Raúl Alberto Nova Solís

Expediente 983/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
983/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Raúl Alberto Nova Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la comunicación suscrita por el secretario de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, mediante la cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ********* contra actos de la siguiente autoridad ******************************************** 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES******************************************** Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo ***********. DESECHAMIENTO ******************************************** El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XVI, julio de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, página 448, que establece: ********************** DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.******************************************** En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado: ACTO RECLAMADO: La omisión de dictar laudo laboral en el juicio número ********* En el caso, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ******************************************** La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. ********************** Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen ejecución irreparable los actos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. ******************************************** En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis *******, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: ******************************************** De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y para ser calificados como irreparables deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. ******************************************** Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general es notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que por regla general- la actual no afecta materialmente derechos sustantivos; excepción hecha de los asuntos en que el contenido de la demanda se advierta una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio. ******************************************** En ese contexto, del ocurso de cuenta se advierte que el solicitante de amparo se duele de la dilación en el juicio laboral de origen, dado que el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete se cerró la instrucción en el juicio de referencia, sin que a la fecha se haya dictado el laudo en el supracitado juicio laboral.******************************************** Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la dilación procesal dentro del expediente ********** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, que en esencia se traduce en que, no obstante que desde el dieciocho de agosto del año en curso se cerró la instrucción, no se ha emitido el laudo correspondiente omisión que no constituye para el peticionario de amparo una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En efecto, debido a que con esa dilación procesal no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, máxime a que nada practico conduciría la admisión de la demanda de amparo, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el juicio de origen; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior, considerando que la omisión reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, en atención a que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el propio juicio natural; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ******************************************** Así, la omisión reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. ********************** Además, se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación procesal o que el procedimiento se encuentre totalmente paralizado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. ********************** Lo anterior es así, porque los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: ********************** Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo ********************** El numeral antes transcrito establece que la autoridad de trabajo tiene un término de diez días, contados a partir del cierre de la instrucción, para elaborar por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Por su parte, el numeral 886 de la citada ley, previene: Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Es decir, el dispositivo invocado fija un plazo de cinco días hábiles a los miembros de las Juntas, contados a partir del siguiente al en que se les haya entregado la copia del proyecto del laudo, a fin de solicitar que se practiquen diligencias para mejor proveer, mismas que deberán desahogarse en un período de ocho días. ******************************************** El diverso precepto 887 de la ley en consulta, establece: Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. El precepto reproducido fija un término de diez días, para la discusión y aprobación del proyecto del laudo, mismo que empezará a correr a la conclusión del plazo fijado para el desahogo de las diligencias a que se refiere el artículo anterior. ******************************************** En tales condiciones, si bien del contenido de la demanda de cuenta se desprende que con fecha dieciocho de agosto del año en curso se cerró la instrucción en el juicio laboral de origen, es inconcuso que a la fecha en que se presentó el escrito de solicitud de amparo, a saber, siete de septiembre del actual, aún no transcurren los plazos previstos en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. ******************************************** De ahí que, a nada práctico conduciría la admisión de la demanda de amparo pues del contenido del ocurso de cuenta se advierte que a la fecha todavía no pasa el término que señalan los numerales indicados en el párrafo que antecede. No se soslaya que la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral, es un acto de imposible reparación, en atención a la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro LAUDO LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO (2a./J.8/2004, S.J.F. y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, página 226, Registro 182160); sin embargo, se reitera, en el caso que nos ocupa no ha transcurrido el plazo que establecen los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para el dictado de la resolución y así estar en posibilidad de instar el juicio de amparo, tal como quedó analizado en párrafos precedentes. ******************************************** De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en la materia. ********************** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS ******************************************** Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en esta ciudad, y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a que no cuentan con sus respectivas cédulas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve este juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES ********************** PARA EL ACTUARIO ******************************************** En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.********************** TRANSPARENCIA Y ACCESO ******************************************** A LA INFORMACIÓN ******************************************** Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. ******************************************** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. ********************************************* NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA .********************** Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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