Raul Aguilar Serrano

Expediente 233/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
233/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Raul Aguilar Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, once de abril de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el acuerdo de trece de marzo del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa allego documentos al presente juicio de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado en sentido contrario y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio son de los catalogados como no originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso ******, el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, que a la letra dice: Irapuato, Guanajuato, trece de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos que reclama del Juzgado de Oralidad Familiar con sede en Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 233/20231. SEPARACIÓN DE AUTOS PREVENCIÓN Del análisis íntegro del escrito de demanda puede advertirse que los actos reclamados emanan de juicios distintos, pues corresponden a los siguientes: 1) El descuento del salario del quejoso, por concepto de pensión alimenticia, derivado del juicio familiar F575/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato, que considera indebido en virtud de la baja de dicho expediente. 2) El descuento del salario del quejoso, por concepto de pensión alimenticia, derivado del juicio familiar F524/2019 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato, así como la falta de emplazamiento a dicho procedimiento y todo lo actuado en éste. Así, se colige que los actos reclamados no guardan vinculación entre sí, pues derivan de juicios y/o procedimientos distintos; de ahí que, a consideración de este juzgado, se deban separar para ser estudiados de manera autónoma. En efecto, la separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda, pero siempre antes de la celebración de la audiencia constitucional; la cual, tiene por objeto en gran medida, que se logre una tramitación en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 76/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197671, publicada en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por tanto, si en el asunto que nos ocupa, los actos emanan de juicios o procedimientos diversos, es por lo que resulta necesario, separar los actos reclamados para ser considerados de manera autónoma, pues no se aprecia que tengan relación entre sí. En consecuencia, toda vez que se dan los extremos para separar los actos derivados de esta demanda constitucional, de conformidad en lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, sepárense los actos reclamados en el presente juicio de amparo, por tratarse de actos que no guardan relación entre sí, para que se conozca de ellos, en diversos sumarios. Así, resulta pertinente precisar que este órgano jurisdiccional se avocará única y exclusivamente por lo que ve al acto reclamado siguiente: 1) El descuento del salario del quejoso, por concepto de pensión alimenticia, derivado del juicio familiar F575/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato, que considera indebido en virtud de la baja de dicho expediente. Por consiguiente, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, copia certificada del presente asunto, para que, por separado, el juzgado que por razón de turno corresponda, se avoque al conocimiento del diverso acto reclamado consistente en: 2) El descuento del salario del quejoso, por concepto de pensión alimenticia, derivado del juicio familiar F524/2019 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato, así como la falta de emplazamiento a dicho procedimiento y todo lo actuado en éste. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y fórmese el respectivo testimonio para ser enviado. REQUERIMIENTO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN En virtud de la separación de autos decretada en este acuerdo, solicítese a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, que de no existir impedimento legal alguno, lleve a cabo la supresión en la demanda de amparo registrada ante esa oficina bajo el folio electrónico 4712372, de los antecedentes que fueron registrados en la papeleta de turno, correspondiente al expediente 524/2019, Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato, que antecede; ello, toda vez que los actos por los que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, no derivan ni guardan relación con alguno del mencionado juicio. Esto, a fin de que se ordene el turno correspondiente de la referida demanda y se distribuyan adecuadamente las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales que residen en esta ciudad, considerando que tales antecedentes no están vinculados con los actos por los que este juzgado se avocó a su estudio. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. En ese orden, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 2 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, en razón de que se considera extemporáneo el juicio constitucional intentado contra el acto consistente en: 1) El descuento del salario del quejoso, por concepto de pensión alimenticia, derivado del juicio familiar F575/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato, que considera indebido en virtud de la baja de dicho expediente. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se advierte que el juicio de amparo debe considerarse improcedente si se advierte que el acto reclamado fue consentido de manera tácita por el quejoso; esto es, se entenderá consentido tácitamente un acto cuando no se impugne dentro del plazo de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, por lo que el juicio de amparo promovido en su contra será improcedente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo resaltado es propio) Así es, del último de los preceptos legales invocados se desprende que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; oc) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma genérica establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que se advierta en autos la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el descuento del salario del quejoso, por concepto de pensión alimenticia, derivado del juicio familiar F575/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato, que considera indebido en virtud de la baja de dicho expediente. Luego, de los antecedentes narrados en su escrito de demanda se desprende que tuvo conocimiento de dicho acto reclamado desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, cuando acudió al Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca Guanajuato y le comentaron que en el juicio F575/2018, desde el dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veintidós le habían realizado descuento de manera ilegal puesto que dicho juicio se dio de baja desde dos mil dieciocho. Por tanto, de la propia narrativa de sus antecedentes en su demanda, se advierte que: - Desde el año dos mil dieciocho se le empezó a realizar descuentos en su centro de trabajo y en el departamento de recursos humanos le manifestaron que se trataba de un descuento por concepto de pensión alimenticia a favor de ******* y del menor ****, que la autoridad que ordenaba dicho descuento era el Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato, bajo el número de expediente F-575/2018; - El trece de octubre de dos mil veintidós, en compañía de un abogado, acudió a la instalaciones del Juzgado Familiar del partido judicial de Salamanca, Guanajuato, con la finalidad de saber el estado procesal del expediente F-575/2018, manifestándole que el expediente se encontraba en el archivo por tal motivo no se le podía prestar; - El siete de noviembre de dos mil veintidós, acudió nuevamente a las instalaciones del Juzgado Familiar, donde le comentaron que le podían presentar el expediente ya que en el juicio F575/2018 no se encontraba emplazado y le solicitaron que promoviera para solicitar la cancelación de la medida que fue decretada, realizando dicha solicitud el catorce de noviembre de ese año; - El diecisiete de noviembre nuevamente acudió a las instalaciones del Juzgado Familiar para revisar cuál era el acuerdo que recaía sobre lo que se solicitó, comentándole que el juzgado giraría exhorto mediante correo certificado para que se realizara la cancelación, que solo tenía que esperar el trámite administrativo, ya que de ese juicio desde el dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veintidós, le habían realizado descuento de manera ilegal puesto que dicho juicio se dio de baja. Manifestaciones que merecen valor pleno como confesión3 , en términos del artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las que se desprende que desde el dos mil dieciocho, el quejoso conoció el motivo de descuento de su salario así como el juicio del que se originó - F575/2018-, además, que el catorce de noviembre ingresó una solicitud para saber el estado del juicio y el diecisiete de noviembre siguiente le comentaron que el juzgado giraría exhorto mediante correo certificado para que se realizara la cancelación, que solo tenía que esperar el trámite administrativo, ya que de ese juicio desde el dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veintidós, le habían realizado descuento de manera ilegal puesto que dicho juicio se dio de baja. De lo que se advierte que, al menos, desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto que reclama y por ende, estuvo en aptitud de acudir al juicio de amparo, por lo que es la fecha que debe tomarse como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, el cual, comenzó a correr a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, luego el plazo para acudir al amparo transcurrió del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós al nueve de diciembre de dos mil veintidós4 , lo cual torna indudable que el presente juicio de amparo es extemporáneo, debido a que la demanda se presentó hasta el ocho de marzo del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad. Así, es evidente que el acto reclamado fue consentido, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda había transcurrido el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso promoviera oportunamente el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193- 198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A las personas ***** y ********, se les tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en términos restringidos del mismo artículo a *******, conforme la certificación de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a. VIII/2020 (10a.), cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO."5 INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte quejosa proporcionó una dirección de correo electrónico en la etiqueta con la que se presentó el escrito de demanda, los cuales constituyen formas especiales y expeditas de contacto, por lo que serán consideradas para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Sin perjuicio de lo anterior, se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, der ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: 1. La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. 2. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. 3. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

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