Raquel Juárez Sánchez
Expediente 246/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raquel Juárez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, se ordena la devolución del cuaderno de pruebas, remitido por la autoridad responsable ordenadora. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 246/2017, promovido por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se recibió la demanda de amparo promovida por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ (fojas 4 a 13); en ella, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por violación a sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; contra actos de la siguientes autoridades: 1.- Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca. 2.- Fiscal General del Estado de Oaxaca. 3.- Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 4.- Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. De quienes reclamó: ".IV).- ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad responsable ordenadora reclamo LA ORDEN DE APREHENSIÓN librada en la causa penal 209/2010, como probable responsable del delito de FRAUDE GENÉRICO, que se dice fue cometido en agravio de IGNACIA MARTÍNEZ SALINAS, por medio de la cual se pretende privarme de la libertad corporal. De la Autoridad Ejecutora reclamo las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la ejecución y cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por sus superiores, la que dada su naturaleza puede ser ejecutada en cualquier momento." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. La demanda de amparo se admitió el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en donde se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada Ignacia Martínez Salinas por conducto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla; Oaxaca; y se programó la audiencia constitucional (fojas 14 a 16). III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo un diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que se trata de un asunto de naturaleza penal, cuya ejecución tendrá verificativo en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: 1.- La orden de aprehensión de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en contra de la quejosa en la causa penal 209/2010, por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio patrimonial de Ignacia Martínez Salinas. 2.- La ejecución de dicha determinación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal General en el Estado de Oaxaca; y Agente del Ministerio Público, pues al rendir su respectivo informe, negaron su existencia, sin que la parte quejosa aportara prueba que desvirtuara dicha negativa. Por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca; y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, por así haberlo externado cada uno en su informe justificado (fojas 21 y 24), razón por la cual, al haber admitido las responsables la existencia del acto que de su autoridad se reclama, deben tenerse como plenamente probados. Tiene aplicación, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, consultable a fojas doscientos treinta y uno, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente se analizarán las causas de improcedencia que invoquen las partes, o que este juzgador advierta de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, este juzgador estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Es pertinente también citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que indica lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del normativo transcrito se desprende, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos que no se promueven dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento a una sentencia que concedió la protección constitucional, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del nuevo acto o resolución que se reclame, y no así hasta que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del auto en el que se declaró causó ejecutoria, ya que dicho supuesto no se encuentra contemplado en la ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: ".Época: Décima Época Registro: 2010666 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2015 (10a.) Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En el caso, la causa de improcedencia invocada, se acredita con las constancias de autos que revelan: 1.- Ante este Juzgado se tramitó el juicio de amparo 1495/2015, promovido por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca y otras autoridades, en el que reclamó la orden de aprehensión de catorce de septiembre de dos mil diez (sic), y su ejecución, librada en su contra en la causa penal número 209/2010, como probable responsable en la comisión del delito de fraude maquinado, previsto y sancionado en el artículo 382 del Código Penal vigente en el Estado. 2.- El siete de octubre de dos mil dieciséis, el titular de este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el citado juicio de amparo, en la que determinó otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez responsable dejara sin efecto la orden de aprehensión reclamada y en su lugar, con plenitud de jurisdicción emitiera otra en la que subsanara los vicios formales advertidos (fojas 45 a 52). 3.- En cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, determinó, en reclasificación del delito, librar nuevamente en contra de la quejosa, orden de aprehensión por el delito de fraude genérico, cometido en perjuicio patrimonial de Ignacia Martínez Salinas (fojas 53 a 75); dicho mandamiento de captura constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 4.- En proveído de veintisiete de enero del presente año, entre otras, se ordenó dar vista a la quejosa con dicha resolución dictada cumplimiento dado por las responsables al fallo protector, a fin de que expresara lo que a sus intereses conviniera, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, se procedería al estudio del cumplimiento dado con base en las constancias que obran en autos (fojas 76). Dicho proveído fue notificado personalmente a la quejosa RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, el treinta de enero de dos mil diecisiete, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Rubén Aquino Pérez; y el catorce de febrero del año en curso se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 77 a 79). De ahí que, de la orden de aprehensión que reclama de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 209/2010, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de siete de octubre de ese año, del juicio de amparo 1495/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, la quejosa RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, tuvo conocimiento el treinta de enero de dos mil diecisiete, fecha en el que le fue notificado el proveído de veintisiete de enero de este año, mediante el cual se ordenó darle vista con esa nueva resolución dictada por la autoridad responsable. Por tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo, inició a partir del día siguiente al en que se surtió efectos la notificación de dicho proveído (veintisiete de enero de dos mil diecisiete); esto es, el uno de febrero de dos mil diecisiete y concluyó el veintidós de ese mes y año, con excepción de los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho, y diecinueve de febrero dos mil diecisiete, por ser inhábiles. En esa virtud, si la demanda de amparo promovida por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, según se advierte del sello de recepción (foja 4), es evidente que el presente juicio constitucional resulta improcedente, al haber sido instaurado fuera del plazo previsto en el ordinal 17 de la ley de la materia -quince días-. Lo anterior, pues como se dijo, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo, contra el acto reclamado dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del nuevo acto o resolución que se reclame, como lo es en el caso, y no así hasta que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del auto en el que se declaró causó ejecutoria, ya que dicho supuesto no se encuentra contemplado en la ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En apoyo a la presente sentencia, se cita el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página: 364, Tomo: IX, Junio de 1992, Materia(s): Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". SEXTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron, ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, por las razones y términos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, los indicados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta que envía el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; toda vez que el diecisiete de marzo del año en curso, se tuvo por rendido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental las constancias que anexa, misma que se tiene por desahogada en este acto, en razón de su propia naturaleza; con las constancias remitidas, fórmese por separado cuaderno de pruebas, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado para su consulta. NOTIFÍQUESE.
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