Raquel Ramírez López
Expediente 525/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 30 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raquel Ramírez López
- Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la determinación de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO ??????? FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la determinación de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO ??????? FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL AUTO QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. El acto reclamado consiste en el proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 739/2019, por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en el que se designó perito en genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), a fin de desahogar dicha prueba en la persona del presunto progenitor, con el fin de conocer la filiación del menor involucrado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa lo consintió tácitamente, al no haber presentado la demanda respectiva dentro del término de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la ley de la materia. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). A su vez, los artículos 17 y 18, del citado ordenamiento legal disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, se desprende que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente si éste no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto. En la especie, el acto reclamado fue dictado en el expediente 739/2019 (relativo al acto prejudicial de investigación de filiación), en el que la aquí quejosa es la parte promovente; y además le fue notificado por medio de lista de acuerdos, por lo que a efecto de establecer la oportunidad en su reclamo en esta vía constitucional, debe estarse a la primera regla. Así, se tiene que la peticionaria de amparo fue notificada de la determinación reclamada el once de octubre de dos mil diecinueve, mediante lista de acuerdos, según se advierte de la razón actuarial respectiva, que dice: "EN ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS BAJO EL NÚMERO 21 DE LA LISTA DE ACUERDOS, SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR PARA NOTIFICAR A LOS INTERESADOS, HACIENDO CONSTAR QUE ESTA NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS LEGALES EL PRÓXIMO DÍA HÁBIL A LA MISMA HORA. DOY FE." En esa medida, de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el catorce de ese mes, por lo que el lapso de quince días para promover la demanda inicio el quince de octubre y concluyo el cinco de noviembre del referido año; ello, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre, y uno de noviembre, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y de la Circular 43/2019, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que aparece en el escrito original de demanda, claramente se advierte que ésta fue presentada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno; es evidente que se promovió una vez vencido el plazo de quince días en mención. Cabe mencionar que no obstante que el acto reclamado involucra cuestiones relacionadas con el interés superior del menor, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor de edad, el órgano de control constitucional soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y analice el fondo del asunto, pues ese proceder equivaldría a dejar de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.130 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2390, del Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". De ahí que, se actualice la causa de improcedencia en análisis. En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, XIV, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por ... que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. El acto reclamado consiste en el proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 739/2019, por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en el que se designó perito en genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), a fin de desahogar dicha prueba en la persona del presunto progenitor, con el fin de conocer la filiación del menor involucrado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa lo consintió tácitamente, al no haber presentado la demanda respectiva dentro del término de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la ley de la materia. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". A su vez, los artículos 17 y 18, del citado ordenamiento legal disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, se desprende que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente si éste no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto. En la especie, el acto reclamado fue dictado en el expediente 739/2019 (relativo al acto prejudicial de investigación de filiación), en el que la aquí quejosa es la parte promovente; y además le fue notificado por medio de lista de acuerdos, por lo que a efecto de establecer la oportunidad en su reclamo en esta vía constitucional, debe estarse a la primera regla. Así, se tiene que la peticionaria de amparo fue notificada de la determinación reclamada el once de octubre de dos mil diecinueve, mediante lista de acuerdos, según se advierte de la razón actuarial respectiva, que dice: "EN ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS BAJO EL NÚMERO 21 DE LA LISTA DE ACUERDOS, SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR PARA NOTIFICAR A LOS INTERESADOS, HACIENDO CONSTAR QUE ESTA NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS LEGALES EL PRÓXIMO DÍA HÁBIL A LA MISMA HORA. DOY FE." En esa medida, de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el catorce de ese mes, por lo que el lapso de quince días para promover la demanda inicio el quince de octubre y concluyo el cinco de noviembre del referido año; ello, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre, y uno de noviembre, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y de la Circular 43/2019, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que aparece en el escrito original de demanda, claramente se advierte que ésta fue presentada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno; es evidente que se promovió una vez vencido el plazo de quince días en mención. Cabe mencionar que no obstante que el acto reclamado involucra cuestiones relacionadas con el interés superior del menor, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor de edad, el órgano de control constitucional soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y analice el fondo del asunto, pues ese proceder equivaldría a dejar de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.130 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2390, del Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". De ahí que, se actualice la causa de improcedencia en análisis. En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, XIV, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado.
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