Raquel Sarai Pamanes Muñoz
Expediente 2043/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2043/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raquel Sarai Pamanes Muñoz
- Juez Octavo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar, el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que refiere; en atención a su contenido, y como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2- hágase la devolución de la documental que refiere, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal, autorizando para recibirlos a la persona que señala en el escrito de cuenta; en el entendido de que el horario para la tramitación de la documentación de la cual solicita la devolución, es de nueve a quince horas de lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora en este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de carácter trascendental. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de VEINTITRÉS DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 30/2010 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por virtud de la cual la citada autoridad declaró procedente el régimen de visitas de las menores Constanza, Ana Regina y Aurora de apellidos Guzmán Pamanes, a favor del tercero interesado Alejandro Guzmán Vargas. Asimismo, del informe justificado rendido por el Juez Octavo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se desprende que la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del acto aquí reclamado al cual recayó la resolución de nueve de enero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro del toca 1026/17-14, en la que declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictada en la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario 30/2010 y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas; resolución que fue notificada a la parte quejosa por medio de boletín judicial 7061 de diez de enero de dos mil dieciocho. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Bajo ese contexto, al haberse dictado la resolución de nueve de enero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro del toca 1026/17-14, en la que declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictada en la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario 30/2010 y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas es evidente que la resolución reclamada donde se estableció un régimen de convivencias por parte del Juez Octavo responsable, es evidente que la Sala de mérito sustituyó procesalmente los efectos generados por la dictada por el Juez responsable, por lo que los efectos de la interlocutoria reclamada han cesado con motivo de que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis consistente en resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 30/2010 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por virtud de la cual la citada autoridad declaró procedente el régimen de visitas de las menores Constanza, Ana Regina y Aurora de apellidos Guzmán Pamanes, a favor del tercero interesado Alejandro Guzmán Vargas, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de queja el nueve de enero de dos mil dieciocho dentro del toca 1026/17-14, declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria reclamada y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que la Sala Auxiliar citada al resolver el recurso de queja el nueve de enero de dos mil dieciocho dentro del toca 1026/17-14, declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria reclamada y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto, cuando éste se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Apoya la anterior, la Tesis I.2o.P.4 K (10a.), consultable en la página 2546 del Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del rubro "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA.". De igual forma, encuentra sustento en la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril de ese año. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.) del rubro "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2043/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al III; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, toda vez que el Juez del Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en San Miguel de Allende, Guanajuato , remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo IV; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se emite el presente acuerdo en esta data, puesto que si bien el veintiuno de marzo del año en curso, es inhábil, pero laborable, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio; encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 14/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 6, de la Décima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 30/2010 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por virtud de la cual la citada autoridad declaró procedente el régimen de visitas de las menores Constanza, Ana Regina y Aurora de apellidos Guzmán Pamanes, a favor del tercero interesado Alejandro Guzmán Vargas. Asimismo, del informe justificado rendido por el Juez Octavo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se desprende que la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del acto aquí reclamado al cual recayó la resolución de nueve de enero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro del toca 1026/17-14, en la que declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictada en la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario 30/2010 y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas; resolución que fue notificada a la parte quejosa por medio de boletín judicial 7061 de diez de enero de dos mil dieciocho. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Bajo ese contexto, al haberse dictado la resolución de nueve de enero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro del toca 1026/17-14, en la que declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictada en la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario 30/2010 y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas es evidente que la resolución reclamada donde se estableció un régimen de convivencias por parte del Juez Octavo responsable, es evidente que la Sala de mérito sustituyó procesalmente los efectos generados por la dictada por el Juez responsable, por lo que los efectos de la interlocutoria reclamada han cesado con motivo de que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis consistente en resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 30/2010 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por virtud de la cual la citada autoridad declaró procedente el régimen de visitas de las menores Constanza, Ana Regina y Aurora de apellidos Guzmán Pamanes, a favor del tercero interesado Alejandro Guzmán Vargas, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de queja el nueve de enero de dos mil dieciocho dentro del toca 1026/17-14, declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria reclamada y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que la Sala Auxiliar citada al resolver el recurso de queja el nueve de enero de dos mil dieciocho dentro del toca 1026/17-14, declaró fundado el recurso, revocó la resolución interlocutoria reclamada y, resolvió improcedente la fijación del régimen de convivencias entre el tercero interesado con las menores quejosas, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto, cuando éste se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Apoya la anterior, la Tesis I.2o.P.4 K (10a.), consultable en la página 2546 del Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del rubro "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA.". De igual forma, encuentra sustento en la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril de ese año. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.) del rubro "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
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