Raquel Sánchez Sánchez
Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Raquel Sánchez Sánchez
Actuaciones
- Principal
I-Agréguese el oficio de cuenta, firmado por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Cancún, con el que devuelve sin diligenciar el exhorto 92/2023-F-2, número de orden 93/2023-F-2, formado con motivo del exhorto 188/2023-I-B, con número de orden 268/2023, librado en el presente juicio, mediante el cual, se solicitó notificar a la promovente Raquel Sánchez Sánchez el acuerdo de seis de junio del año en curso; sin que se estime necesario acusar estilo de recibo, en virtud, de que se genera al momento del envío. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de las constancias recibidas se destaca que la diligencia encomendada no se logró efectuar en virtud de lo expuesto en la razón actuarial de veintiuno de los actuales, signada por la actuaria judicial adscrita al Juzgado exhortado; por lo que no se tiene por acontecido el emplazamiento ordenado en el proveído de referencia; tomando nota de lo informado por el homologo federal para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de las constancias recibidas se advierte la imposibilidad de realizar la notificación encomendada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la promovente el auto de seis de junio de la presente anualidad, el presente proveído, así como los subsecuentes aun los de carácter personal, mediante la lista que se publica en los estrados de este Juzgado, para todos los efectos legales conducentes; sin que exista impedimento alguno que en lo posterior, señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio. Notifíquese por lista electrónica a la parte promovente. ACUERDO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. I-Recepción de demanda Se tiene por recibido el oficio 11356-II, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual, remite el expediente original del juicio de amparo 369/2023-II, de su índice, así como copia autorizada del proveído de doce de mayo del año en curso; por el cual, declaró carecer de competencia para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida por ******************** en representación de Alejandro Izquierdo Sánchez. Acúsese el recibo correspondiente. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 558/2023-I-B. Se acepta competencia Con apoyo en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se emite pronunciamiento respecto de la declinatoria del conocimiento de este asunto, planteado por el juzgado oficiante. Así, por las razones expuestas en el referido oficio, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Demanda no urgente Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa fecha las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes; de ahí que la demanda se trámite de manera normal y, por ende, no sea factible conceder la suspensión de plano y de oficio solicitada, al no ubicarse tal acto dentro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Acto reclamado De la demanda de cuenta, se advierte que la promovente ******************** reclama la orden de traslado del directo quejoso Alejandro Izquierdo Sánchez del Centro de Reclusión Social con sede en Chetumal, Quintana Roo, al CEFERESO número 15, con sede en Chiapas, y su ejecución. Respecto de la cual, es importante precisar que si bien, del ocurso inicial de demanda, se advierten manifestaciones realizadas por la promovente, en relación al temor fundado de que el directo quejoso se encuentre desaparecido, también lo es que, de la narrativa de sus antecedentes e incluso sus conceptos de violación, se evidencia que existe certeza de no encontrarnos ante reclamaciones de actos prohibidos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Es así, porque la promovente expresamente manifestó que al ingresar a las instalaciones del centro de internamiento con sede en esta ciudad, se percató de unas listas que contenían los datos de personas que fueron trasladadas al CEFERESO número 15, con sede en Chiapas, y en el número 95, se encontraban los datos del directo quejoso; información la cual, corroboró con personal del centro penitenciario de esta ciudad, quien le manifestó que Alejandro Izquierdo Sánchez, fue trasladado al diverso centro de internamiento con sede en Chiapas. Además, los conceptos de violación únicamente se dirigen a ese tema [traslado]. En virtud de lo anterior, este asunto no amerita pronunciamiento de suspensión de oficio y de plano a que se refiere el artículo 125 de la legislación de la materia. Desechamiento El artículo 112 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." En ese contexto, el ordinal transcrito impone que dentro del plazo de veinticuatro horas el órgano jurisdiccional deberá resolver si la demanda de amparo es susceptible de desecharse, prevenirse o admitirse. Debe puntualizarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional está obligado a examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza en la especie. En relación a lo anterior, se estima de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en correlación con los numerales 30, 116, 117, fracción II, 122, 123, 124 y 127, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en integración a lo dispuesto por la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 27/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Ello, pues sobre los actos en comento, previo a acudir a la vía constitucional, los mismos deben ser impugnados ante el director del centro de reclusión, donde se encuentra la parte quejosa, como lo estipula el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o bien, de considerar que ello resulta ser un caso urgente, directamente ante el juez de su causa o el juez de Ejecución -según sea el caso y de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre el procedimiento penal, conforme a la que guarde su situación jurídica el impetrante-, en términos del numeral 115 del citado ordenamiento legal, por medio de los cuales pueden ser nulificados dichos actos. Esto, a través del recurso ordinario de defensa -controversia judicial-, previsto en el invocado numeral 117, fracción III, de dicha legislación especial, al tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión del directo quejoso, incluso, en la citada legislación nacional -que es la que rige los actos reclamados-, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que un tribunal colegiado revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación del revisor pueda acudirse a la vía constitucional. Lo anterior, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 Constitucional, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio. Cobra aplicación, por no oponerse a la actual ley de la materia, la Jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, los preceptos legales a que se hace referencia, relativos a la Ley Nacional de Ejecución Penal, consagran el derecho de los internos a plantear controversia ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda -o juez de su causa-, al momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Dicha controversia judicial deberá presentarse por escrito ante el Juzgado correspondiente, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. Así, el juez respectivo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, en caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el juez de Control o de Ejecución -o el de su causa-, de oficio o a solicitud de parte, aplicando las disposiciones de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Luego, la autoridad judicial respectiva tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, la cual se ejecutará una vez que quede firme. Incluso, en la citada legislación nacional -que es la que rige los actos ahora reclamados-, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, tal como se ha indicado en párrafos precedentes, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación del revisor pueda acudirse a la vía constitucional. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis intitulada: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones". [Énfasis añadido] Ello, pues lo que la promovente intenta evidenciar es que las autoridades que ordenaron y ejecutaron el traslado del directo quejoso sin motivo alguno del centro de internamiento donde se encuentra a otro diverso, lo cual es un aspecto relativo a las condiciones de su internamiento que están reguladas por la citada Ley Nacional de Ejecución, en la que se contemplan los mecanismos de defensa que son procedentes a efecto de salvaguardar las garantías de la población carcelaria. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad y que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión, las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia; por lo que, es claro que la parte quejosa antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el juez de su causa o de Ejecución competente, a promover el citado recurso ordinario de defensa, respecto del traslado que alega. De ahí que, al no hacer valer la controversia judicial contra el traslado involuntario del que se duele, la peticionaria de amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia, acorde a lo estatuido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Domicilio procesal y autorizados Ahora, toda vez que la promovente señaló domicilio para para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cancún; es decir, fuera de la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, y para efecto de prever alguna circunstancia que imposibilite su debida notificación, en atención a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Amparo, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíese atento exhorto al juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notificar a la promovente del amparo ******************** el presente proveído; en el domicilio ubicado en ********************; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente, al en que se surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habiliten días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107, 108 y 109 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita vía correo electrónico oficial, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Comunicaciones no procesales Se toma conocimiento del correo electrónico, proporcionado por la promovente para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en la fracción I, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto******************** para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Versión publica de sentencias y resoluciones. Respecto de los expedientes judiciales que se encuentren bajo su resguardo, en términos del artículo 30, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán vigilar que la realización de versiones públicas de sentencias y resoluciones respectivas, se elaboren en estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en el sistema electrónico de gestión. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo de la Secretaria -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese vía exhorto a la parte promovente.
- Principal
I-Recepción de demanda Se tiene por recibido el oficio 11356-II, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual, remite el expediente original del juicio de amparo 369/2023-II, de su índice, así como copia autorizada del proveído de doce de mayo del año en curso; por el cual, declaró carecer de competencia para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida por ******************** en representación de Alejandro Izquierdo Sánchez. Acúsese el recibo correspondiente. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 558/2023-I-B. Se acepta competencia Con apoyo en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se emite pronunciamiento respecto de la declinatoria del conocimiento de este asunto, planteado por el juzgado oficiante. Así, por las razones expuestas en el referido oficio, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Demanda no urgente Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa fecha las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes; de ahí que la demanda se trámite de manera normal y, por ende, no sea factible conceder la suspensión de plano y de oficio solicitada, al no ubicarse tal acto dentro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Acto reclamado De la demanda de cuenta, se advierte que la promovente ******************** reclama la orden de traslado del directo quejoso Alejandro Izquierdo Sánchez del Centro de Reclusión Social con sede en Chetumal, Quintana Roo, al CEFERESO número 15, con sede en Chiapas, y su ejecución. Respecto de la cual, es importante precisar que si bien, del ocurso inicial de demanda, se advierten manifestaciones realizadas por la promovente, en relación al temor fundado de que el directo quejoso se encuentre desaparecido, también lo es que, de la narrativa de sus antecedentes e incluso sus conceptos de violación, se evidencia que existe certeza de no encontrarnos ante reclamaciones de actos prohibidos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Es así, porque la promovente expresamente manifestó que al ingresar a las instalaciones del centro de internamiento con sede en esta ciudad, se percató de unas listas que contenían los datos de personas que fueron trasladadas al CEFERESO número 15, con sede en Chiapas, y en el número 95, se encontraban los datos del directo quejoso; información la cual, corroboró con personal del centro penitenciario de esta ciudad, quien le manifestó que Alejandro Izquierdo Sánchez, fue trasladado al diverso centro de internamiento con sede en Chiapas. Además, los conceptos de violación únicamente se dirigen a ese tema [traslado]. En virtud de lo anterior, este asunto no amerita pronunciamiento de suspensión de oficio y de plano a que se refiere el artículo 125 de la legislación de la materia. Desechamiento El artículo 112 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." En ese contexto, el ordinal transcrito impone que dentro del plazo de veinticuatro horas el órgano jurisdiccional deberá resolver si la demanda de amparo es susceptible de desecharse, prevenirse o admitirse. Debe puntualizarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional está obligado a examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza en la especie. En relación a lo anterior, se estima de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en correlación con los numerales 30, 116, 117, fracción II, 122, 123, 124 y 127, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en integración a lo dispuesto por la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 27/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Ello, pues sobre los actos en comento, previo a acudir a la vía constitucional, los mismos deben ser impugnados ante el director del centro de reclusión, donde se encuentra la parte quejosa, como lo estipula el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o bien, de considerar que ello resulta ser un caso urgente, directamente ante el juez de su causa o el juez de Ejecución -según sea el caso y de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre el procedimiento penal, conforme a la que guarde su situación jurídica el impetrante-, en términos del numeral 115 del citado ordenamiento legal, por medio de los cuales pueden ser nulificados dichos actos. Esto, a través del recurso ordinario de defensa -controversia judicial-, previsto en el invocado numeral 117, fracción III, de dicha legislación especial, al tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión del directo quejoso, incluso, en la citada legislación nacional -que es la que rige los actos reclamados-, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que un tribunal colegiado revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación del revisor pueda acudirse a la vía constitucional. Lo anterior, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 Constitucional, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio. Cobra aplicación, por no oponerse a la actual ley de la materia, la Jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, los preceptos legales a que se hace referencia, relativos a la Ley Nacional de Ejecución Penal, consagran el derecho de los internos a plantear controversia ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda -o juez de su causa-, al momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Dicha controversia judicial deberá presentarse por escrito ante el Juzgado correspondiente, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. Así, el juez respectivo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, en caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el juez de Control o de Ejecución -o el de su causa-, de oficio o a solicitud de parte, aplicando las disposiciones de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Luego, la autoridad judicial respectiva tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, la cual se ejecutará una vez que quede firme. Incluso, en la citada legislación nacional -que es la que rige los actos ahora reclamados-, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, tal como se ha indicado en párrafos precedentes, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación del revisor pueda acudirse a la vía constitucional. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis intitulada: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones". [Énfasis añadido] Ello, pues lo que la promovente intenta evidenciar es que las autoridades que ordenaron y ejecutaron el traslado del directo quejoso sin motivo alguno del centro de internamiento donde se encuentra a otro diverso, lo cual es un aspecto relativo a las condiciones de su internamiento que están reguladas por la citada Ley Nacional de Ejecución, en la que se contemplan los mecanismos de defensa que son procedentes a efecto de salvaguardar las garantías de la población carcelaria. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad y que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión, las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia; por lo que, es claro que la parte quejosa antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el juez de su causa o de Ejecución competente, a promover el citado recurso ordinario de defensa, respecto del traslado que alega. De ahí que, al no hacer valer la controversia judicial contra el traslado involuntario del que se duele, la peticionaria de amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia, acorde a lo estatuido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Domicilio procesal y autorizados Ahora, toda vez que la promovente señaló domicilio para para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cancún; es decir, fuera de la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, y para efecto de prever alguna circunstancia que imposibilite su debida notificación, en atención a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Amparo, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíese atento exhorto al juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notificar a la promovente del amparo ******************** el presente proveído; en el domicilio ubicado en ********************; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente, al en que se surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habiliten días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107, 108 y 109 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita vía correo electrónico oficial, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Comunicaciones no procesales Se toma conocimiento del correo electrónico, proporcionado por la promovente para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en la fracción I, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto******************** para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Versión publica de sentencias y resoluciones. Respecto de los expedientes judiciales que se encuentren bajo su resguardo, en términos del artículo 30, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán vigilar que la realización de versiones públicas de sentencias y resoluciones respectivas, se elaboren en estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en el sistema electrónico de gestión. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo de la Secretaria -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese vía exhorto a la parte promovente.
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