Raquel Mota Rodríguez

Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
886/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Raquel Mota Rodríguez
  • Sindico Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit

Actuaciones

  1. Principal

    "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alicia Estrella González, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y Secretaría de Administración y Finanzas, consistentes en la aplicación y ejecución de los normativos reclamados, a través del descuento realizado a su cobro como pensionada de la aportación al fondo de pensiones del estado identificada como "concepto 504" que realizan de manera quincenal; de conformidad con lo expuesto en el considerado tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alicia Estrella González, respecto de los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Nayarit, consistentes en la discusión, expedición y promulgación de los artículos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete, que prevé la aportación de los trabajadores en activo y pensionados al fondo de pensiones identificada como "concepto 504" y de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, consistente en la aplicación y ejecución de los normativos reclamados, a través del descuento realizado a su cobro como pensionada de la aportación al fondo de pensiones del estado identificada como "concepto 504" que realizan de manera quincenal; por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia."

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, y anexos que acompaña, contra actos del Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 886/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgador Federal advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que esta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, la causal de improcedencia que se actualiza de forma manifiesta e indudable es la prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso legal ordinario mediante el cual podía ser modificado, revocado o nulificado el acto materia de reclamo; por lo que al no hacerlo, es improcedente admitir la demanda que nos ocupa. Dicho numeral y fracción, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". De la intelección de ese precepto legal y su correspondiente fracción, se observa que se establece el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual este resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de los derechos fundamentales. Así, el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el propio artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Como puede advertirse la regla general de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, siempre y cuando no se surta alguna de las excepciones constitucionales, legales o jurisprudenciales al principio de definitividad, las cuales se recopilan en la tesis LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que este regula no se contempla su existencia". Establecido lo anterior, es posible arribar a la conclusión que, en este caso, se está en la hipótesis de que la parte impetrante antes de acudir al amparo, estaba obligada en estricto apego al principio de definitividad a agotar el recurso dentro del procedimiento laboral, por virtud del cual podía ser modificada, revocada o nulificada la determinación reclamada. Para justificar lo anterior, es oportuno traer a colación la jurisprudencia 2a./J. 52/2018(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1681, del Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva solo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Como puede advertirse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, sostuvo que la determinación dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor la finaliza, y en consecuencia, contra el auto referido procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en cuenta la directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el acto reclamado se emitió por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, es claro que en este caso, de manera notoria y manifiesta, opera la causal de improcedente aludida, porque si en el supuesto, el acto reclamado se hace consistir en el proveído emitido el quince de junio del presente año dentro del expediente laboral 608/2014, mediante el cual se actualizó la cantidad a pagar mediante acuerdo sin que mediara incidente, y ordenó la materialización de una multa en el periodo de ejecución dentro del laudo dictado dentro de dicho juicio laboral; es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual tiene aplicación supletoria al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, en términos de su artículo 12, que dispone: "Artículo 12.- Los casos no previstos en la presente ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo a los principios generales de Justicia Social derivados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia, los tratados, los principios generales de derecho y en su defecto, se recurrirá a la costumbre o a la equidad". Para justificar tal afirmación, es pertinente acudir a los requisitos de supletoriedad de leyes, por ser el tema que nos ocupa, los cuales según la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1065, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE"; son los siguientes: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. En el caso, se cumple con dichos requisitos, pues con relación al primero, cabe referir que tanto el artículo 12 previamente transcrito como el artículo III transitorio,1 ambos del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit aplicable al caso, prevé la posibilidad de acudir a la Ley Federal del Trabajo para los casos no previstos en aquella, en cuanto no lo contravenga. Luego, el requisito b) también se encuentra satisfecho porque ese Estatuto Jurídico no contempla el recurso de revisión contra actos emitidos en ejecución de laudos. El vacío legislativo referido en el párrafo anterior, sin duda hace necesaria la aplicación de una norma que la complemente, como lo es el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que dicho precepto legal sí regula la cuestión jurídica de mérito, por ende, también se cumple con el requisito c). Aunado a lo anterior, no se advierte que tal disposición normativa ?artículo 849? contraríe el ordenamiento legal que se busca complementar; por consiguiente, también se cumple con el cuarto requisito contenido en el inciso d). 1 "III.- Lo no previsto por este Estatuto, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en cuanto no lo contravenga". Por tanto, es jurídicamente válido aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 849 prevé el recurso de revisión de que se trata; pues dicho dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Por otra parte, pese que el auto reclamado se trata de una determinación que aun cuando no declaró cumplida la condena decretada en el laudo, lo cierto es que se emitió en el periodo de ejecución, lo cual como lo indicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.) de la que se ha dado noticia previamente, la hace recurrible conforme a la teleología del precepto en cuestión, pues, además, la expresión "en ejecución de los laudos", utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento; lo cual sí acontece en el caso a estudio, al tratarse de un auto emitido precisamente en esa fase de ejecución dentro del referido expediente laboral. De manera que en la especie, al no agotarse por parte de la impetrante del amparo ese medio ordinario de defensa existente; es inconcuso que ello hace improcedente el juicio biinstancial. Lo anterior, pues el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga a la quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, los cuales deben entenderse referidos solo a aquellos claramente procedentes conforme la ley respectiva; por tanto, si en el caso concreto el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje emite una resolución en la etapa de ejecución del laudo y contra la misma la ley establece que procede el recurso de revisión, es inconcuso que al no agotarse, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Habida cuenta que en la especie, no se surte ninguno de los casos de excepción que prevé esa fracción, dado que el acto reclamado no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión; ni autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; ni en resoluciones que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; ni orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos; ni se trata el acto reclamado del auto de vinculación a proceso; y menos aún se actualiza alguna de las excepciones constitucionales o jurisprudenciales. Tampoco se trata de que el impetrante sea persona extraña al procedimiento natural dado que del escrito de demanda, específicamente del capítulo de antecedentes, se advierte lo siguiente: "1. Se emitió laudo por parte de este H. Tribunal dentro del Juicio Laboral burocrático señalado a rubro superior derecho; laudo que quedó firme. En el mismo se condenó al Ayuntamiento de Tepic, el pago de prestaciones a favor de la trabajadora (aquí tercera interesada). 2. El 30 agosto del 2019, se dicta resolución interlocutoria que resolvió incidente de liquidación, determinándose que debía pagarse la cantidad de $440,352.94. 3. Mediante proveído de fecha 15 de junio de 2021, el Presidente Arbitro de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, ordeno el pago de una supuesta actualización de la cantidad a pagar, $722,557.87, sin que mediara incidente de liquidación ni resolución interlocutoria firme." De donde se colige que, el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, es parte demandada en el juicio natural y fue condenada en él, y en ese sentido, su Síndico Municipal, quedó vinculado a su cumplimiento, lo que lleva a concluir que el servidor público que ostenta dicho cargo (RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ), se encuentra también integrado a la relación jurídica procesal, por ser precisamente la persona que ostenta tal carácter, y porque se entiende que la multa impuesta fue a esa persona física, por ende, se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad. Por consiguiente, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.5 L, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1731, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo." Orienta el criterio del suscrito resolutor la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver la queja 11/2020, derivado del juicio de amparo indirecto 2670/2019 del índice de este juzgado. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo, y como autorizado en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Rodríguez Robles, Jessica Sarahí López y a Perla Isabel Orozco Magaña, en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a las personas que indican, toda vez que los mismos no tienen registrada cédula alguna que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, ó cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, por conducto de la autorizada que para tal efecto autoriza, previa toma de razón que se deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar el trámite de recepción, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, y anexos que acompaña, contra actos del Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 886/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgador Federal advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que esta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, la causal de improcedencia que se actualiza de forma manifiesta e indudable es la prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso legal ordinario mediante el cual podía ser modificado, revocado o nulificado el acto materia de reclamo; por lo que al no hacerlo, es improcedente admitir la demanda que nos ocupa. Dicho numeral y fracción, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". De la intelección de ese precepto legal y su correspondiente fracción, se observa que se establece el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual este resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de los derechos fundamentales. Así, el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el propio artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Como puede advertirse la regla general de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, siempre y cuando no se surta alguna de las excepciones constitucionales, legales o jurisprudenciales al principio de definitividad, las cuales se recopilan en la tesis LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que este regula no se contempla su existencia". Establecido lo anterior, es posible arribar a la conclusión que, en este caso, se está en la hipótesis de que la parte impetrante antes de acudir al amparo, estaba obligada en estricto apego al principio de definitividad a agotar el recurso dentro del procedimiento laboral, por virtud del cual podía ser modificada, revocada o nulificada la determinación reclamada. Para justificar lo anterior, es oportuno traer a colación la jurisprudencia 2a./J. 52/2018(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1681, del Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva solo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Como puede advertirse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, sostuvo que la determinación dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor la finaliza, y en consecuencia, contra el auto referido procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en cuenta la directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el acto reclamado se emitió por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, es claro que en este caso, de manera notoria y manifiesta, opera la causal de improcedente aludida, porque si en el supuesto, el acto reclamado se hace consistir en el proveído emitido el quince de junio del presente año dentro del expediente laboral 608/2014, mediante el cual se actualizó la cantidad a pagar mediante acuerdo sin que mediara incidente, y ordenó la materialización de una multa en el periodo de ejecución dentro del laudo dictado dentro de dicho juicio laboral; es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual tiene aplicación supletoria al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, en términos de su artículo 12, que dispone: "Artículo 12.- Los casos no previstos en la presente ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo a los principios generales de Justicia Social derivados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia, los tratados, los principios generales de derecho y en su defecto, se recurrirá a la costumbre o a la equidad". Para justificar tal afirmación, es pertinente acudir a los requisitos de supletoriedad de leyes, por ser el tema que nos ocupa, los cuales según la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1065, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE"; son los siguientes: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. En el caso, se cumple con dichos requisitos, pues con relación al primero, cabe referir que tanto el artículo 12 previamente transcrito como el artículo III transitorio,1 ambos del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit aplicable al caso, prevé la posibilidad de acudir a la Ley Federal del Trabajo para los casos no previstos en aquella, en cuanto no lo contravenga. Luego, el requisito b) también se encuentra satisfecho porque ese Estatuto Jurídico no contempla el recurso de revisión contra actos emitidos en ejecución de laudos. El vacío legislativo referido en el párrafo anterior, sin duda hace necesaria la aplicación de una norma que la complemente, como lo es el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que dicho precepto legal sí regula la cuestión jurídica de mérito, por ende, también se cumple con el requisito c). Aunado a lo anterior, no se advierte que tal disposición normativa ?artículo 849? contraríe el ordenamiento legal que se busca complementar; por consiguiente, también se cumple con el cuarto requisito contenido en el inciso d). 1 "III.- Lo no previsto por este Estatuto, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en cuanto no lo contravenga". Por tanto, es jurídicamente válido aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 849 prevé el recurso de revisión de que se trata; pues dicho dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Por otra parte, pese que el auto reclamado se trata de una determinación que aun cuando no declaró cumplida la condena decretada en el laudo, lo cierto es que se emitió en el periodo de ejecución, lo cual como lo indicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.) de la que se ha dado noticia previamente, la hace recurrible conforme a la teleología del precepto en cuestión, pues, además, la expresión "en ejecución de los laudos", utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento; lo cual sí acontece en el caso a estudio, al tratarse de un auto emitido precisamente en esa fase de ejecución dentro del referido expediente laboral. De manera que en la especie, al no agotarse por parte de la impetrante del amparo ese medio ordinario de defensa existente; es inconcuso que ello hace improcedente el juicio biinstancial. Lo anterior, pues el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga a la quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, los cuales deben entenderse referidos solo a aquellos claramente procedentes conforme la ley respectiva; por tanto, si en el caso concreto el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje emite una resolución en la etapa de ejecución del laudo y contra la misma la ley establece que procede el recurso de revisión, es inconcuso que al no agotarse, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Habida cuenta que en la especie, no se surte ninguno de los casos de excepción que prevé esa fracción, dado que el acto reclamado no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión; ni autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; ni en resoluciones que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; ni orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos; ni se trata el acto reclamado del auto de vinculación a proceso; y menos aún se actualiza alguna de las excepciones constitucionales o jurisprudenciales. Tampoco se trata de que el impetrante sea persona extraña al procedimiento natural dado que del escrito de demanda, específicamente del capítulo de antecedentes, se advierte lo siguiente: "1. Se emitió laudo por parte de este H. Tribunal dentro del Juicio Laboral burocrático señalado a rubro superior derecho; laudo que quedó firme. En el mismo se condenó al Ayuntamiento de Tepic, el pago de prestaciones a favor de la trabajadora (aquí tercera interesada). 2. El 30 agosto del 2019, se dicta resolución interlocutoria que resolvió incidente de liquidación, determinándose que debía pagarse la cantidad de $440,352.94. 3. Mediante proveído de fecha 15 de junio de 2021, el Presidente Arbitro de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, ordeno el pago de una supuesta actualización de la cantidad a pagar, $722,557.87, sin que mediara incidente de liquidación ni resolución interlocutoria firme." De donde se colige que, el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, es parte demandada en el juicio natural y fue condenada en él, y en ese sentido, su Síndico Municipal, quedó vinculado a su cumplimiento, lo que lleva a concluir que el servidor público que ostenta dicho cargo (RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ), se encuentra también integrado a la relación jurídica procesal, por ser precisamente la persona que ostenta tal carácter, y porque se entiende que la multa impuesta fue a esa persona física, por ende, se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad. Por consiguiente, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.5 L, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1731, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo." Orienta el criterio del suscrito resolutor la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver la queja 11/2020, derivado del juicio de amparo indirecto 2670/2019 del índice de este juzgado. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo, y como autorizado en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Rodríguez Robles, Jessica Sarahí López y a Perla Isabel Orozco Magaña, en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a las personas que indican, toda vez que los mismos no tienen registrada cédula alguna que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, ó cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, por conducto de la autorizada que para tal efecto autoriza, previa toma de razón que se deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar el trámite de recepción, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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