Raquel o Raquel Alvira Aldo

Expediente 256/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
256/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
07/06/2016

Partes del expediente

  • Raquel o Raquel Alvira Aldo
  • Albert Aldo JR o Albert Erwin Aldo Jr y Otros.
  • Albert Aldo JR o Albert Erwin Aldo Jr

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 85/2016, con número de orden 104/2016, deducido del juicio de amparo en que se actúa, el cual se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado emplazara al tercero interesado Empresa Cantex Enterprises, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo anterior sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de tres de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio por haber cesado los efectos de acto reclamado.

  2. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis (fojas 62 a 66), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. En razón de ello, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a solicitar la devolución de las copias certificadas de las escrituras doscientos cincuenta de doce de julio de dos mil once, y novecientos ochenta y seis de diecinueve de junio de dos mil doce, que anexó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrá ser destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la apoderada legal de los quejosos, mediante el cual solicita la devolución de la copia certificada de las escrituras doscientos cincuenta de doce de julio de dos mil once, y novecientos ochenta y seis de diecinueve de junio de dos mil doce, que anexó a su escrito inicial de demanda; en atención a su solicitud, estése a lo acordado mediante proveído de catorce de abril del año en curso, en el que se autorizó la devolución de los documentos de referencia.

  4. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cuatro de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de tres de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por la Magistrada Titular de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y remite lo siguiente: Copias certificadas del toca civil numero 186/2015, de su índice. Documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, debe destacarse que el presente juicio de amparo fue promovido por Kira Iris San, en su carácter de apoderada legal de los quejosos Albert Aldo Jr alias Albert Erwin Aldo Jr y Raquel Aldo alias Raquel Alvira Aldo contra actos de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, a quien le atribuyó el acto reclamado siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: 1. La omisión de dictar resolución en el recurso de apelación interpuesto contra sentencia definitiva de fecha 09 de septiembre de 2015, en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 1314/2012 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo." Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda, se observa que los promoventes por conducto de su apoderada legal, se duelen de la omisión de que se dicte resolución en el recurso de apelación, dentro del toca número 186/2015. Por tal motivo, en auto de catorce de abril de dos mil dieciséis (fojas 24 a 27), se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación. En cumplimiento a lo anterior, la Magistrada Titular de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que si es cierto el acto que le imputaron los quejosos por conducto de su apoderada legal, lo que se corrobora con el escrito de demanda que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el trece de abril de dos mil dieciséis, tal como se advierte de la papeleta de turno, en tanto que la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el nueve de septiembre de dos mil quince, por el Secretario en funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, dentro del toca civil 186/2015, se realizó hasta el veintidós de abril del año en curso, se colige que la omisión de la que se duelen los quejosos sí existía al momento en que se instó la acción constitucional y, por tanto, el acto reclamado es existente. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable en su oficio de cuenta, consistente en la resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del toca civil 186/2015 de la cual se advierte que a la fecha de presentación del juicio de amparo sí existía el acto reclamado por los aquí quejosos por conducto de su apoderada legal, acuerdo en el que determinó lo siguiente: "- - -Chetumal, Quintana Roo, a veintidós de abril del año dos mil dieciséis. VISTO: Para resolver el toca civil citado al rubro, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada el nueve de septiembre del año dos mil quince por el Secretario en funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, en el Juicio Ordinario Civil de cumplimiento de contrato radicado bajo el número de expediente 1314/2012, y: [.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RESUELVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se MODIFICA la resolución impugnada en esta instancia conforme lo establecido en el último considerando de la presente resolución.- - - - SEGUNDO.- Remítase testimonio de esta resolución al Juagado de origen junto con el expediente original para los efectos legales correspondientes. - - - TERCERO.- Notifíquese Personalmente y Cúmplase. En su oportunidad archívese el toca como asunto concluido. [.]". En esa tesitura, al haberse dictado la sentencia de veintidós de abril de dos mil dieciséis, dentro del toca civil 186/2015, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos, se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto al acto que señaló la apoderada legal de los quejosos Albert Aldo Jr alias Albert Erwin Aldo Jr y Raquel Aldo alias Raquel Alvira Aldo. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la Magistrada Titular de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dictó la resolución en el que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos en su juicio de origen dentro del toca civil 186/2015, y les fue notificado a los quejosos mediante sello de veintiséis de abril del año en curso, para su conocimiento y, en segundo lugar, al haber dictado la sentencia las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegaron por esta vía los hoy quejosos por medio de su apoderada legal. Por tanto, se colige que en ese contexto cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión que le imputó a la Magistrada Titular de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, conviene precisar, que no es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho que por auto de catorce de abril de dos mil dieciséis (fojas 24 a 27), se tuvo como tercero interesado a la Empresa Cantex Enterprises Sociedad Anónima de Capital Variable, y que no obra en autos el exhorto por virtud del cual se le mando a emplazar al presente asunto, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes analizada, se produjo el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, determinación que en nada perjudica al referido tercero interesado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.". Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis.

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