Raquel Osuna Santiago

Expediente 301/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
301/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
05/07/2019

Partes del expediente

  • Raquel Osuna Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese sin mayor pronunciamiento. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que signa la Juez del Juzgado de Primera Instancia, con residencia en El Rosario, Sinaloa, mediante el cual remite la declaración preparatoria y constancias relativas a la situación jurídica de la quejosa; ello, toda vez que el tres de julio del año en curso, causó ejecutoria el juicio de amparo 301/2019, del cual deriva la presente incidencia. Cúmplase.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de julio de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada ni de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Devolución de documento. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, tres de julio de dos mil diecinueve. I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad al artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  4. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos. Vista la certificación que antecede, donde se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la quejosa Raquel Osuna Santiago, para que otorgara como garantía la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida. Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que a partir de esta fecha la suspensión definitiva deja de surtir efectos; sin que ello implique que se deje sin materia el juicio en lo principal. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda exhibir la garantía hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados. Tiene aplicación la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, está ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados." (Octava Época; Registro: 212725; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIII, Mayo de 1994; Materia(s): Común; Tesis: I.5o.C.122 K; Página: 544). Asimismo, aplica la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible." (Décima Época; Registro: 2008029; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: I.3o.C.47 K (10a.); Página: 3040). III. Relación del estado procesal que guardan los autos. Ahora, vistos los presentes autos, de los que se advierte que no se tiene conocimiento si la quejosa Raquel Osuna Santiago, ya compareció ante el Juez de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa, para la continuación del proceso penal que se le instruye, tal como se le requirió en interlocutoria de cuatro de junio de dos mil diecinueve. IV. Requerimiento a la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación respectiva, remita copia de la referida constancia, y en su caso si ya resolvió respecto de la situación jurídica de la mencionada quejosa, y de ser así remita copias certificadas de las mismas. V. Apercibimiento. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, consistente en una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

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