Raquel Ortiz Gómez

Expediente 532/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
532/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Raquel Ortiz Gómez
  • Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en la omisión por parte de las autoridades responsables denominadas Director y Jefa del Departamento de Vigencia de Derechos, ambos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de emitir el correspondiente acuerdo de jubilación solicitado por la aquí quejosa el ocho de enero del año en curso. Ahora bien, de las constancias que remitieron las responsables en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiuno de agosto de la presente anualidad, se advierte que por acuerdo número 93202, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, resolvieron el Beneficio de Pensión por Jubilación: "En virtud de que se cumplen todos los requisitos establecidos en la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz y el reglamento de Prestaciones Institucionales, se otorga el beneficio de Pensión por Jubilación, solicitado por la C. Raquel Ortiz Gómez." Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. Con la referida constancia se acredita que la autoridad responsable desde el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitió el acuerdo respecto a la petición que la parte quejosa formuló en escrito presentado el ocho de enero de dos mil dieciocho. Ahora bien, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio sino que, también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, lo que no se advierte que las autoridades responsables hayan hecho, ya que si bien, en cumplimiento al requerimiento de auto de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, remitieron copia certificada de la factura de veintinueve de agosto de la presente anualidad, entregada a Correos de México a efecto de notificar a la aquí quejosa el mencionado acuerdo, lo cierto es que no existe constancia fehaciente de que se encuentre debidamente notificada; sin embargo, este órgano jurisdiccional mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dejó a vista de la parte quejosa la respuesta dada por las autoridades responsables a su solicitud, la cual fue notificada por lista de acuerdos el siete de septiembre siguiente, previo aviso que se le dejara en su domicilio, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con lo que se garantizó que tuviera conocimiento de la respuesta emitida con relación a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis: 2a./J. 36/99 de Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". (Lo subrayado es propio). Ahora, si se toma en consideración que se encuentra probado en autos que las autoridades responsables dieron respuesta a la parte quejosa respecto de la petición que les realizó mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil dieciocho y que dicha respuesta le fue notificada por este juzgado federal, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado, pues la pretensión de la parte quejosa fue que se proveyera en relación a su solicitud de otorgar el acuerdo de jubilación, lo cual quedó probado con la copia certificada de dicha constancia remitida por la autoridad responsable, respuesta que se le notificó el siete de septiembre del año en curso, por este órgano jurisdiccional (foja 59 vuelta), todo eso con posterioridad a la presentación de la demanda, por ende, se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" En otras palabras, si de lo que se dolía la quejosa era la falta de respuesta por parte de las autoridades responsables Director y Jefa del Departamento de Vigencia de Derechos, ambos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a la solicitud realizada por la aquí quejosa el ocho de enero de la presente anualidad y, acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dichas autoridades a efecto de que se pronunciaran respecto a su solicitud de otorgamiento del acuerdo de jubilación; luego, al existir constancia de que ya se emitió el mismo, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, y que dicha respuesta le fue notificada por este juzgado federal con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Lo anterior es así, debido a que la actuación de las responsables en dar respuesta a lo peticionado por la parte quejosa y la notificación correspondiente, implica la desaparición total de la omisión reclamada, pues al hacerse de conocimiento de la parte quejosa la respuesta que se dio a la solicitud que formuló, la restituyó en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causal de improcedencia analizada. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Apoderado Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual devuelve el oficio dirigido a la autoridad Apoderado Legal del Director General y del Jefe del Departamento de Vigencia de Derechos ambos de Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mismo que fue entregado de forma errónea a la dependencia a la que pertenece. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la autoridad señalada en segundo término ya dio cumplimiento a lo requerido en el citado oficio.

  4. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Apoderado Legal del Director General y del Jefe del Departamento de Vigencia de Derechos, ambos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, remite copia certificada de la factura entregada a correos de México a efecto de notificar a la quejosa Raquel Ortiz Gómez el acuerdo número 93202, emitido por la Subdirectora de Prestaciones Institucionales, Jefa del Departamento de Vigencia de Derechos y Encargado de la Oficina de Seguridad Social en el que se otorga el beneficio de Pensión por Jubilación solicitada por la citada quejosa, désele vista para que manifieste lo que a sus intereses legales convenga.

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