Raquel Molina Vargas
Expediente 432/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raquel Molina Vargas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrido el auto de catorce de junio pasado, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Se toma nota que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. Por lo que, en cumplimiento al artículo 20, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años; contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el oficio suscrito por la Juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la base Apaseo el Grande, perteneciente a la sede Celaya, por medio del cual, rinde su informe justificado; y al efecto remite copia certificada del disco versátil digital que contiene diversas actuaciones que conforman el juicio ********************, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de su análisis, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." ****************************************El necesario análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a hojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada."********************A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela en su libro "El Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1997, página 467, expresa en relación a la mencionada causa de improcedencia, que "el acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción."********************De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada.********************Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del garante, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************Se sostiene que en el presente caso opera la causal de improcedencia señalada, porque en la especie, el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido por la Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Jugado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Celaya, Base Apaseo el Grande, Guanajuato, en el expediente ********************, por el que fijó como fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral las nueve horas con quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.******************** Sin embargo, del análisis efectuado a las constancias que allegó la responsable, a las cuales el suscrito les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el acto reclamado en esta instancia fue combatido mediante recurso de revocación, mismo que fue resuelto el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar la resolución sujeta a impugnación, es decir, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés.********************Lo anterior evidencia que cesaron los efectos de la resolución que constituye el acto reclamado, habida cuenta que fue legalmente sustituida por la diversa de tres de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por la ahora responsable, y que es la que actualmente rige.*********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio suscrito por la Juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la base Apaseo el Grande, perteneciente a la sede Celaya, por medio del cual, rinde su informe justificado; y al efecto remite copia certificada del disco versátil digital que contiene diversas actuaciones que conforman el juicio ********************, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de su análisis, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." ****************************************El necesario análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a hojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada."********************A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela en su libro "El Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1997, página 467, expresa en relación a la mencionada causa de improcedencia, que "el acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción."********************De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada.********************Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del garante, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************Se sostiene que en el presente caso opera la causal de improcedencia señalada, porque en la especie, el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido por la Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Jugado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Celaya, Base Apaseo el Grande, Guanajuato, en el expediente ********************, por el que fijó como fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral las nueve horas con quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.******************** Sin embargo, del análisis efectuado a las constancias que allegó la responsable, a las cuales el suscrito les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el acto reclamado en esta instancia fue combatido mediante recurso de revocación, mismo que fue resuelto el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar la resolución sujeta a impugnación, es decir, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés.********************Lo anterior evidencia que cesaron los efectos de la resolución que constituye el acto reclamado, habida cuenta que fue legalmente sustituida por la diversa de tres de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por la ahora responsable, y que es la que actualmente rige.*********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho y como representante del menor de iniciales ***********., calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad en Materia Penal, de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 432/2023-I. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su informe justificado, al que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuyen. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp No se forma incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario **************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, al contar con cédula profesional número ************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y autorizando en términos restringidos del numeral antes citado a Ignacio López Pérez, por no contar con cédula registrada en el sistema antes señalado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en el cuaderno incidental derivado del mismo, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. A fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. Finalmente, en términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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