Raquel Perales Anaya

Expediente 1257/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1257/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Raquel Perales Anaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, se resolvió: "ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable precisada en el considerando segundo; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo." Causa ejecutoria Se declara que la resolución dictada, con fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a ********************, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del pleno de la misma, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado de este auto, cumpla con la ejecutoria de amparo o en su caso, informe las gestiones que se encuentra realizando para dicho cumplimiento, resolución que fue concedida para que realice lo siguiente: "1. Emplace a la parte demandada en el juicio laboral ********************. 2. Dicte un acuerdo en el que señale fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral ********************, promovido por ******************** y ajustándose a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro de los quince días siguientes y lo notifique a las partes de manera oportuna, tomando todas las medidas necesarias." Apercibimiento autoridad responsable Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1257/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, Presidente, Secretario General y Secretario de Acuerdos, todos de la citada Junta, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al veintidós siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS,. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS,. LA SECRETARIA GENERAL DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS,. SECRETARIO DE ACUERDOS;...". ACTOS RECLAMADOS "1.- Lo constituye la denegación de justicia, al no EMPLAZAR a los demandados dentro del expediente ******************** radicado ante la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. 2.- Así mismo y como consecuencia de la anterior, el que no nos señalen fecha de audiencia bifásica desde el 13 de Marzo de 2021, para la celebración de la audiencia marcada en la Ley Federal del Trabajo..". SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y audiencia constitucional. Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 1257/2023-II, se desechó la demanda de amparo por cuanto hace a la Secretaría General y Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y se admitió la demanda de amparo por cuanto hace a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente adscrito a dicha Junta, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama una omisión de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos reclamados son: De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente adscrito a la citada Junta, se reclama: A) La omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral ********************. B) El señalamiento de fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ********************. TERCERO. Actos reclamados existentes. La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente adscrito a la citada Junta, al rendir el informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por cierto. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente adscrito a la citada Junta, al rendir su informe justificado manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse en virtud de que no existe una abierta dilación en el procedimiento; sin embargo, dicho argumento debe desestimarse porque la razón expuesta por la autoridad responsable, es decir, la falta de dilación procesal, constituye una cuestión relacionada con el fondo de este asunto; de ahí que su contestación no forme parte de la procedencia del juicio sino de su resolución definitiva. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con registro digital 187973, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, materia común, página 5, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". De igual manera, refirió que el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin embargo, omitió señalar la fracción que contiene la causa en la cual funda su petición, relacionándola con los argumentos que expresa en su informe; de ahí que este órgano de control constitucional está imposibilitado para realizar el análisis respectivo de los motivos de sobreseimiento, máxime que no es de obvia y de objetiva constatación. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174086, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Página 365, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Al no advertirse causa de improcedencia que se haga valer a petición de parte o que deba ser examinada de oficio, se impone al estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". En ese sentido, es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce, sustancialmente, que se transgrede en su perjuicio el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, en virtud de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente adscrito a la citada Junta, han sido omisos en llevar a cabo el emplazamiento de la parte demanda al juicio laboral ********************, promovido por ******************** y, en vía de consecuencia, señalar fuera de los plazos y términos que establece la Ley Federal de Trabajo, fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el citado expediente laboral. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que en ellos se consagra el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. El derecho humano en comento, conforme al criterio del Alto Tribunal, posibilita que toda persona, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceda de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos, a saber: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo lo antes citado, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2015591, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, Página 151, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS, Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Ahora bien, los artículos 750, 873 y 874 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "Artículo 750.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". "Artículo 873.- La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley". "Artículo 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente...". Los artículos 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen respectivamente, que el emplazamiento de la parte demandada debe efectuarse, por regla general, dentro de los cinco días siguientes a su fecha (es decir, a aquella en que se ordene) y, por excepción, con diez días de anticipación cuando menos a la audiencia de ley. Además, el citado artículo 873, impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado, guardando relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, sino notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, lo que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En materia de plazos se tiene que, conforme el propio artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para el señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se prevé que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se reciba la demanda. Ahora, en el caso se tiene que la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser la parte actora en el juicio laboral ********************, lo que se acredita con las copias certificadas del mencionado juicio remitidas por la Junta y Presidente responsables, por haber presentado demanda laboral el diez de octubre de dos mil diecisiete, cuyo conocimiento correspondió a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Ahora, de la documentales remitidas por la Junta responsable se advierte que en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés (foja 63), se señaló el siete de noviembre de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que no se advierte se hubiera llevado a cabo ni consten, dentro de las constancias que se remitieron, el emplazamiento a la parte demanda en el juicio laboral ********************. Ahora bien, en relación a las dilaciones presuntamente excesivas dentro de los procedimientos jurisdiccionales en la etapa previa al dictado de la resolución definitiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), señaló que, en materia laboral, para estimar actualizada la dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia por parte de las juntas, debe considerarse si han transcurrido cuarenta y días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, ya que, precisó, que ese periodo es el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, pues dicho numeral refiere el tiempo en el que la inactividad procesal por parte del trabajador provocaría la caducidad del procedimiento. La jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable en la Décima Época, Gaceta del Seminario de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Con base en el criterio transcrito y las constancias de autos citadas, se impone precisar si en el caso existe una dilación, la cual se estima sí se actualiza ya que si la demanda laboral se presentó el diez de octubre de dos mil diecisiete, conforme a la jurisprudencia citada se tiene que el plazo de quince días para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de ley concluyó el seis de noviembre de dos mil diecisiete y el término de cuarenta y cinco días transcurrió del siete de noviembre al veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, sin que las autoridades responsable hubieran emplazado a la parte demandada al juicio laboral ******************** y, en consecuencia celebrado la audiencia de ley, lo que implica un retraso en la substanciación y resolución del juicio. Lo anterior es así, pues como ya se dijo, la autoridad responsable excedió de los cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la presentación de la demanda laboral (diez de octubre de dos mil diecisiete), para emplazar a la parte demandada al juicio laboral ********************. Además de que con dicha omisión también ha infringido señalar, dentro de los términos y plazos que corresponde, día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es decir, dentro de los quince días siguientes al en que se reciba la demanda. Conductas que provocan una denegación de justicia, lo que constituye un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 Constitucional, pues la situación de que no se le administre justicia dentro de los plazos que señala la Ley Federal del Trabajo, deviene violatorio del derecho público subjetivo de pronta y expedita impartición de justicia, además de excederse el periodo de cuarenta y cinco días establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la existencia de una dilación excesiva. No se opone a lo aquí considerado las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable que expresó al momento de rendir su informe justificado en que expone que el motivo que dio origen al acto reclamado (omisión de emplazar a la parte demandada y el señalamiento de fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones), se atribuye a la excesiva carga de trabajo, pues dicha expresión debe desestimarse dado que esa condición de ninguna manera justifica el actuar de la responsable en perjuicio de la parte quejosa, ya que la carga de trabajo no la exime de cumplir con eficacia la función que desempeña respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Máxime si se tiene en cuenta que la demanda laboral se presentó el diez de octubre de dos mil diecisiete y a la fecha han transcurrido más de seis años sin que logre emplazar a la parte demandada y celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que ha implicado una dilación procesal que ha provocado inseguridad jurídica a las partes en el juicio, pues desde esa fecha no se ha logrado emplazar a la parte demandada al juicio laboral ******************** y, por ende, no se ha celebrado la audiencia de ley, transcurriendo más de los cuarenta y cinco días naturales, a que se refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hace evidente la falta de justificación del actuar de la Junta responsable. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, con registro digital 177266, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". En esa tesitura, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta, como se adelantó, fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la violación de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente adscrito a la citada Junta, al derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción de la quejosa, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando sexto. Así, se otorga el amparo a la quejosa en contra de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente adscrito a la citada Junta, para el efecto de que: 1. Emplace a la parte demanda en el juicio laboral ********************. 2. Dicte un acuerdo en el que señale fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral ********************, promovido por ******************** y ajustándose a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro de los quince días siguientes y lo notifique a las partes de manera oportuna, tomando todas las medidas necesarias. Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes determinado, lo establecido por la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, Página 732, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisada en el considerando segundo; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las diez horas con dos minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y, se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.****************************************Finalmente, se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, se ordenó la expedición del oficio correspondiente a la notificación a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, respecto de la ampliación hecha valer por la parte quejosa, sin que a la fecha, obre en autos el acuse respectivo.****************************************En consecuencia, se ordena la expedición de la citada comunicación, a efecto de que la autoridad responsable dé cumplimiento a lo ahí requerido, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especia Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del pleno de la misma, por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexo, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con los numerales 9° y 26, fracción II, inciso a) de la legislación aludida, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala. Notifíquese.

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