Raquel Verónica Arriaga Cuevas
Expediente 96/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- Raquel Verónica Arriaga Cuevas
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA *** EL PROVEIDO DE DOS DE LOS CURSANTES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve ****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 96/2021-II-D. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste esencialmente en: La omisión del ejercicio de la acción penal en contra de ****, por el delito de Desobediencia, contemplado en el artículo 117 del Código Penal del Estado de México. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dispositivo antes mencionado, impone la obligación al suscrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, sobre la base de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen... En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el artículo 150, fracción XIV del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, vigente en el momento en que se dio trámite a la carpeta de investigación ***, estatuye: "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: (.) XIV. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". De los artículos anteriores se advierte lo siguiente: - El numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. - Que también el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que la quejosa debió impugnar las abstenciones y negligencias en las que aduce ha incurrido el Agente del Ministerio Público responsable, en la investigación de los hechos denunciados, ante la autoridad judicial correspondiente; y, sería entonces la resolución de dicha autoridad judicial la que decida en definitiva sobre la conducta atribuida al Fiscal responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. En ese tenor, la posibilidad de impugnar, prevista por la propia Carta Magna, constituye un instrumento de control jurisdiccional, a través del cual, la víctima u ofendido, en el caso, la quejosa, puede combatir las distintas determinaciones en la investigación dictadas por el Ministerio Público, dado que a través del medio de defensa innominado contenido en el referido precepto legal se puede modificar, anular o revocar el acto reclamado. Asimismo, debe decirse que el legislador, al referirse a las determinaciones que pueden ser impugnadas ante el juez de control, se refiere en general a todas las omisiones del ministerio público que tengan por efecto paralizar una investigación derivado de su facultad investigadora . Se afirma lo anterior, debido a que si bien la omisión de investigar atribuida al ministerio público, no se encuentra contemplada literalmente en el numeral referido, dicha conducta se encuentra relacionada con el desempeño de su labor investigadora. En ese sentido, debe estimarse que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto de impugnabilidad, prevista en tanto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como en los derechos de la víctima que contempla el Código de Procedimientos Penales en el Estado de México aplicable, pues en el caso, lo que se combate es la omisión de integrar la carpeta de investigación y de ejercitar acción penal, por consiguiente, se trata de acto omisivo de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Además, de que el referido medio de defensa tiene por finalidad que el juez de control, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a la partes, establezca de manera ágil y eficaz si la omisión atribuida al encargado de la investigación fue legal o no, y en su caso, conminarlo a que lleve la investigación, y practicando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado (omisión de ejercer acción penal) debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, existe un medio ordinario para impugnar las resoluciones u omisiones del ministerio público en la investigación; lo cual lleva implícita la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente el acto que aduce la quejosa por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; es decir, contra los que no proceda medio de defensa ordinario alguno. Por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente, como ya se mencionó. No estimarlo así, contravendría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. En el asunto particular, se debió agotar el recurso que la constitución consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia, previo a la promoción de la instancia constitucional. Así las cosas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia; con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley federal invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías que se analiza DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.
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