Raquel Isabel Arteaga Herrera
Expediente 784/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Raquel Isabel Arteaga Herrera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el citado numeral, en relación con el diverso 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA; practíquense los apuntes respectivos en el libro de gobierno. En términos del numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Contralor Interno y Secretaria de Acuerdos, habilitada como Actuaria de la Contraloría Interna, ambos del Poder Judicial del Estado de Campeche, residentes en esta ciudad mediante los cuales rinden su informe justificado, sin que resulte necesario otorgar la vista dispuesta en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dado el sentido de la presente resolución. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la citada ley, se tiene por admitida y desahogada la documental que anexó la primera de las autoridades oficiantes. De igual forma, como lo solicita la segunda de las autoridades responsables, se le tiene por adherida a las constancias certificadas del expediente ***, que anexó en apoyo a su informe con justificación, el Titular del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita. Ahora bien, de las constancias que acompañó la responsable a sus informes de ley, se aprecia que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el juicio al rubro identificado, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, misma que en modo alguno se podría desvirtuar con algún elemento de prueba que pudiera ofrecer la parte quejosa. En atención a lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y atendiendo a la naturaleza y fines del juicio de amparo, debe precisarse que los actos reclamados consisten en: ".,la omisión de dictar el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, en relación con el escrito de queja por responsabilidad administrativa y denuncia penal contra la Jueza Tercera Mixta en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito y la notificación de es acuerdo." En esa tesitura, respecto de los actos que reclamó del Contralor Interno y Secretaria de Acuerdos, habilitada como Actuaria de la Contraloría Interna, ambos del Poder Judicial del Estado de Campeche, residentes en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Lo anterior es así, debido a que de las constancias que anexó el Contralor responsable, al rendir su informe justificado, remite copias certificadas de acuerdo de catorce de julio de este año, emitido en el procedimiento de investigaciones de queja o denuncia número ****, así como de la constancia de notificación de dicha determinación practicada a la parte quejosa en esa propia fecha; lo que acreditó con las constancias que acompañó a su oficio de cuenta. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ... De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página doscientos diez, novena época, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ... En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, en relación con el escrito de queja por responsabilidad administrativa y denuncia penal interpuesto en contra la Jueza Tercera Mixta en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito, así como su notificación. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ... En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional programada para nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de Distrito.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Contralor Interno y Secretaria de Acuerdos, habilitada como Actuaria de la Contraloría Interna, ambos del Poder Judicial del Estado de Campeche, residentes en esta ciudad mediante los cuales rinden su informe justificado, sin que resulte necesario otorgar la vista dispuesta en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dado el sentido de la presente resolución. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la citada ley, se tiene por admitida y desahogada la documental que anexó la primera de las autoridades oficiantes. De igual forma, como lo solicita la segunda de las autoridades responsables, se le tiene por adherida a las constancias certificadas del expediente ***, que anexó en apoyo a su informe con justificación, el Titular del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita. Ahora bien, de las constancias que acompañó la responsable a sus informes de ley, se aprecia que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el juicio al rubro identificado, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, misma que en modo alguno se podría desvirtuar con algún elemento de prueba que pudiera ofrecer la parte quejosa. En atención a lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y atendiendo a la naturaleza y fines del juicio de amparo, debe precisarse que los actos reclamados consisten en: ".,la omisión de dictar el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, en relación con el escrito de queja por responsabilidad administrativa y denuncia penal contra la Jueza Tercera Mixta en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito y la notificación de es acuerdo." En esa tesitura, respecto de los actos que reclamó del Contralor Interno y Secretaria de Acuerdos, habilitada como Actuaria de la Contraloría Interna, ambos del Poder Judicial del Estado de Campeche, residentes en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Lo anterior es así, debido a que de las constancias que anexó el Contralor responsable, al rendir su informe justificado, remite copias certificadas de acuerdo de catorce de julio de este año, emitido en el procedimiento de investigaciones de queja o denuncia número ****, así como de la constancia de notificación de dicha determinación practicada a la parte quejosa en esa propia fecha; lo que acreditó con las constancias que acompañó a su oficio de cuenta. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ... De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página doscientos diez, novena época, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ... En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, en relación con el escrito de queja por responsabilidad administrativa y denuncia penal interpuesto en contra la Jueza Tercera Mixta en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito, así como su notificación. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ... En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional programada para nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de Distrito.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por tanto, con fundamento en el citado numeral, en relación con el diverso 256 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que ha causado ejecutoria; practíquense los apuntes en el libro de gobierno. En términos del numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. ... Finalmente, devuélvase las copias certificadas del expediente ***, en un tomo cada uno, a la autoridad responsable Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que enviara en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
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