Raquel Muñoz de la Peza

Expediente 1766/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 43 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1766/2019
Año
2019
Actuaciones
43
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Raquel Muñoz de la Peza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintidós. Se agrega en autos el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual, solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y la devolución de los documentos que exhibió como anexos a la demanda de amparo; debiéndose estar a lo acordado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en que se proveyó favorablemente la misma solicitud. Notifíquese a la parte quejosa por lista que se fije en los estados, de conformidad con lo ordenado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el escrito signado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual, solicita la devolución de los documentos exhibidos en la demanda de amparo y se le expida a su costa copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del auto por que causó ejecutoria; tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del código en cita, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, en el entendido de que la persona que se presente a recogerlas, deberá exhibir original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual, previo cotejo que se realice será glosada en autos. Se hace de su conocimiento que el horario para la expedición de dichas copias, será de las trece horas con quince minutos a las dieciséis horas de lunes a viernes; lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en éste Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, en el entendido que deberá agendar una cita en términos de lo previsto en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para acudir a las instalaciones de éste juzgado a fin recoger las copias solicitadas, en los días y horas indicados. Asimismo, se hace de su conocimiento que en el caso de que no sea posible concluir la entrega de las copias solicitadas dentro del horario correspondiente a su cita, cuya duración máxima será de veinticinco minutos, conforme al artículo 6 del citado Acuerdo General 21/2020, derivado de la carga de trabajo del centro de fotocopiado o del volumen de las constancias respectivas, aunado al horario restringido de labores presenciales de este órgano jurisdiccional, deberá programar una cita posterior para su entrega. Notifíquese, a la parte quejosa por lista que se fije en los estados, de conformidad con lo ordenado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por lo que se declara que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Asimismo, glósese impresión con evidencias criptográficas del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dichos documentos y previo desglose de los mismos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo de referencia, en relación con el punto 7.6, tercer párrafo del Manual. En el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Notifíquese, a la parte quejosa por lista que se fije en los estados, de conformidad con lo ordenado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, y vía interconexión al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído cinco de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, procede resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).(Registro: 192174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, página: 243) En ese orden de ideas, del estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión número R.A. 11/2021, mediante sesión de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la que determinó modificar la sentencia el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por este juzgado, y concedió el amparo y protección, para los siguientes efectos: "En consecuencia, al resultar inconstitucional el artículo 12, último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio dos mil nueve, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, a Raquel Muñoz de la Peza, en cuanto a su aplicación presente y futura. Al respecto, se cita la jurisprudencia 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. (Registro: 192846, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19) El amparo concedido se hace extensivo respecto de los oficios números DRO/SP/DPSH/8040/2019 de quince de noviembre de dos mil diecinueve y DRO/SP/DPSH/8041/2019 de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, atribuidos al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que realice lo siguiente: a) Deje de aplicar, en el caso concreto, en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, inciso a), segundo y último párrafos, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Emita un nuevo oficio en el que permita a la quejosa disfrutar de sus pensiones por viudez y por jubilación de manera íntegra. c) En su caso, ordene el pago total de las cantidades que correspondan a la hoy parte quejosa, por las pensiones a que tiene derecho y que, de ser el caso, no le han sido cubiertas desde que se generó el derecho o le fueron descontadas por concepto de incompatibilidad, así como los intereses que correspondan, los cuales deberán calcularse de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va a efectuar el reintegro y, en caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje; en el entendido de que, dichas cantidades deberán ser calculadas conforme al salario mínimo general vigente, y no así, con la unidad de medida de actualización (UMA), tal como lo dispone la jurisprudencia I.18o.A. J/8 (10a.), que dispone: UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). NO PUEDE APLICARSE PARA DETERMINAR LA CUOTA DIARIA O LA LIMITANTE DE PAGO DE UNA PENSIÓN, POR TRATARSE DE PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL REGIDAS POR EL SALARIO MÍNIMO. Con motivo del Decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la Unidad de Medida y Actualización para esos fines, reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de atender para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible. (Registro: 2020651, Décima Época, Tribunales Colegiado de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1801) En ese sentido, se advierte que el órgano colegiado referido, determinó modificar la misma en los siguientes términos: Derivado de lo anterior, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debe: ? Dejar de aplicar, en el caso concreto, en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, inciso a), segundo y último párrafos, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Emitir un nuevo oficio en el que permita a la quejosa disfrutar de sus pensiones por viudez y por jubilación de manera íntegra. ? En su caso, ordenar el pago total de las cantidades que correspondan a la hoy parte quejosa, por las pensiones a que tiene derecho y que, de ser el caso, no le han sido cubiertas desde que se generó el derecho o le fueron descontadas por concepto de incompatibilidad, así como los intereses que correspondan, los cuales deberán calcularse de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va a efectuar el reintegro y, en caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje; en el entendido de que, dichas cantidades deberán ser calculadas conforme al salario mínimo general vigente, y no así, con la unidad de medida de actualización (UMA), tal como lo dispone la jurisprudencia I.18o.A. J/8 (10a.). Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en este juzgado el trece de julio del año en curso, la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Delegación Regional Oriente de la Ciudad de México, remitió copia del oficio SP/F/JEF/3824/2021, de veintinueve de junio del año en curso, por el cual el Subdelegado de Prestaciones en la Delegación Regional Zona Oriente, determinó dejar de aplicar a la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, inciso a), segundo y último párrafos, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; asimismo, informó a la quejosa que podrá disfrutar de sus pensiones por viudez 1717376 y por jubilación 1673460 de manera íntegra, finalmente ordenó que se le reintegrara la cantidad de $362,612.19 (trescientos sesenta y dos mil seiscientos doce pesos 19/100 moneda nacional), por concepto de cantidades que en su momento le fueron deducidos por los diversos conceptos "48 COMPATIBILIDAD" y "54 COBRO INDEBIDO DE PENSIÓN". En esa tesitura, mediante oficio registrado con número de correspondencia 12228, la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la zona Oriente en la Ciudad de México, remitió original de la comparecencia de veintinueve de julio del año en curso, de la cual se advierte que la quejosa Raquel Muñoz de la Peza, recibió el original del cheque 0025581 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $362,612.19 (trescientos sesenta y dos mil seiscientos doce pesos 19/100 moneda nacional). En ese orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector en sus términos, por lo que se concluye que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Notifíquese a la quejosa por lista de conformidad con lo ordenado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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