Raquel Irene Reyes Martínez

Expediente 388/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
388/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Raquel Irene Reyes Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso, el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que se hace efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio, y no se presento en este juzgado para su notificación personal, auto que señala: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo signada por **************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser depurado del sumario y destruido en su momento.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo signada por **************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser depurado del sumario y destruido en su momento.

  3. Principal

    Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, por el que remite la documental que le fue requerida en proveído de quince de mayo de la presente anualidad; lo anterior, porque en diverso auto de diecisiete de mayo, este juzgado federal desechó el ocurso constitucional al actualizarse la casual de improcedencia invocada en esa determinación.

  4. Principal

    Recepción del escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por la quejosa ***************, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, lo que hace proporcionando la información requerida. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de derechos fundamentales y su escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia; sobre este tema destaca que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; en atención principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y del escrito aclaratorio, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: Del análisis integral del ocurso de demanda, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que, para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese sentido, del examen integral del escrito de derechos fundamentales y del correspondiente escrito aclaratorio, se desprende que la solicitante del amparo reclama el emplazamiento practicado al juicio laboral ***del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; controvertido en el que la quejosa es parte demandada. Destaca que de la manifestación que bajo protesta de decir verdad realizó la quejosa, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el juicio laboral subyacente se encuentra en periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, dado que la audiencia correspondiente se programó para el nueve de mayo de la presente anualidad; esto es, el juicio se encuentra en trámite. En ese contexto, el acto reclamado descrito no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, los derechos patrimoniales, la vida, la libertad o el estado civil. De ahí que la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del cuerpo de leyes en cita, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Por tanto, es inconcuso que el emplazamiento que se reclama ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la directa quejosa, toda vez que con el mismo, se reitera, no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos de la promovente, antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, el laudo que se dictara a favor de la quejosa podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si el laudo fuera en contra de la agraviada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse, previa preparación, por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Es aplicable al particular la jurisprudencia P./J.1/2012, visible en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VI, marzo de dos mil doce, tomo 1, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." De igual modo sirve de apoyo, por las razones que contiene, la jurisprudencia 94/2008, publicada en la página doscientos cincuenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.- La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". También, sustenta lo señalado, en lo conducente, la tesis II.1o.C.T.44 K, visible en la página trescientos noventa y seis, del tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OÍDO EN EL JUICIO. El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia". Asimismo, sustenta lo señalado la jurisprudencia VII. A. T. J/33, del tomo 86-1, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página cincuenta, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y CUANDO EL INDIRECTO. La falta de emplazamiento legal puede dar lugar: a). A la condena del reo sin que tenga conocimiento alguno del procedimiento seguido en su contra, o sea, en uno en el que, en puridad, no puede considerársele parte y sí tercero extraño, criterio éste que encuentra apoyo en las tesis jurisprudenciales números 262 y 263, que bajo el rubro 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO' pueden consultarse en las páginas ochocientos uno y siguientes de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos setenta y cinco, y b). A dicha condena en uno en el que el demandado pudo tener intervención y, por ende, obtener la regularización del procedimiento. En la primera de esas hipótesis es aplicable lo dispuesto por la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 259 publicada bajo el epígrafe 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO' en la página ochocientos de la parte y apéndice mencionados, que contemplan un caso de procedencia del juicio constitucional ante los jueces de Distrito, en tanto que en la segunda el aplicable es el diverso 159 fracción I ibidem, y por lo tanto, procedente el juicio unistancial." En conclusión, al encontrarse el subyacente juicio natural en trámite, la quejosa se encuentra en aptitud de acudir a él y hacer valer en contra de los actos que le causen perjuicio los medios de defensa ordinarios que tenga a su alcance antes de acudir al juicio de amparo y, en su caso, agotado el principio de definitividad, acudir a la acción constitucional, en su oportunidad procesal y la vía correspondiente. c) Determinación judicial En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, así como 171 y 172, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Raquel Irene Reyes Martínez, en contra del acto que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato y otras autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia.

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