Raudel Huízar Pérez

Expediente 1368/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1368/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Raudel Huízar Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de las constancias exhibidas en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las constancias que se exhibieron en este asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obra la notificación electrónica a la parte quejos del proveído de veinticuatro de octubre del presente año; en tal virtud, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se instruye nuevamente al actuario adscrito a este juzgado, para que realice la notificación del referido proveído, mediante el usuario proporcionado por la parte quejosa. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa. EN CUMPLIMIENTO A LA ANTERIOR DE DETERMINACIÓN, SE NOTIFICA VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, LA DIVERSA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio 12219/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual remite el escrito original con certificación de la demanda de amparo que suscribe Raudel Huizar Pérez, por propio derecho; el oficio 1237/2022 relativo al informe justificado rendido por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y los diversos 1258/2022, 1259/2022 y 1260/2022 correspondiente a los informes justificados de los Actuarios adscritos a dicha Sala; la constancia de emplazamiento del tercero interesado Demencio Pérez Peña; así como el expediente 1395/2021 y el toca 228/2022 unidos en un solo cuaderno, de la estadística de las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, en atención a que el citado Tribunal Colegiado, determinó mediante resolución de diez de junio de dos mil veintidós, carecer de competencia legal para conocer del referido juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado no es una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio ni lo da por concluido; ordenando además la remisión de la demanda de amparo de que se trata, al Juez de Distrito en el Estado en turno, a fin de que se avocara al conocimiento del aludido juicio de control constitucional; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 107, 108, 117 y relativos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del mismo. En ese sentido, vista la demanda promovida por RAUDEL HUÍZAR PÉREZ, contra actos de la CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO y otras autoridades; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1368/2022-II. En el caso, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: El seis de enero de dos mil veintidós, el Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, dentro del juicio extraordinario civil 1395/2021, dictó un auto en el que no admitió las pruebas documental pública quinta en vía de informe, prueba pericial e inspección judicial, ofrecidas en el escrito de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. El seis de mayo del presente año, los Magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del toca 228/2022, confirmaron el auto del Juez de Primera Instancia, que fue motivo del recurso de apelación interpuesto por el actor y aquí quejoso. Esto es, el acto reclamado se hace consistir en el auto que confirma el desechamiento de las referidas pruebas. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por estos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado se hace consistir en la determinación emitida por los Magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual confirman el auto del Juez de Primera Instancia, por medio de la cual desechó las pruebas ofertadas dentro del expediente 1395/2021 de su índice. Por tanto, se estima que la determinación reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en la correcta o incorrecta admisión, desechamiento y/o desahogo de pruebas dentro del aludido asunto. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, en donde se apreciará la forma y grado en que se valoró el citado medio de prueba ofrecido; cuestión que, contrario a lo manifestado por la impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe a la correcta o incorrecta admisión, desechamiento y/o desahogo de pruebas dentro del juicio natural; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de los bienes y derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la allá parte demandada. Así, en todo caso, los vicios que pudieran haber acontecido con la emisión del acto reclamado, pueden derivar de una violación a las leyes que norman el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo; porción normativa que en lo conducente señala: 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. Asimismo, se cita al respecto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, de abril de 1994, Octava Época, con registro digital 205484, que dispone: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por RAUDEL HUÍZAR PÉREZ, contra actos de la CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO y otras autoridades. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio por el primer usuario que proporciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veinticuatro de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 12219/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompañó diversos anexos. Ahora bien, dentro de esos anexos obra el expediente 1395/2021 y el toca 228/2022 unidos en un solo cuaderno. En ese sentido, de conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo aludido y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Notifíquese.

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