA DEL REGISTRO DE ACTOS CONT. CANC. Y RESOL. JUDIC". Luego, aun y cuando de la documental mencionada se advierta que la recepción del pago fue por parte de la Oficina Recaudadora número 125 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; es inconcuso que tal autoridad no intervino en la aplicación de la norma combatida. Se afirma lo anterior, pues en todo caso fue la propia quejosa quien se autoaplicó la porción normativa al pagar el derecho correspondiente a ese servicio, tomando en cuenta que no se efectuó gestión de cobro alguna. Además, aun cuando el cálculo relativo a la cantidad a pagar no fue realizado por la peticionaria de amparo, sino por la autoridad estatal, dicha circunstancia no obedece a una orden emitida por ésta, pues dependió de la actitud de la contribuyente al enterar el pago relativo. De manera que, el hecho de que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no se trata de una conducta que busque propiciar el acto de aplicación, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite, ante la voluntad manifestada externamente por el particular que acude espontáneamente a las oficinas correspondientes a enterar tales derechos. Se cita la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 171860, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO"; así como la tesis aislada 2a. XCII/2002, de la Instancia aludida, con registro 186368, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS". Por lo tanto, ante la falta de demostración de los actos reclamados a la autoridad mencionada en este apartado, se SOBRESEE en el juicio, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. 4. En cambio son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, realizados con base en las atribuciones que cada uno de ellos tiene encomendadas en el proceso legislativo del ordenamiento reclamado, esa convicción de certeza plena deriva del carácter público que adquieren las normas luego de que son publicadas en los medios oficiales previstos por el Estado, lo que hace obligatorio su conocimiento y cumplimiento (esa es la finalidad del acto de su publicación). Entonces, basta que los actos legislativos reclamados se hayan publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", para tenerlos por ciertos. Es aplicable la tesis 2a./J. 65/2000, con número de registro 191452, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Además, existe el reconocimiento pleno de los actos reclamados pronunciado por las autoridades legislativas al rendir su informe con justificación. Se cita la tesis 278, con número de registro 917812, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". 5. No cabe análisis al fondo de la cuestión planteada, pues se actualiza una causal de improcedencia cuyo examen es oficioso por ser de orden público, tal y como lo ordena la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos legales reseñados, se desprende la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, se regulan dos supuestos: El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio, y puede reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada, y puede reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al del acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Asimismo, el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. En particular, en tratándose de normas generales, se entenderán consentidas éstas cuando siendo impugnables en amparo desde el inicio de su vigencia, no se hubiera promovido dicho medio de impugnación constitucional tampoco contra el primer acto de aplicación. De tal manera que, en todo caso, el consentimiento del acto de aplicación de una norma general conlleva el de ésta, pues desde ese momento se actualizan las hipótesis normativas respectivas. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". (Época: Novena Época. Registro: 165582. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010. Materia(s): Común. Tesis: XXI.2o.P.A. J/32. Página: 1931). De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". (Época: Novena Época. Registro: 163172. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 115/2010. Página: 5). En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen en tres supuestos: I. En la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado. II. En la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo). III. En la actuación de un particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución. Al respecto sirve de apoyo las jurisprudencias: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes". (Época: Novena Época. Registro: 197666. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 67/97. Página: 84). "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respeto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares". (Época: Séptima Época. Registro: 232151. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Primera Parte. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: Página: 169). Por tanto, en tratándose de normas generales en materia tributaria, debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas, el pago realizado por los particulares, al tratarse de la obligación fiscal principal a su cargo, lo que implica la actualización del mecanismo tributario previsto en aquéllas. Ahora bien, por esta vía se reclama la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2017, específicamente, el artículo 17, fracción I, inciso a), que prevé el pago del derecho por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil; lo anterior, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el pago consignado en el recibo fiscal A 35585088. Ahora bien, los impetrantes allegaron al presente juicio de amparo copia certificada del aludido recibo fiscal, el cual, tiene valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de un documento certificado por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Con lo anterior es posible establecer que el acto de aplicación del derecho por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, se realizó el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; entonces, si la fecha de pago del tributo en comento constituye su primer acto de aplicación, el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a contar a partir del día siguiente hábil (diecisiete de octubre de dos mil diecisiete) y concluyó el nueve de noviembre de ese mismo año. En esos términos, si la demanda fue promovida el trece de noviembre de dos mil diecisiete, es inconcuso que se hizo fuera del plazo previsto por la ley. En suma, la demanda de amparo es extemporánea respecto de la norma atacada por los quejosos, ya que su acto de aplicación fue combatido fuera del plazo que establece la ley. Consecuentemente, respecto de la norma reclamada, así como su respectivo acto de ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo conducente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la referida legislación. Al respecto, son aplicables las jurisprudencias: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". (Época: Séptima Época. Registro: 389674. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo I, Parte SCJN. Materia(s): Constitucional. Tesis: 221. Página: 210). "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". (Época: Novena Época. Registro: 191311. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 71/2000. Página: 235). En razón de lo anterior, considerando que se ha decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la totalidad de los actos reclamados, no es jurídicamente factible abordar el examen de los conceptos de violación expresados por los quejosos, pues una vez actualizada dicha figura, no es viable llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. (4) Punto resolutivo Por lo expuesto y fundado se resuelve: 1. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por los quejosos.
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