Raquel Lavariega Galeana
Expediente 932/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Raquel Lavariega Galeana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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PRAL 932/2022 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Tribunal informa. Incorpórese a los autos el oficio número 7889/2022, suscrito por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, con transcripción del acuerdo de quince de noviembre de este año, del que se advierte que: 1) acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitieron las constancias necesarias para conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el ocho de septiembre de este año, firmada y autorizada el veintitrés de septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, e 2) informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación, registrándolo con el número de toca ********************, de su índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 932/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que las partes quedaron notificadas de 1) la sentencia dictada en audiencia celebrada el ocho de septiembre del año en curso, firmada y autorizada el veintitrés de septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, y del 2) auto de diecinueve de octubre de este año, en el que se tuvo a *****, apoderado legal de la quejosa ***** interponiendo recurso de revisión contra dicho fallo. 2. Se remite recurso al Tribunal Colegiado. En esas condiciones, como en esta data se encuentra integrado este expediente, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, de este Decimotercer Circuito, para la substanciación del recurso interpuesto por la parte quejosa: a) el original del escrito de interposición y expresión de agravios y b) constancias originales de este juicio de amparo 932/2022; asimismo, se ordena habilitar al Tribunal de Alzada que corresponda, la consulta del expediente electrónico en que se actúa. 3. Cuaderno de antecedentes. Intégrese el cuaderno de antecedentes únicamente con copia certificada de la demanda de amparo, sentencia y constancias posteriores; sin que haya lugar a deducir copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo, pues en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, el expediente electrónico e impreso coinciden íntegramente, de ahí que, de requerirse la consulta de determinadas constancias físicamente, podrán deducirse de las que integran el expediente electrónico mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 932/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 1. Interposición de recurso de revisión. Visto el escrito de cuenta suscrito por Jesús Álvarez de León, apoderado legal de la quejosa Raquel Lavariega Galeana, mediante el que interpone recurso de revisión y anexa un diverso ocurso en el que expresa agravios; en su atención, se provee: Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene al citado quejoso interponiendo el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el ocho de septiembre de este año, firmada y autorizada el veintitrés de septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. 1.1. Traslado a las partes. Córrase traslado con copia de los escritos de interposición del recurso y expresión de agravios a las demás partes (autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado); en el entendido que, una vez que se encuentre integrado este asunto, se acordará lo relativo a su remisión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, de este Decimotercer Circuito, a fin de que conozca del referido medio de impugnación y se formará el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 932/2022 MESA 7 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 932/2022; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda de amparo depositada el tres de agosto de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, y turnada a este Juzgado el mismo día, Raquel Lavariega Galeana, a través de sus apoderados legales Carmen Monserrat Revilla Pérez y Jesús Álvarez de León, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 123, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y prevención. En auto de cuatro de agosto del año en curso se formó expediente impreso y electrónico con el número 932/2022, se admitió la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde. TERCERO. Citación para sentencia. Seguido el juicio en su trámite, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, además de que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados, los cuales se hacen consistir en: a) La omisión de acordar el escrito de fecha quince de junio de dos mil veintidós y presentado el veinte de junio siguiente, dirigido al expediente J.32/0214/2021, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. b) La dilación injustificada en la tramitación del referido juicio laboral, así como en el dictado y notificación del laudo correspondiente. Mismos que se atribuyen a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza de los actos reclamados (se desvirtúa negativa). La Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidente, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, tal negativa se desvirtúa con las diversas constancias deducidas del expediente laboral J.32/0214/2021; mismas que por haber sido ofrecidas por la responsable en copia certificada, al ser una documental pública tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. Además, por lo que hace al acto reclamado consistente en: a) la omisión de acordar el escrito de fecha quince de junio de dos mil veintidós y presentado el veinte de junio siguiente, dirigido al expediente J.32/0214/2021, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, existía al momento de la presentación de la demanda (tres de agosto de dos mil veintidós); pues la responsable refiere que atendió dicha petición hasta el diecisiete de agosto de este año. CUARTO. Actualización de dos causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este órgano de control constitucional llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. 4.1. Cesación de efectos por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso a). En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". A manera de referencia, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que, debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se actualiza dicha hipótesis de improcedencia porque la parte quejosa, como ya se precisó, reclama de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de acordar el escrito de fecha quince de junio de dos mil veintidós y presentado el veinte de junio siguiente, dirigido al expediente J.32/0214/2021, en el que solicitó la revocación de su domicilio para recibir acuerdos y notificaciones, y de sus apoderados legales, designados en autos del juicio laboral; además, solicitó copia simple del expediente. En tanto que de las documentales que remitió la citada autoridad responsable con su informe justificado, entre las que se encuentra copia certificada del acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral J.32/0214/2021; misma que tiene valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que, al momento de la presentación de la demanda (tres de agosto de dos mil veintidós), existía el acto reclamado; empero, éste cesó en sus efectos, en virtud que la autoridad responsable ordenadora, a) por acuerdo de diecisiete de agosto de esta anualidad, dictado en el expediente J.32/0214/2021, acordó favorablemente el ocurso de la quejosa; pues tuvo a la parte actora, aquí quejosa: I) revocando todo nombramiento de apoderado legal y domicilio señalados con anterioridad; II) nombrando nuevos apoderados legales, reconociéndoles la personalidad con la que se ostentan, y III) señalando un nuevo lugar como domicilio; además, por lo que hace a su solicitud de copia simple del juicio, IV) en atención al "DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades e la Administración Pública Federal", le autorizó la toma de placas fotográficas para copiar o reproducir acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en dicho asunto. En consecuencia, pretender analizar la constitucionalidad de dicho acto resultaría incorrecto, dado que el mismo ha perdido todo efecto jurídico y no generaría ningún beneficio a la parte quejosa; ante ello, es inconcuso que cesaron los efectos de del acto reclamado como si no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." 4.2. Actualización de la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso b). El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. El legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque el derecho que se vio afectado por el acto de autoridad se encontraba incorporado temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba el referido derecho se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del promovente. En ese contexto, resulta de especial relevancia considerar que, aun cuando en el mundo jurídico subsistan los actos de autoridad que se reclamen y llegara a concluirse que los mismos son inconstitucionales, si en relación con ellos existe una nueva situación jurídica que trae aparejados determinados efectos materiales y jurídicos, en virtud de una modificación del entorno dentro del cual derivan, jurídicamente se tornaría imposible restituir a quien reclama en el goce de los derechos humanos que estima violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, por un motivo que jurídicamente impide que los efectos del acto reclamado se concreten en su esfera jurídica. De manera que la causa de improcedencia en comento se actualiza cuando el órgano de control constitucional advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se actualizó o emitió. Por tanto, aun en el caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación; lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 173858, de epígrafe y sinopsis subsecuente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual forma, es relevante en el asunto que nos ocupa la tesis emitida por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196442, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En este juicio la autoridad responsable, Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que se encuentra: el 1) acta de desistimiento de veintidós de abril de dos mil veintiuno, firmada por el encargado de la Unidad Subalterna de la Oficina de Representación Federal del Trabajo, con residencia en la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, en la que se hizo constar la comparecencia voluntaria de la actora, aquí quejosa, Raquel Lavariega Galeana, identificándose con credencial para votar con fotografía número 2224060586754, clave de elector LVGLRQ47060320M200, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien, en uso de la voz, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: "QUE ME DESISTO LISA Y LLANAMENTE DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y DE LAS ACCIONES INTENTADAS, PROMOVIDA EN CONTRA DE LA EMPRESA PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX REFINACIÓN., ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 6 DE ABRIL DEL AÑO 2021, POR LO QUE SOLICITO SE ARCHIVE EL EXPEDIENTE LABORAL ARRIBA MENCIONADO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO, POR CARECER DE MATERIA; NO RESERVANDOME ACCION O DERECHO ALGUNO QUE EJERCER EN EL PRESENTE O FUTURO EN CONTRA DE LA EMPRESA CITADA. (.)" Firmando la parte actora al margen de dicha diligencia y estampando lo que, al parecer, son sus huellas dactilares. Asimismo, en b) oficio 248/UTD/OAX/US/075/2021 (también remitido por la responsable en copia certificada), el referido encargado de la Unidad Subalterna de la Oficina de Representación Federal del Trabajo ordenó remitir al presidente de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 32, el original del acta de desistimiento en comento, para que obrara en el expediente. Posteriormente, en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral J.32/0214/2021, la autoridad responsable tuvo por recibido el oficio 248/UTD/OAX/US/075/2021, de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno y entregado en la oficialía de partes de esa Junta el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, y al precisar que la demanda de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y recibida en oficialía de partes de dicha Junta el seis de abril de dos mil veintiuno, a que hizo referencia la parte actora en el acta desistimiento, correspondía al expediente radicado con el número J.32/0214/2021, determinó que dicho expediente carecía de materia y ordenó su archivo como asunto total y definitivamente concluido. En esas condiciones, los actos reclamados consistentes en la dilación injustificada en la tramitación del referido juicio laboral J.32/0214/2021, así como en el dictado y notificación del laudo correspondiente, no pueden ser objeto de análisis en cuanto al fondo, porque sus efectos no podrán concretarse en perjuicio de la esfera jurídica de la impetrante del amparo, por haberse modificado el entorno en el que se actualizaron y, además, porque si se concluyera que son inconstitucionales, ningún efecto tendría la sentencia concesoria pues resulta materialmente imposible que la autoridad responsable realice actuaciones en el juicio laboral de origen, el cual fue archivado definitivamente al carecer de materia. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos humanos, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de manera que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2002286 de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Constitución Federal, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone; y, desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII de la Ley de Amparo, y con apoyo en el diverso artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en este juicio de amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Raquel Lavariega Galeana, a través de sus apoderados legales Carmen Monserrat Revilla Pérez y Jesús Álvarez de León, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje; consistentes en la: a) Omisión de acordar el escrito de fecha quince de junio de dos mil veintidós y presentado el veinte de junio siguiente, dirigido al expediente J.32/0214/2021, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. b) Dilación injustificada en la tramitación del referido juicio laboral, así como en el dictado y notificación del laudo correspondiente. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando último de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
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