Raquel Leticia Palacios Sánchez
Expediente 1678/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1678/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2023
Partes del expediente
- Raquel Leticia Palacios Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Jueza del Segundo Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por escrito depositado en el buzón judicial el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el veintisiete de septiembre siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del Segundo Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, respecto del acto siguiente: - La omisión de emplazar a la parte demandada ******************** e ******************** al juicio ordinario laboral ********************, de su índice, promovido por la ahora quejosa ********************, en contra de los indicados demandados; ello a fin de dar continuidad al juicio de origen en sus etapas procesales correspondientes (contestación de demanda, pruebas, audiencia preliminar). Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de derechos fundamentales es improcedente "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En suma, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, con lo constitucionalmente exigido. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar, en esencia, la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen a fin de continuar con el procedimiento laboral en sus etapas procesales correspondientes. Sin embargo, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento practicadas respectivamente el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en las que la Notificadora adscrita al Tribunal Laboral responsable hizo constar que dentro del juicio ordinario laboral ********************, de su índice, llevó a cabo el emplazamiento de los demandados ******************** e ******************** en los términos que de dichas diligencias se desprenden. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. De manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen -por la cual la parte quejosa acudió al presente sumario constitucional-, desapareció al haber hecho constar la Notificadora adscrita al Tribunal responsable en las diligencias respectivas, que llevó a cabo el emplazamiento de los demandados ******************** e ********************, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés), es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada, se produjo una situación idéntica a la que obtendría la solicitante de la protección constitucional con una eventual sentencia concesoria de amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, respecto del acto y autoridad aquí precisados. Cabe destacar que, lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Federal, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, con número de registro digital: 184572 y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cincuenta y tres minutos de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la Jueza Edna Matus Ulloa, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Jueza del Segundo Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por escrito depositado en el buzón judicial el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el veintisiete de septiembre siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del Segundo Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, respecto del acto siguiente: - La omisión de emplazar a la parte demandada ******************** e ******************** al juicio ordinario laboral ********************, de su índice, promovido por la ahora quejosa ********************, en contra de los indicados demandados; ello a fin de dar continuidad al juicio de origen en sus etapas procesales correspondientes (contestación de demanda, pruebas, audiencia preliminar). Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de derechos fundamentales es improcedente "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En suma, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, con lo constitucionalmente exigido. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar, en esencia, la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen a fin de continuar con el procedimiento laboral en sus etapas procesales correspondientes. Sin embargo, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento practicadas respectivamente el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en las que la Notificadora adscrita al Tribunal Laboral responsable hizo constar que dentro del juicio ordinario laboral ********************, de su índice, llevó a cabo el emplazamiento de los demandados ******************** e ******************** en los términos que de dichas diligencias se desprenden. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. De manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen -por la cual la parte quejosa acudió al presente sumario constitucional-, desapareció al haber hecho constar la Notificadora adscrita al Tribunal responsable en las diligencias respectivas, que llevó a cabo el emplazamiento de los demandados ******************** e ********************, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés), es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada, se produjo una situación idéntica a la que obtendría la solicitante de la protección constitucional con una eventual sentencia concesoria de amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, respecto del acto y autoridad aquí precisados. Cabe destacar que, lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Federal, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, con número de registro digital: 184572 y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cincuenta y tres minutos de catorce de noviembre de dos mil veintitrés.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el plazo de quince días previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Segundo Tribunal Laboral del Estado con Sede en Puebla, rinda su informe justificado correspondiente, está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por escrito depositado en el Buzón Judicial el ocho de marzo de dos mil veintitrés, turnado en esa misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el día siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, promovió juicio de amparo en contra de la omisión para resolver la solicitud de pensión por jubilación identificada con la clave de trámite ********************, presentada el catorce de septiembre de dos mil veintidós; y, su notificación. Seguidos los trámites de ley, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que las responsables realizaran lo siguiente: "- Una vez que esta sentencia cause ejecutoria, en el plazo de tres días, a través del área que corresponda emita el acuerdo, resolución o dictamen en la que se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud de pensión requerida y lo notifique al quejoso ********************." Inconforme con la determinación anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en los autos del amparo en revisión ********************, confirmó la sentencia recurrida. En cumplimiento a la ejecutoria anterior, mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días informaran a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la Apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, remitiendo el memorándum DPJ/2423/2023 de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advirtió lo siguiente: - Que en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, fue aprobada por la Junta Directiva de ese Instituto, la solicitud de pensión del quejoso ********************, la cual se encontraba en firma. Mediante oficio UAJ/3729/2023, recibido en la oficialía de partes de este juzgado Federal el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la responsable informó que en acatamiento a la ejecutoria, mediante oficio ******************** de seis de septiembre de dos mil veintitrés, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó al quejoso la resolución adoptada en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que fue aprobada por la Junta Directiva de ese Instituto su solicitud de pensión. Documentales que remitió la autoridad responsable y, por ende, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Con las constancias anteriores, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que se cumplió con la ejecutoria de amparo el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. En la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, fue aprobada por la Junta Directiva de ese Instituto la solicitud de pensión del quejoso ********************. 2. Mediante oficio ******************** de seis de septiembre de dos mil veintitrés, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó al quejoso la resolución adoptada en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que fue aprobada por la Junta Directiva de ese Instituto su solicitud de pensión. En mérito a lo anterior, se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora dictada en este juicio, en virtud de que el efecto del amparo fue para emitir el acuerdo, resolución o dictamen en la que se pronunciara sobre la procedencia o no de la solicitud de pensión requerida y lo notifique al quejoso ********************. Así, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, fue aprobada por la Junta Directiva de ese Instituto la solicitud de pensión del quejoso ******************** y mediante oficio ******************** de seis de septiembre de dos mil veintitrés, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó al quejoso la resolución adoptada en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que fue aprobada por la Junta Directiva de ese Instituto su solicitud de pensión. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. De igual forma, se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, constancias que se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado Federal el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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