Raquel Manuel Alcázar
Expediente 345/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raquel Manuel Alcázar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, para los efectos legales procedentes. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el término legal de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, con registro 192174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Raquel Manuel Alcázar el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que: ".I) Como no se constató que Yadira Miguel Morales -defensora pública del impetrantecontara con cédula profesional de licenciada en derecho y que ésta estuviera registrada ante la responsable, en audiencia formal en la que se cite a las partes, deberá verificar que quien asistió al aquí quejoso cuente con dicha calidad. II) Si del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciada en derecho o abogada debidamente registrada, de ello dejará constancia en la misma audiencia y, por lo tanto, deberá informar en ese momento a las partes que queda subsistente todo lo actuado en las diversas audiencias de diecinueve, veinticuatro y veinticinco de mayo del año en curso, así como la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. III) Si por el contrario, resulta que la defensora no era licenciada en derecho, deberá dejar sin efectos las referidas audiencias de diecinueve, veinticuatro y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, así como la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, relativas a la causa penal 361/2019, por lo que deberá proceder a desahogar nuevamente la audiencia inicial, en la cual deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar un defensor particular u opta por señalar a uno público, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que: IV) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. V) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias." Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento al Juez responsable, residente en esta ciudad. Por tal motivo mediante oficio PJEO/CJ/JCSC/O866/2021-J, firmado por el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, residente en esta ciudad, remitió para tal efecto un DVD debidamente certificado de la audiencia de ejecutoria de amparo celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Dicha documental, la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se advierte que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que se verificó por el licenciado Guillermo Martín Martínez Maldonado, Juez de Control que presidió la audiencia inicial así como la continuación de la diversa de vinculación a proceso, que Yadira Miguel Morales cuenta con cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho, ya que la aludida profesionista exhibió dicho documento en audiencia de veintinueve de septiembre pasado. De igual forma, el Juez responsable informó a las partes que queda subsistente todo lo actuado en las diversas audiencias de diecinueve, veinticuatro y veinticinco de mayo del año en curso así como la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el trece de agosto del año en curso, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, 1. Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial del Istmo, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo 192 de la Ley de Amparo, de exacto y preciso cumplimiento a la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que lo demuestren, se le anexa dos discos en formato DVD que remitió al rendir su informe justificado. Apercibido que de no dar cumplimiento sin causa justificada, dentro del plazo concedido, con apoyo en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esa propia anualidad; remitiéndose el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, glósese a los autos el escrito firmado por Blanca Ordaz Núñez, autorizada legal de la parte quejosa; en atención a su contenido dígase que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. .
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