Raquel Tovar Arana
Expediente 1344/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2017
Partes del expediente
- Raquel Tovar Arana
- Paula Tovar Arana
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de seis de septiembre dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En ese orden, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil diecisiete. DESAHOGA PREVENCIÓN. Téngase por recibido el ocurso de cuenta del cual se obtiene que la parte quejosa Isabel, Paula, Raquel, Ysabel conocida como Yolanda y María de Jesús, todos de apellidos Tovar Arana, dan cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de agosto pasado. En tal virtud, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito e insubsistente el apercibimiento decretado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, publicada en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, la parte quejosa tilda de inconstitucional lo siguiente: La interlocutoria de uno de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 143/2011 por el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 19, que se aprecia en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Expuesto lo anterior, se procede analizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la misma legislación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Y, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De lo anterior se advierte de manera patente, que como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, debe tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa, son reclamables en juicio constitucional, circunstancia que en el caso acontece, dado que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Al respecto, cabe hacer mención, que la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y, pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, que el espíritu del legislador de amparo es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. En esa tesitura, es evidente que la interlocutoria de uno de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 143/2011 por el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, que recayó al recurso de revocación en contra del auto de tres de julio del año en curso, por medio de la cual la responsable determino no acordar favorable la petición de las hoy quejosas, no constituye el último acto dictado en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende la que declara cumplida la sentencia o bien la imposibilidad para dar cumplimiento o la que ordene su archivo, en este caso la resolución civil que tiene la calidad de cosa juzgada como culminación de un procedimiento en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, y con las formalidades esenciales que lo rigen. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por los preceptos antes transcritos, porque el acto reclamado en ningún modo constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, dado que únicamente se tuvo por conforme a la parte demanda con el avaluó exhibido por la parte contraria, actuación que puede combatir al impugnar la última resolución dictada en el propio procedimiento de ejecución. Dicho en otras palabras, el acto reclamado no aprobó ni reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio civil de origen, menos aún tampoco declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable por analogía la jurisprudencia con número de registro 164639, página 60, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Primera Sala, Tomo XXXI, Mayo de 2010, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Al caso es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 2001, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda promovida por Isabel, Paula, Raquel, Ysabel conocida como Yolanda y María de Jesús, todos de apellidos Tovar Arana; contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, sin que la parte quejosa se encuentre en ninguno de los supuestos de excepción de la regla prevista en razón de que es parte material en el juicio de origen y fue vencida y oída en el mismo. Finalmente, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima a la parte quejosa, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de veintiocho de agosto pasado, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Isabel, Paula, Raquel, Ysabel conocida como Yolanda y María de Jesús, todos de apellidos Tovar Arana, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1344/2017-I. PREVENCIÓN. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir a la parte quejosa por el plazo de cinco días para que por escrito, con las copias necesarias de éste, y entendida de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, para que realice lo siguiente: ÚNICO. Con fundamento en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, deberán señalar con precisión el acto que reclaman en esta vía constitucional; ello en atención a que en el apartado correspondiente a la precisión del mismo, refieren como tal: la interlocutoria de uno de agosto del presente año que recayó al recurso de revocación en contra del auto de tres de julio del año en curso emitido en el juicio ordinario civil 143/2011 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Sin embargo, de contenido de la lectura integra de la demanda no hacen referencia alguna, ni se advierte con claridad el contenido del acuerdo de tres de julio de dos mil diecisiete motivo del recurso de revocación resuelto mediante interlocutoria de uno de agosto de este año materia del presente juicio de amparo. Lo cual es necesario, para establecer de manera precisa y concreta, los actos que pretenden controvertir la parte agraviada y por el cual acuden a instar la presente acción de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Por tanto, deberán hacer una transcripción del auto de tres de julio del año en curso emitido en el expediente 143/2011 o en su caso remitir copia simple del mismo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requerimientos precisados con antelación dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, por así solicitarlo la parte quejosa. AUTORIZADOS. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizadas las personas que refiere solo para oír y recibir notificaciones por así señalarlo la parte agraviada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese en los términos antes precisados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Sabrina Melissa Bernal Rosales que autoriza, firma y da fe.
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