Raquel Salgado Salgado
Expediente 1198/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1198/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juez Quinto de Primera Instancia En Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares
- Raquel Salgado Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal, el cuaderno de antecedentes que se formó, el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.- SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Raquel Salgado Salgado, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en el considerando primero de la presente ejecutoria.". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión, el cual quedó registrado con el número 117/2017 de su índice.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a quince de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1198/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno al Juzgado Octavo, Raquel Salgado Salgado, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: 1.- Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad. Ejecutora: 2.- Administrador Fiscal Estatal Número 2, ciudad. ACTO RECLAMADO: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora: A) El acuerdo que impone a la suscrita el pago de una multa equivalente a $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100) por un supuesto incumplimiento a un mandato judicial, el cual supuestamente fue dictado en fecha 27 de septiembre de 2016 del dos mil dieciséis, en el expediente 10/2016-III, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, relativo al juicio oral mercantil promovido por la suscrita RAQUEL SALGADO SALGADO; precisando desde este momento lo anterior resulta ilegal ya que la suscrita no cumplí mandato judicial alguno, además dicho juicio concluyo mediante convenio elevado a categoría de cosa juzgada con fecha 18 de agosto de 2016, es decir, cuarenta días antes, sin que existiera una actuación posterior en la cual interviniera o debiera intervenir, y que generara un incumplimiento al mandato judicial. De la autoridad señalada como responsable ejecutora reclamo: B) El oficio número 2434/2016 a través del cual se pretende dar ejecución y cumplimiento al acuerdo de 27 de septiembre de dos mil dieciséis, derivado el juicio oral mercantil 10/2016-III, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares en el que se impone a la aquí quejosa el pago de la sanción equivalente a $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100) más la cantidad de $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100) por conceptos de gastos de ejecución por un supuesto incumplimiento a un mandato judicial. SEGUNDO.- Mediante proveído de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda y se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 1198/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos emitidos en un procedimiento civil, atribuidos a autoridades con residencia en la jurisdicción de este juzgado federal, que podrá ser de imposible reparación. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la parte quejosa reclama: El auto dictado en la audiencia preliminar de ocho de julio de dos mil dieciséis, en autos del expediente oral mercantil 10/2016-III, mediante el cual, debido a su inasistencia a dicha diligencia, se le impone una multa por $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional). El cobro de dicha sanción pecuniaria, por conducto de la autoridad ejecutora TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y al Administrador Fiscal Estatal Número Dos dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ambos con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado; certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, las cuales adquieren el carácter de documentales públicas con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en acatamiento a su arábigo 2º. CUARTO.- Antecedentes del acto reclamado. En principio, resulta necesario atender de manera breve los antecedentes con los que se cuenta, obtenidos de las constancias procesales que aportó la autoridad responsable ordenadora, teniéndose que: 1.- Raquel Salgado Salgado, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en la vía oral mercantil, demandó de Azucena Vázquez Mondragón, diversas prestaciones (fojas 38 a 42). 2.- El Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, lo registró bajo el orden 10/2016-III, y lo admitió a trámite, y ordenó emplazar a la demandada, requiriéndole para que en el plazo de nueve días produjera su contestación, haciendo de su conocimiento los apercibimientos de ley; diligencia que se efectuó el nueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 47 a 55). 3.- Por acuerdo de treinta de junio de dos mil dieciséis y a petición de la parte actora la juez tuvo a la demandada por incurriendo en rebeldía; asimismo, fijó fecha y hora para la audiencia preliminar, y se requirió a las partes que comparecieran con apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa de $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional) -fojas 59 a 62-. 4.- En fecha de ocho de julio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la que ante la incomparecencia de la parte actora, ahora quejosa, hizo efectivo el apercibimiento con que se les conminó y le impuso una multa de $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional), conforme a las consideraciones que enseguida se transcriben: "(.) Al no encontrase presentes la accionante Raquel Salgado Salgado y la reo civil Azucena Vázquez Mondragón, se les impuso una multa de $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional) ..Siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos del día señalado, hizo acto de presencia la accionante Raquel Salgado Salgado, y se identificó con la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector número SLSLRQ40052512M000. Se abrió la etapa de fijación de acuerdos probatorios, en la cual la parte actora manifestó no prescindir de ninguna de las pruebas ofrecidas en el escrito inicial. Se desarrolló la etapa de admisión de las pruebas: (..) Se señalaron las nueve horas con treinta y cinco minutos del día ocho de agosto de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de juicio (.)" -fojas 67 y 68). 5.- Mediante acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, la juez proveyó que al no haber exhibido la actora, ahora quejosa Raquel Salgado Salgado dentro del término de tres días que le concedió en la audiencia preliminar la cantidad de $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional), que le fue impuesta como multa, ordenó que se hiciera efectivo su pago a través del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, mediante el procedimiento económico-coactivo; auto que fue notificado por medio lista el tres de agosto de esa anualidad, y al efecto giró el oficio número 271/3ª/2016 de quince de julio de dos mil dieciséis fecha para tal efecto (fojas 76 y 91) 6.- Mediante escrito de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la actora ahora quejosa informó a la Juez que había llegado un arreglo con la demandada y al efecto exhibió convenio que celebraron el quince de agosto de esa anualidad; mediante auto de diecisiete de agosto siguiente la juez para aprobar de dicho convenio, estableció que sería hasta que comparecieran las partes a ratificarlo (fojas 97 a 101). 7.- El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, las partes comparecieron ante la juez a ratificar el convenio de quince de agosto de ese año que había exhibido la parte actora ahora quejosa y una acontecido lo anterior la juez estableció que al no contener el convenio ninguna cláusula contraria al derecho, a la moral o las buenas costumbres lo aprobó de plano, en todas y cada una de sus partes (fojas 104 a 106). QUINTO. Improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sobre este rubro, primero hay que acentuar que la demanda de amparo se promovió por la quejosa señalada en el considerando segundo de esta sentencia en contra del auto dictado en la audiencia preliminar de ocho de julio de dos mil dieciséis, en autos del expediente oral mercantil 10/2016-III, mediante el cual, debido a su inasistencia a dicha diligencia, se le impone una multa por $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional). Ahora, la quejosa en su demanda, preciso que tuvo conocimiento de dicha resolución el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; sin embargo, de las constancias del juicio de rigen, valoradas en el considerando tercero, se advierte primeramente que a la quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña ajuicio por equiparación porque es la parte actora en el mismo, ahora, la multa impuesta a la quejosa se estableció en el inicio de la audiencia preliminar de ocho de julio de dos mil dieciséis, a la cual si bien compareció a ésta a partir de la cuarta etapa, por lo que al ser oral dicha diligencia no se podría tener certeza del conocimiento del acto reclamado esta data ( ocho de julio de dos mil dieciséis). Empero, del auto de quince de julio de dos mil dieciséis, por el cual la juez proveyó que al no haber exhibido la actora, ahora quejosa Raquel Salgado Salgado dentro del término de tres días que le concedió en la audiencia preliminar la cantidad de $2,298.76 (dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional), que le fue impuesta como multa, ordenó que se hiciera efectivo su pago a través del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, mediante el procedimiento económico-coactivo; acuerdo que fue notificado por medio lista el tres de agosto de esa anualidad (fojas setenta y seis); por lo que, debe considerarse que a partir de la fecha citada la parte quejosa conoció de la multa que reclama. Lo anterior es así, porque el referido acuerdo se dictó dentro de la secuela procesal de un juicio oral mercantil, el cual tiene una regulación concreta dentro del Código de Comercio en el que existe un apartado específico denominado: "Título Especial del Juicio Oral Mercantil" conformado por los artículos 1390 Bis al 1390-Bis-50, en el que únicamente existe la obligación legal de notificar personalmente el emplazamiento al demandado y, las restantes notificaciones se realizan conforme a las reglas y medios para practicar las notificaciones no personales, aunque se trate de prevenciones o requerimientos durante el trámite del procedimiento como lo indica el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio. Tiene aplicación al caso la tesis 1a. XIV/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 971, Libro 26, Enero de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS 10 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL PREVER LAS REGLAS PARA SU REALIZACIÓN, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO. De la exposición de motivos de la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, por la que se introdujo el juicio oral mercantil, se advierte que los principios rectores de éste son los de: oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración; de ahí que, acorde con la naturaleza de dicho juicio, su finalidad sea contar con un sistema de impartición de justicia cuya prontitud, celeridad, eficacia y eficiencia sean las adecuadas para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones que ponen fin a las controversias. De ese modo, se encuentra justificado que el artículo 1390 bis 10 prevea que en un juicio oral mercantil sólo el emplazamiento tenga que realizarse personalmente, mientras que las demás determinaciones deben notificarse de acuerdo con las reglas y los medios previstos para las notificaciones no personales. Así pues, dicho precepto no vulnera el derecho fundamental al debido proceso, consistente en proteger que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, pues estas cuestiones se encuentran previstas para los juicios orales mercantiles; además, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica están colmados con el hecho de que el artículo indicado tenga previsto que en el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento, ya que desde que se ordena notificar a la demandada de manera personal la existencia de un juicio en su contra, se le hace saber que se encuentra sujeta a las disposiciones procesales previstas en el Código de Comercio, en las que se le exigirán determinadas conductas y que, incluso, dichas cargas serán reclamadas a las partes bajo apercibimiento de ser sancionadas en caso de no cumplir con ellas, pues sólo así se garantiza la celeridad que exige el procedimiento oral mercantil". Más aún, cuando la notificación de la determinación anteriormente citada no se encuentra notificada, por tanto surte plenamente sus efectos para las partes que comparecieron a ese procedimiento. Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que se tuvo conocimiento del auto de quince de julio de dos mil dieciséis, por el cual la juez ordenó que se hiciera el pago de la multa impuesta a la quejosa por su inasistencia a la audiencia preliminar de ocho de julio de dos mil dieciséis a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, el procedimiento económico-coactivo, se obtiene que el término de quince días transcurrió del cinco de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; descontándose los días seis, siete, trece catorce, veinte y veintiuno del propio mes por ser inhábiles; de manera que si la demanda fue presentada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la parte quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución porque no se reclamó por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 1198/2016, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
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