Raquel Solorio Galindo

Expediente 320/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Antonio Rumbo Galeana
  • Raquel Solorio Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense para que obren como corresponda los oficios del Juez, Actuario y Secretario Conciliador, adscritos al Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, mediante los cuales acusan recibo de los oficios mediante los cueles se les informó el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y se devolvieron diversas constancias al juez de origen. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la partes con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por ************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, el cual es destruible dentro de un plazo de tres años de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; y por lo que hace a su duplicado, es susceptible de destrucción en un plazo de seis meses, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De igual manera, se ordena devolver al Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Designación de nuevo titular. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis de septiembre del año en curso. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN En la Ciudad de México, siendo las once horas con veinticinco minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 320/2020-II, promovido por ***************...Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 320/2020-II, promovido por *************, contra actos del Juez, Actuario y Secretario Conciliador, adscritos al Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: ...C O N S I D E R A N D O:... QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De la intelección de ambos preceptos se desprende que, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, el juicio de amparo es improcedente cuando no se acredite la afectación del interés jurídico del quejoso. Por interés jurídico se entiende el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1854, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente" (el subrayado es añadido). Ahora, en los casos en que se reclama la posesión de un inmueble, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene tal derecho; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Así lo determinó el Pleno de nuestro máximo tribunal, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en la página 5, Tomo XV, febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común" (lo subrayado es añadido). En resumen, existe interés jurídico cuando la parte peticionaria del amparo tiene un derecho tutelado por la ley (vida, libertad, propiedad o posesión) que, cuando es transgredido por un acto de autoridad, la faculta a acudir al juicio de amparo a fin de que se le restituya en el goce de la garantía individual violada. En la especie, la quejosa señala como acto reclamado todo lo actuado en el juicio ordinario civil 676/2017, seguido por **********, contra *****************, tramitado ante el Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, incluyendo la sentencia definitiva y cualquier diligencia que implique la desposesión o lanzamiento respecto de inmueble ubicado en ***************, en esta ciudad; lo anterior derivado de la falta de emplazamiento a juicio. Asimismo, la parte quejosa se ostenta tercera extraña a tal procedimiento, pues refiere que las autoridades responsables debieron respetar su derecho de audiencia, así como la posesión que tiene sobre el inmueble que menciona y del que aduce ser propietaria. Para acreditar lo anterior ofreció como pruebas: 1. Original de siete fichas de depósito. 2. Original de una cédula de notificación dirigida a ************. 3. Copia simple del testimonio notarial número ciento cincuenta y tres mil trescientos quince, de once de noviembre de dos mil cuatro, pasado ante la fe del Notario Público dieciocho del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ahora bien, respecto a las pruebas indicadas en los numerales 1 y 2, RESULTAN INEFICACES para acreditar el INTERÉS JURÍDICO de la parte quejosa, presupuesto indispensable para promover el juicio de amparo respecto del inmueble objeto de la controversia del juicio natural, porque, en el mejor de los casos, solo se acreditaría, que la quejosa, al parecer, realizó diversos depósitos y que la cédula de notificación fue dirigida a María Eugenia Solorio Galindo; pero no se justifica que sea propietaria del inmueble cuya afectación reclama. Con relación a la diversa documental reseñada en el numeral 3, carece, por sí misma, de valor probatorio pleno y, por ende, ES INSUFICIENTE para demostrar el INTERÉS JURÍDICO de la parte quejosa, en tanto que sólo tiene valor indiciario que no está corroborado o apoyado por otras pruebas. Sirve de apoyo, tesis de jurisprudencia 2ª/J 21/1998, visible en el Tomo VII, Abril de1998, Novena Época, página 213, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Por lo anterior, sobreviene la CAUSA DE IMPROCEDENCIA a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el interés jurídico constituye un presupuesto que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, para lo cual es necesario que se acredite el menoscabo en los derechos que se dicen afectados por el acto de autoridad. Al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados de la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de las ejecutoras, pues no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo a dicha consideración la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***************, contra actos del Juez, Actuario y Secretario Conciliador, adscritos al Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a quince de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que, mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, se emplazó la parte tercera interesada XXXXXXX, asimismo, se tuvo apersonando al presente asunto, sin que se le haya dado vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tal motivo, con los oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado y constancias anexas, dese vista al citado tercero interesado, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes.

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