Raquel Mireles Buendía
Expediente 893/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Raquel Mireles Buendía
Actuaciones
- Principal
Causado estado el auto que tuvo por desechadad la demanda de amparo. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, en el entendido de que el mismo es susceptible de destrucción, la que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA RAQUEL MIRELES BUENDIA, LA RESOLUCIÓN DE 11 DE JULIO DE 2016. EN LOS TÉRMINOS DEL AVISO QUE SE DEJÓ CON FECHA 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL DOMICILIO Y DEL QUE OBRA EN AUTOS, Y AL TENOR DE LA SIGUIENTE SÍNTESIS "...Ahora bien, como el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechara de plano, sin suspender el acto reclamado; se procede a analizar sobre la procedencia o no de la misma. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que con relación a los actos reclamados en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior, esto es, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, la interpretación del referido precepto legal, permite establecer que, por regla general, el juicio de garantías en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial, que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora, en tratándose de remates, conforme a dicho numeral, resulta procedente únicamente en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, la cual, conforme al propio precepto legal, es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, siendo importante destacar, que dicha regla de procedencia, fue introducida por el legislador de manera expresa, en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, el primer acto reclamado lo constituye el auto de catorce de junio del año en curso del índice de la autoridad responsable, dentro del expediente del juicio ejecutivo mercantil 1560/2013 en que se declara que la interlocutoria respecto a los intereses moratorios, causó ejecutoria, por lo que la requiere para que dentro del término de tres días dé cumplimiento voluntario, apercibiéndola que de no hacerlo, se pasaría a la etapa de ejecución, acto que reclama por vicios propios. Como puede verse, dicho acto, no se trata de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio de origen, ni se puede considerar dentro de los supuestos de excepción antes precisados, y tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación por no afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia. En efecto, para que sea procedente el juicio constitucional, pues en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, aquella es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, no se puede considerar dentro de los supuestos de excepción antes precisados, y tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación por no afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia. Lo anterior, porque como se dijo, el juicio de donde deriva dicha resolución, se encuentra en etapa de ejecución, y los efectos de la resolución que se pretende combatir, se traducen en que la interlocutoria que aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios, se encuentre firme, por lo que requiere a la parte aquí quejosa, por el cumplimiento voluntario, apercibiéndola que de no hacerlo, se pasaría a la etapa de ejecución. Lo que en todo caso se traducen en cuestiones meramente procesales, dado que la parte quejosa estará en aptitud de hace valer lo que estime conveniente hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva. Por otro lado, respecto al segundo acto reclamado, relativa a la determinación de la responsable, de tener a la parte actora por acompañando el certificado de libertad de gravamen, y al considerar que la cantidad líquida de la condena, es superior al valor de los bienes embargados (previamente valuados) adjudicó de manera directa el inmueble ubicado, y además requirió a la quejosa para que dentro del término de tres días otorgara la escritura de propiedad, apercibida que de no hacerlo, el Juzgado lo haría en su rebeldía, y por último, giró oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, para que cancelara el gravamen. Procedimiento en el que, se insiste, la quejosa es parte demandada. De lo anterior se desprende que el acto reclamado no se trata de la resolución definitiva en la etapa de remate, ni se puede considerar dentro de los supuestos de excepción antes precisados, y tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación por no afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señaló la quejosa, se constata que el acto reclamado está inmerso dentro de la etapa de remate, en donde aún no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Bajo esa perspectiva, el acto reclamado no constituye el último acto dictado en la etapa de remate, para que sea procedente el juicio constitucional, en virtud de que como quedó de manifiesto con antelación, el juicio de donde deriva dicha resolución, se encuentra en etapa de ejecución, dentro del procedimiento de remate, en donde se ordenó la adjudicación directa, y requirió a la demandada por el otorgamiento de la escritura de propiedad; por ende, en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, si se trata de actos dentro del procedimiento de remate sólo podrá promoverse el amparo contra la determinación que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; por lo que es evidente que la acción de amparo se torna improcedente de momento, en contra de los actos que se desarrollen en su conformación. Tampoco puede considerarse que el acto reclamado, esté dentro de los supuestos de excepción antes precisados, y tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación por no afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia, ya que la consecuencia del acto reclamado, sólo incide en la ejecución de las sentencias. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, éste último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías...".
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