Raúl Aguilar González

Expediente 61/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
61/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Raúl Aguilar González

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 61/2023-IX.. Puebla, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 61/2023-I. Puebla, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo signada por, contra actos de la Jueza de Distrito en su carácter de Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Abogada Guadalupe Juárez Martínez). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Como el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena su digitalización e incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se observa que la demanda presentada por Raúl Aguilar González, queda subsumido en la hipótesis normativa prevista por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, el desechamiento de plano. Para demostrarlo, es necesario destacar lo señalado en la demanda como acto reclamado De lo anterior, se advierte que la parte quejosa también se duele de que la autoridad responsable no mencionó que aperturaba el procedimiento abreviado, una vez que las partes le manifestaron que existían las condiciones para ello, sino que procedió a realizar diversas preguntas. Como se observa, el quejoso se duele por un lado de la negativa expuesta en la audiencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por parte de la jueza de distrito, en su calidad de jueza de control, de aperturar el procedimiento abreviado en la causa penal, del índice del Centro de Justicia Penal Federal; y por otro, de que esa misma autoridad luego de preguntar a las partes si existían condiciones para desahogar la audiencia y al responderle todas ellas que sí, no mencionó de viva voz que aperturaba el procedimiento abreviado, sino por el contrario, procedió a hacer preguntas al Ministerio Público en torno a las penas. Lo anterior, permite visualizar desde este momento una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular, la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la omisión de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario, por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que el quejoso no combatió el acto reclamado -consistente en la negativa de aperturar el procedimiento abreaviado- a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;". Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 467, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para aquellas resoluciones dictadas por los jueces de control que nieguen la apertura del procedimiento abreviado. Del precepto legal transcrito se desprende que la resolución combatida -de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós- en la cual se negó al quejoso, la apertura del procedimiento abreviado, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de apelación. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el recurso ordinario de apelación previsto en el artículo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la resolución que negó la apertura del procedimiento abreviado. Sobre todo porque el mencionado recurso de apelación, está previsto para el quejoso por tener el carácter de imputado, y puede hacerlo valer contra la jueza responsable. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de apelación ante la jueza de control que señaló como responsable, con el propósito de lograr la revocación o modificación de la referida resolución. Aunado a ello, por cuanto hace al reclamo consistente en que la autoridad responsable no aperturó el procedimiento abreviado, una vez que las partes le manifestaron que existían las condiciones para ello, sino que en su lugar, procedió a realizar diversas preguntas al agente del Ministerio Público; también permite visualizar la causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular, la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo; misma que quedó explicada en párrafos precedentes. Lo anterior, porque el quejoso se duele de un acto saneable durante la audiencia llevada a cabo, esto, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece: De la anterior transcripción se desprende que, el quejoso al advertir la inobservancia de una formalidad prevista en el Código de Procedimientos en mención, estaba en aptitud de hacerlo del conocimiento a la autoridad responsable, para que ésta a su vez, lo corrigiera, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Pese a ello, de la demanda de amparo promovida por el quejoso no se advierte que éste haya procedido de esa forma, sino que, en su lugar promovió el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de sanear dicha cuestión ante la misma jueza de control responsable, conforme lo dispone el código de procedimientos que regula la materia. Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer por una parte el recurso de apelación; y por otra, solicitar el saneamiento de la segunda cuestión planteada (aperturar el procedimiento antes de realizar preguntas al agente del Ministerio Público) contra la jueza de control responsable. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Se hace notar que la desatención del quejoso, a la impugnación ordinaria del acto combatido en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la resolución que negó la apertura del procedimiento abreviado, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquél debió agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque los actos principales que pretende reclamar actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis1 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio, usuario para acceso electrónico y notificación por ese medio. Luego, como lo solicita el quejoso, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a los usuarios "SCesar" y "JazminDR" lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). En relación a la solicitud para poder acceder y ser notificado por medio del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 355 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, es necesario precisar que únicamente se autoriza como usuario para oír y recibir notificaciones, el primero de los mencionados, esto es, "SCesar"; pues, de lo contrario se produciría una duplicidad de notificaciones respecto de una misma actuación procesal, lo cual pudiera incidir en una falta de certeza jurídica en perjuicio del quejoso. No obstante, quedan a salvo sus derechos en caso de que desee señalar un usuario en particular. En ese sentido, no se tendrá para recibir notificaciones el diverso domicilio físico que señaló en la demanda, pues solicitó en forma expresa la notificación a través de los nombres de usuario proporcionados. Asimismo, es menester tener únicamente autorizada la notificación electrónica, porque constituye un medio eficaz para ese efecto, y a fin de evitar duplicidad de notificaciones, lo que generaría inseguridad jurídica. Por ello, se insiste, en que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a travé del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Asimismo, se tiene autorizadas en términos amplios a Selene César Cabrera y Jazmin Díaz Romero, porque así lo solicitó el quejoso, además, tienen registrada su cédula profesional ante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Mientras que la diversa persona nombrada en la demanda, solo queda autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, pues así lo solicitó el quejoso en forma expresa. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; en forma electrónica al quejoso, a través del usuario autorizado para tal efecto; y cúmplase

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