Raquel Pérez Montes

Expediente 1097/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1097/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Juzgado Segundo de Primera Instancia del Decimoctavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan
  • Raquel Pérez Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de cuenta, se advierte la directa quejosa Raquel Pérez Montes ratificó la demanda de amparo que originó este expediente [recibida por este juzgado el dieciocho de octubre del año en curso] presentada por Héctor Ulises Orduña Hernández. ADMISIÓN. Al cumplirse los requisitos que para su presentación establece el precepto 108 de la Ley de Amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I; 33, fracción IV; 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. INCIDENTE. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo tramítese por duplicado (cuaderno físico y versión electrónica) y separado el incidente de suspensión. En el entendido que con la existencia del expediente electrónico, la formación del duplicado físico, puede ser sustituida, en términos el artículo 128 en relación con el 3 del citado cuerpo normativo y lo dispuesto en los numerales que regulan el trámite de actuación de los recursos de queja y revisión, por una versión electrónica de dicho incidente. En términos de los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las DIEZ HORAS DIEZ MINUTOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. Se fija atendiendo la carga de trabajo en la agenda de audiencias de este Juzgado de Distrito. La residencia foránea de la autoridad señalada como responsable. Plazo de quince días otorgado para rendir informe justificado en términos del dispositivo 117 de la ley reglamentaria; así como la vista que debe mediar entre su recepción y el desahogo. Considerando además el próximo periodo vacacional de invierno correspondiente a la segunda quincena de diciembre, de conformidad con los artículos 140, 141 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el dispositivo 117 del cuerpo de leyes invocado, se pide informe justificado a la autoridad responsable. Deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser con estricto apego a lo establecido por los preceptos 117 párrafo quinto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo. Remitiendo a este juzgado: - Copia certificada en orden, completa y legible de todas y cada una de las constancias necesarias para apoyar su informe. Ello de conformidad con lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del precepto de referencia. - Asimismo, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no hacerlo, sin existir alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el arábigo 260 fracción II de la Ley en consulta, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de cambio de situación jurídica o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, deben informarlo de inmediato. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la citada Ley. PRUEBA. Se tiene como medios probatorios de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, la documental que anexó a su ocurso constitucional, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. ASPECTOS PROCESALES. En cuanto al domicilio, comunicaciones no procesales, autorizados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uso de medios electrónicos, expedición de copias, días y horas habilitados, unidad de medida y actualización y de la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo, deberá estarse al auto de radicación, donde se proveyó al respecto. TERCERO INTERESADO. La parte quejosa señala a ********************. Resérvese su llamamiento al presente asunto, hasta en tanto obre el informe justificado y estar en aptitud de analizar si le reviste dicho carácter. NOTIFICACIONES. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, en atención al oficio 406/2023 de seis de noviembre de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó la consulta de todos los expedientes electrónicos radicados en este órgano jurisdiccional, mediante el esquema de juicio en línea con el usuario ahí proporcionado. Dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del ordinal 5°, fracción IV, de la Ley de la materia. AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante oficio que al efecto se gire, notifíquesele la admisión del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio de su oficina principal, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1097/2023-VII, promovido por Raquel Pérez Montes, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar con sede en Cosamaloapan, Veracruz. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. INFORME PREVIO. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, pídase informe previo que deberá rendir la autoridad responsable dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al que reciba la notificación de este proveído, enviándole al efecto copia autorizada de la demanda y anexo. Se le apercibe que la falta de informe en el plazo indicado no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado. Además, le hace incurrir en una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente, impuesta en términos del artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, la cual se fija atendiendo a la carga de trabajo, conforme a la agenda de audiencias que se lleva en este juzgado para tal efecto y la residencia foránea de la autoridad responsable. SUSPENSIÓN PROVISIONAL De la lectura de la demanda se advierte que el acto reclamado en el presente asunto corresponde a: - La omisión de proveer en relación con el escrito inicial de demanda presentado por Raquel Pérez Montes, el diez de octubre de dos mil veintitrés y acordar lo respectivo a las medidas de protección y cautelares solicitadas. Solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto que la responsable, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, se pronuncie en relación con las peticiones plasmadas en dicho escrito y le notifique personalmente la determinación recaída. En ese sentido, debe precisarse que los actos emanados de las autoridades pueden ser positivos o negativos. Los primeros implican una acción, una orden, una privación, una molestia y su ejecución puede ser instantánea, continuada o inacabada, o de tracto sucesivo. Los segundos, son cuando las autoridades se rehúsan a hacer algo u omiten hacer lo que la ley les impone a favor de lo solicitado por los gobernados. Constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades. Bajo ese tenor, el reclamo se considera de naturaleza íntegramente omisiva. Sin ningún efecto positivo o prohibitivo. Por tanto, resulta improcedente conceder la suspensión solicitada. Por regla general, la suspensión sólo opera, satisfechos los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, contra los actos de autoridad que sean de carácter positivo. Esto es, contra la actividad autoritaria que se traduce en la decisión o ejecución de un hacer. En cambio, de manera excepcional procede contra los actos negativos que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo impetrado por los gobernados. En el caso concreto, las omisiones de la responsable de proveer en relación con el escrito inicial de demanda presentado el diez de octubre de dos mil veintitrés -actos negativos de carácter omisivo-, dada su naturaleza, no admiten suspensión. Por lo anterior procede NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a Raquel Pérez Montes, en términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo. Si se concediera no tendría los efectos jurídicos de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, mientras se resuelve el amparo. Tampoco sería jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Atendiendo a las consecuencias del reclamo, al agotarse la actitud de abstención de la autoridad, dicha medida otorgada coincidiría y dejaría sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, al no ser factible que después de acatar la suspensión derivado de la concesión que se otorgara, tal proceder pudiera continuar incluso una vez concluido el juicio de amparo. Sino que, como se dijo, se agota en un solo momento una vez vencida la actitud negativa de la responsable. No siendo posible asumir se trata de una violación directa y evidente porque será necesario conocer las circunstancias del caso para saber si existen motivos legales para omitir la emisión del pronunciamiento que se indica o incluso si éste ya se dio y las razones por las que pudiera no haber sido dado a conocer. Con ello, la suspensión así otorgada no permitiría a la parte quejosa alcanzar transitoria o provisionalmente un beneficio que finalmente pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal. Sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después. Sino que inevitablemente los efectos de la suspensión coincidirían con los de una eventual sentencia amparadora. Por lo que, atendiendo a las consecuencias de tal reclamo, sí se dejaría sin materia el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286, Tomo I, Libro 73, Materia Común, Diciembre 2019, registro 2021263, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". Esto no significa ni tiene el alcance de prohibir a la responsable dar cumplimiento a lo peticionado. Pero no es a través de la suspensión que se comande su ejercicio. El mandato está en el texto constitucional y será la sentencia de amparo la que ordene hacerlo si para cuando se emita queda demostrado existe y no ha cesado el estado de abstención. No sin dejar de mencionar que si los reclamos son ciertos y resultaren atendidos durante el trámite del juicio de amparo debe informarlo a la parte peticionaria y a este juzgado de Distrito por las consecuencias procesales que ello pueda tener en la litis constitucional. PRUEBAS. Se tiene como medios probatorios de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, la documental que anexó a su ocurso constitucional, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. ASPECTOS PROCESALES. En cuanto al domicilio, autorizados, consulta de expediente electrónico, notificaciones, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uso de medios electrónicos, expedición de copias, unidad de medida y actualización, habilitación de horas y días inhábiles y juicio en línea, deberá estarse al auto de radicación, donde se proveyó al respecto. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por *********, presentado a efecto de acatar la prevención efectuada en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés. En atención a sus manifestaciones, inicialmente es dable remembrar que en el citado proveído, se previno al promovente en los términos siguientes: "...Único. Justificar con documento idóneo [copia certificada] la personalidad de representante legal de* ***************." Lo anterior, puesto que el impetrante de amparo interpuso el escrito inicial de demanda ostentándose como representante legal de la directa quejosa *************. De la lectura del escrito de mérito, se advierte que el promovente manifiesta la imposibilidad que tiene la persona de quien se ostenta representante. Sin embargo, proporciona medios electrónicos de contacto mediante los cuales es posible entablar comunicación con la directa quejosa. Bajo ese tenor, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional a efecto que mediante el uso de la video conferencia se comuniquen a los números telefónicos que proporciona y, previo cercioramiento de la identidad de la persona, recabando su identificación al efecto, requieran a ****************, para que, al momento de la diligencia, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada por *********. Hecho que sea lo anterior, dese cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. En el entendido que para el caso de no ser posible recabar la ratificación de demanda, se continuará con la secuela procesal correspondiente [reanudándose el plazo concedido para cumplir con la referida prevención]. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que permite el uso de formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicación. Notifíquese, y vía telefónica a **************.".

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Héctor Ulises Orduña Hernández, ostentándose como representante legal de Raquel Pérez Montes; contra actos del Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar con sede en Cosamaloapan, Veracruz. Regístrese con el número 1097/2023-VII. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PREVENCIÓN. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo. Específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir a la persona promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda cuando incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan. Deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Por su parte, los artículos 11, párrafo primero, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo establecen: ARTÍCULO 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) Como se advierte de los preceptos invocados, si el gobernado acude en representación de otra persona o aduce tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, debe acreditar dicha representación. Así, se previene al promovente para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11, párrafo primero; 108, fracción I; 110; y, 114 de la Ley de Amparo, y las jurisprudencias que a continuación, por identidad jurídica se citan: 730, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA."; y 731, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO", emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 810 y 811, respectivamente del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Novena Época, con registros 1002795 y 1002797. En el proemio de la demanda y última página, se indica el promovente es Héctor Ulises Orduña Hernández, ostentándose representante legal de Raquel Pérez Montes. Sin embargo, omite exhibir documento con el cual acredite fehacientemente la personalidad con la que dice instar a nombre de la persona física mencionada. No se deja de advertir refiere ser representante legal de la directa quejosa cuya dolencia recae en la falta de acuerdo a su demanda incluyendo el dictado de medidas cautelares. Sin embargo, la acción de amparo regida por el principio de instancia de parte requiere que la persona signante del ocurso sea la directa agraviada. Si esto no es así, debe acreditar haber delegado representación legal en otra persona para permitirle acudir en su nombre al juicio constitucional. En consecuencia, el impetrante de derechos humanos deberá: Único. Justificar con documento idóneo [copia certificada] la personalidad de representante legal de Raquel Pérez Montes. Se apercibe al impetrante que en caso de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia. No se soslaya el promovente aduce tener reconocida la personalidad con que se ostenta en los autos de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F6ESP/1510/2019 del índice de la Fiscalía Sexta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y de Trata de Personas; en el juicio ordinario civil 971/2020 del Juzgado Décimo Cuarto Especializado en la Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; en el proceso penal 52/2020 de la Sala D del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral; y en la carpeta o expedientillo de enjuiciamiento número 76/2021 de la Sala E) del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral. Ello no resulta suficiente para satisfacer el requisito que establece el numeral 11 del antes citado ordenamiento, toda vez que tales autoridades no fueron señaladas en el ocurso constitucional como responsables. Y aunque es evidente no contara con documento emitido por el juez responsable justamente porque el reclamo es la falta de radicación de su juicio. Lo necesario para el juicio constitucional que intenta es acreditar la representación legal delegada en un acto jurídico válido, como lo sería un poder, o simplemente que la acción de amparo la signe directamente la quejosa. Se suma además, que la manifestación a que se refiere el citado numeral no le exime de cumplir con la obligación que impone en el sentido de acreditar su representación con las constancias respectivas. Máxime que la constancia anexa a la demanda, consistente en copia simple del escrito inicial presuntamente suscrito por Raquel Pérez Montes, no es idónea para reconocer el carácter de representante legal que ostenta. Porque inclusive aún bajo el supuesto de que se reclamara un acto dentro de juicio -claramente se entiende no es así- no cualquier autorizado por el juez tiene facultades para promover amparo, tal como sucede cuando la representación que se otorga es como abogado patrono. Por eso se insiste, debe exhibir documento que acredite la personalidad y promover directamente el amparo la quejosa. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su ocurso de demanda. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Para tal efecto se tiene los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene con tal carácter en términos amplios del ordinal 12 de la Ley reglamentaria, a Carlos Flores Hernández, Manuel Alberto Toledo Arroyo, Juan Israel Albarrán Mendoza, Juan Jesús Raya Martínez y Juan Francisco Raya Robles, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y a Miguel Lamberto Orduña Mendoza, Carlos Enrique Orduña Trujillo, Eva Leticia Orduña Trujillo, José Eduardo Mondragón Rodríguez, Juan Raya Palacios, Trinidad Estefanía Lechuga Ángel y Bertha Laura Calderón Vázquez, al contar con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Se tiene como autorizado con las restricciones que establece la última parte del segundo párrafo del dispositivo invocado a Roberto Gabriel Arrieta Escobar. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

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