Raquel Imelda Garcia Pablo y Otros.

Expediente 1802/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1802/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
16/05/2017

Partes del expediente

  • Raquel Imelda Garcia Pablo y Otros.
  • Raquel Imelda Garcia Pablo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Mesa III-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el dos de febrero de dos mil diecisiete, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de la Villa de Etla, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 98/2016, única y exclusivamente en la relativo a la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa **********, y siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, con plenitud de jurisdicción, pronunciara la resolución que conforme a derecho correspondiera, la cual podría ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; es decir, para el caso de que considerara procedente reiterar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, especificara cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso, inclusive la agravante que adujo se actualizaba, los medios de pruebas con que tuviera por acreditados cada uno de ellos, y señalara con precisión del modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del mismo; además, debería precisar cuál fue la manera de intervención del inculpado en los hechos delictivos que se le reprochan- coautor o autor material-; lo anterior, bajo los siguientes lineamientos: En este orden de ideas, a juicio del que ahora resuelve, la orden de aprehensión reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que el Juez responsable omitió realizar el desglose de los elementos del cuerpo del delito de equiparado a la retención agravada, cuya determinación previa resulta relevante, pues será a partir de ahí que podrá abordarse el análisis de los medios probatorios recabados en la fase de investigación, a efecto de establecer si se acreditan o no cada uno de sus elementos; consecuentemente, no señaló, con la precisión debida, con qué pruebas consideró acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado a la amparista, como tampoco las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ejecución del flagelo en estudio. En efecto, de la lectura de la resolución reclamada, se desprende, en primer lugar, que el Juez responsable no relató cuales son los elementos del delito de equiparado a la retención agravada, que le es reprochado a la peticionaria del amparo; además, tuvo por acreditado el cuerpo del delito de manera global, mediante la simple relación de las pruebas con las que estimó se encontraba corroborado, a las cuales, aun cuando señaló el valor legal que le asignó a cada una de dichas pruebas, no estableció la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable a la conducta imputada a la quejosa, es decir, la adecuación de los hechos acreditados con cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, tal y como lo establece el artículo 25 del Código adjetivo penal. Lo anterior es así, ya que con base en lo hasta ahora señalado, el dictado de una orden de aprehensión comprende el análisis, con toda amplitud, de la conducta delictuosa imputada, por lo que su emisión no debe limitarse a hacer una relación de las diversas constancias que obren en autos, otorgarles un valor y luego manifestar que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del delito, sino que debe comprender las circunstancias de ejecución, modo, tiempo y lugar, a fin de establecer cuál fue la conducta activa u omisiva del quejoso, expresando los requisitos de forma y fondo que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales, para lo cual resulta necesario establecer con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito, en virtud de que la circunstancia eventual de que uno de ellos no se acreditara con alguna prueba, traería en consecuencia que la acción desplegada no pudiera ser penalmente reprochada. Es así, que en la especie la sola precisión de que con tales medios de convicción se acredita el cuerpo del delito de mérito, aun cuando se le haya asignado valor legal a cada una de esas pruebas -sin que previamente se hayan señalado cuales son los elementos del cuerpo del delito en estudio-; así como el señalamiento vago de la mecánica del hecho ilícito imputado al quejoso; no es suficiente para tener por satisfechos los requisitos de forma que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales. Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: SENTENCIA PENAL. NO SATISFACE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RELACIÓN DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO. El artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad. Por otra parte, el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, impone a la autoridad judicial la obligación de examinar si en el caso concreto, se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito relativo (elementos del tipo, antes de su última reforma). Ahora bien, de la interpretación armónica de ambos preceptos, se concluye que para cumplir con la referida obligación constitucional, es necesario que la autoridad judicial precise: a) Cuáles son los elementos citados cuya actualización exige la figura delictiva correspondiente; b) Con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a éstas, de acuerdo con la ley adjetiva; c) Cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración para ello, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, es claro que tales requisitos no se satisfacen cuando el juzgador se constriñe a relacionar las pruebas existentes en la causa penal relativa y con ello concluye que se encuentran probados los elementos del cuerpo del delito respectivo. Se sostiene que en las consideraciones sostenidas por el Juez responsable en la orden de captura reclamada no se estableció, en forma alguna, el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución de la conducta reprochada a la quejosa, por lo que es evidente que con tal omisión la peticionaria del amparo no tiene la certeza de cuál es la conducta que en realidad se le reprocha y por lo tanto no está en aptitud de producir su defensa. Asimismo, el juez responsable no indica porqué el antisocial imputado a la inculpada encuadra en la hipótesis del último párrafo del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que agrava la pena correspondiente. Por otro lado, por lo que hace a la probable responsabilidad de la ahora quejosa, la autoridad judicial sostuvo que se encuentra acreditada en términos de la fracción III del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado -que prevé la figura de la coautoría-; para ello, tomó en cuenta la imputación directa y categórica que en contra de la peticionario del amparo hace la pasivo *************, así como los testigos de cargo Ricardo ********* y **********, las que adminiculó con la fe de documentos de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; sin exponer la actividad que realizó la quejosa; así como tampoco plasmó motivación alguna del porque ésta tiene el carácter de coautor material; por lo que la autoridad responsable deberá tomar en cuenta que para que se actualice la coautoría es requisito indispensable que la conducta la realicen conjuntamente los partícipes; además, aquella se centra en una división del trabajo delictivo y mediante un plan acordado antes de la perpetración del hecho, teniendo los sujetos activos el conjunto del hecho, debido a que la aportación que cada uno de ellos realice, resulte esencial, adecuada y suficiente para la realización de la conducta típica, en razón de que el plan común, la cooperación consciente y deseada, la aportación esencial, adecuada y suficiente que cada uno de los activos debe realizar para que se actualice la conducta típica, son aspectos fundamentales que exige la coautoría para que la responsabilidad gravite sobre todos los intervinientes en la ejecución del delito, debido a que los agentes intervienen en el hecho criminoso mediante funciones esenciales o necesarias que cada uno de ellos aporta, para la realización común de la acción típica, esto es, todos los sujetos deben tener el codominio funcional del hecho. En tal virtud, la autoridad responsable deberá tomar en consideración los lineamientos antes expuestos y con base en ellos deberá determinar si se actualiza la coautoría -que la conducta la haya realizado de manera conjunta el activo, aquí quejoso- o en su defecto si encuadra en la autoría material, en el entendido de que para realizarlo, necesariamente tendrá que fundar y motivar su determinación, a fin de concluir que los hechos denunciados encuadran en ella, y no concretarse a señalar los hechos denunciados. Robustece lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es del tenor: COAUTORÍA MATERIAL. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO. Aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda, formalmente, ser considerada como una porción de la acción típica, si aquélla resulta adecuada y esencial al hecho de tal manera que evidencia que existió entre los agentes un reparto del dominio del hecho en la etapa de su realización (codominio funcional del hecho), tal aportación es suficiente para considerar a dicho agente coautor material del delito en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, como ocurre en el delito de robo, cuando uno de los activos es el que se apodera materialmente de la cosa ajena, mientras otro, amén de brindarle apoyo con su presencia, impide que uno de los ofendidos acuda a solicitar auxilio. De igual manera, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y contenido: COAUTORÍA. EN ESTA FORMA DE PARTICIPACIÓN CADA COPARTÍCIPE DEBE RESPONDER DEL DELITO EN FORMA UNITARIA, SIN QUE SEA DABLE IMPUTAR LA APORTACIÓN PARCIAL QUE CADA UNO DE LOS INCULPADOS REALIZÓ. El autor de un delito no es únicamente quien realiza materialmente la conducta típica, sino todo aquel que posee bajo su control directo la decisión total de llegar al resultado, es decir, quien tiene a su alcance la posibilidad de materializar el hecho delictivo o dirigir el proceso causal del acontecimiento criminal, contemplado en forma unitaria, es decir, comprendiendo al tipo básico y sus modalidades. En aquellos casos en que el autor comparte el actuar delictivo con otros autores, los cuales concurren con él en la comisión del delito mediante una distribución y división del trabajo delictivo, es decir, cuando hay pluralidad de activos, se configura la participación conjunta, que constituye la coautoría cuando, a pesar de la división de funciones, los autores concurrentes se encuentran en el mismo plano de participación, o bien, uno tiene el dominio directo, pues es quien realiza la etapa ejecutora del evento criminal, pero aun así los demás partícipes coadyuvan a la producción del resultado típico, por lo que estos últimos suelen constituirse como coautores, dada la división del trabajo colectivo mediante un plan común preconcebido, ya que su concurrencia en la ejecución del hecho punible importa la realización conjunta del delito por varios sujetos con codominio funcional del hecho. Por tanto, en los casos de coautoría no es dable imputar exclusivamente a cada uno de los inculpados la aportación parcial que realizó sino que, por el dolo encaminado a la consecución total del resultado, cada copartícipe debe responder del delito, considerado en forma unitaria como un solo resultado de la suma de conductas múltiples, precedidas de un designio criminal y de un acuerdo conjunto llamado "pacto criminoso. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución que se atribuyó al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Destacamentado en Etla, Oaxaca, ya que no se reclama por vicios propios. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable Juez Penal de Etla, Oaxaca remitió copia certificada de la resolución de quince de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el expediente penal de origen, de su índice, de cuya lectura se desprende dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 98/2016 de su estadística, y en su lugar emitió una nueva resolución en la que libró orden de aprehensión en contra de **********, como probable responsable del delito de equiparado a la retención en perjuicio patrimonial de *************, pero además subsanó los vicios precisados en la sentencia concesoria de amparo. En primer término, la autoridad del conocimiento estableció que del análisis y valoración del materia probatorio existente en la indagatoria, no está acreditado el delito de equiparado a la retención agravada, al no haberse acreditado en autos esa agravante; empero, consideró que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de equiparado a la retención, previsto y sancionado por el ordinal 379 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio patrimonial de Aquilina Rosalina Vargas Hernández, en términos del ordinal 25 del código adjetivo de la materia y que se imputa a RAQUEL *************, empleada de la Caja de Ahorro denominada ***************. Lo anterior, lo consideró así, en virtud de que de las constancias existentes en autos se advierte que la sujeto activo, desde el dos de febrero de dos mil dieciséis, se negó a devolver sin causa justificada a la ofendida, la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, ocasionándole con ello un perjuicio y afectación a su patrimonio. Luego, estableció que los elementos del delito de equiparado a la retención, son: Que alguien ahorre, invierta o deposite en cualquiera cantidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido una cantidad de dinero. Que el dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de esa entidad, organismo, empresa o negocio se niegue por sí o por sus subordinados a devolverle a la víctima sin causa legal la cantidad de dinero ahorrada, invertida o depositada. Que con ello se cause un perjuicio patrimonial al pasivo. Por lo que de los datos que obran en la indagatoria de origen se desprenden indicios suficientes que determinan la existencia de una acción típica que fue realizada en distintos actos comenzando el trece de junio de dos mil ocho siendo aproximadamente las diez horas y finalizaron aproximadamente a las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en la caja de ahorro denominada ********, de la citada sociedad se negaron a devolver sin causa legal a la pasivo la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, y que es la cantidad depositada en dicha sociedad mercantil, ya que al acudir la ofendida en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, a las oficinas en donde estaba instalada la referida sociedad mercantil, esta fue atendida por la empleada que se dice gerente de caja, quien fue la que le informó la negativa reiterada de la devolución de dicha cantidad de dinero ahorrada, provocando con esa negativa un detrimento por la cantidad antes precisada. En cuanto al primero de los elementos antes indicados, el juez del proceso lo tuvo por acreditado con la denuncia de **********, concatenada con la declaración del testigo de cargo *******, del diverso ateste ******; la fe de documentos de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; además, con las declaraciones de los atestes de solvencia económica de nombres ******** y ********+; medios de pruebas que una vez valorados debidamente por el juez del proceso, fueron adminiculados de conformidad con el ordinal 354 del código adjetivo de la materia, por lo que se deduce que durante el transcurso del tiempo, comenzando el trece de junio de dos mil ocho, siendo aproximadamente las diez horas y finalizando aproximadamente a las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en la caja de ahorro denominada ********, la cual se ubica en la calle de Morelos número sesenta y cinco de la villa de Etla, Oaxaca, **********, depositó e invirtió en la sociedad mercantil de mérito, la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional. Ahora, en cuanto al segundo de los elementos del antisocial en estudio, lo tuvo por corroborado con la denuncia de la ofendida ***********, mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; concatenada con las testimoniales de cargo de Ricardo Vargas Hernández y Noel Vargas Hernández, de tres de marzo de la pasada anualidad; diligencia de traslado e inspección ocular en el lugar de los hechos de once de abril de dos mil dieciséis; adminiculado con la diligencia de inspección ocular al acta constitutiva de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, por la autoridad ministerial; obra, además, el dictamen de avalúo de veintitrés de abril de dos mil dieciséis emitido por la licenciada **********. Por lo que del enlace lógico y natural entre los anteriores medios de prueba de conformidad con lo establecido por el ordinal 354 del Código de Procedimientos Penales aplicable, fueron coincidentes en cuanto a las circunstancias de lugar, tiempo y modo que se cometió la conducta antisocial, porque en su conjunto hacen prueba plena y permiten llegar a la convicción de que durante el transcurso del tiempo comenzando el trece de junio de dos mil ocho, siendo aproximadamente las diez horas y finalizando aproximadamente a las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en la caja de ahorro denominada **********, la cual se ubica en la calle de Morelos número sesenta y cinco de la Villa de Etla, Oaxaca, Aquilina Rosalina Vargas Hernández, depositó e invirtió en la sociedad mercantil de mérito, la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, misma que resulta ser de su propiedad. Por otra parte, el juez del proceso consideró que existen datos suficientes para estimar que se acredita el tercer elemento del delito en estudio, lo que en el caso tuvo por acreditado con el dictamen de avalúo de veintitrés de abril de dos mil dieciséis, emitido por la licenciada *******, el cual relacionó con la declaración del testigo de solvencia económica de nombres Josefina Castellanos García y Eduardo Tzahuindanda Santiago Jiménez; medios de prueba con los que fue factible establecer que el monto de dinero retenido lo fue por la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, siendo vulnerado con ello el bien jurídico tutelado por la norma penal; por lo que con todos estos elementos el juez del proceso consideró actualizados los elementos del delito de equiparado a la retención en perjuicio patrimonial de la ofendida. Por otra parte, en cuanto a la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de equiparado a la retención, el juez del conocimiento lo tuvo por acreditado en términos del ordinal 11, fracción III del Código Penal vigente en el Estado, ya que existe el señalamiento directo que en su contra hizo la ofendida en su querellan que por escrito presentó ante la autoridad ministerial el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, debidamente ratificado, como la persona que con el carácter de empleada de la caja denominada ******** , conjuntamente con otra persona del sexo masculino a partir del día trece de junio de dos mil ocho, siendo aproximadamente las diez horas y hasta aproximadamente las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en esa caja de ahorro, localizado en la calle de Morelos, número sesenta y cinco de la Villa de Etla, Oaxaca, se negara a hacer entrega del numerario ahorrado en esa caja de ahorro, siendo que al llegar la ofendida el día martes dos de febrero de dos mil dieciséis a esa caja de ahorro a las nueve de la mañana en compañía de Ricardo Vargas Hernández y Noel Vargas Hernández, fue atendida por la empleada ***********, haciéndole del conocimiento que iba por la devolución de su dinero ya que el señor Artemio Feliciano Miguel Pérez le había citado ese día para devolvérselo, indicándole esa empleada que no se le iba a devolver su dinero porque no había numerario en la caja, pues todo fue mentira que no tuviera esperanzas de que le iba a devolver ese dinero; por lo que con los medios de prueba de la indagatoria, tuvo por acreditado el señalamiento directo y categórico en contra de la inculpada, como lo son la denuncia de la ofendida; concatenada con el dicho del testigo de cargo Ricardo Vargas Hernández y Noel Vargas Hernández, el tres de marzo de dos mil dieciséis, y con la fe de documentos de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; siendo que todos esos medios de prueba fueron suficientes para que la responsables estableciera la probable responsabilidad de la procesada en la comisión del delito de equiparado a la retención, siendo su actuación dolosa, típica y antijurídica. Por su parte el Servidor Público designado por el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, y el Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, el primero informó que ordenó al Encargado de Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, dejará insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de agosto de dos mi dieciséis, por el Juez Penal de Etla, Oaxaca y el segundo que quedó enterada de la ejecutoria de amparo otorgada a la quejosa realizando las anotaciones presentes en el libreo de gobierno. Ahora, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que mediante resolución de quince de marzo de dos mil diecisiete, por una parte, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 98/2016 del índice del Juzgado Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, en el cual libró orden de aprehensión en contra de RAQUEL IMELDA GARCÍA PABLO, como probable responsable del delito de equiparado a la retención agravada cometido en perjuicio patrimonial de Aquilina Rosalina Vargas Hernández; y en su lugar emitió otra en la que subsanó los vicios formales antes precisados; por su parte las diversas autoridades ejecutoras, realizaron dentro del ámbito de sus atribuciones los actos encaminados al acatamiento cabal del fallo protector. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Mesa III-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1802/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis se tuvo al quejoso, exhibiendo el billete de depósito serie N 156730, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, por la suma de dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional, para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida, mismo que se encuentra guardado en la caja de valores de este órgano jurisdiccional bajo el número 112/2016; hágasele de su conocimiento que a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, podrá formular la solicitud de devolución de dicho billete; en la inteligencia de que también a partir de esa fecha empezará a correr el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de la citada garantía en favor del Erario Federal. Notifíquese, personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Mesa III-B. Notificación personal por lista. (Quejosa y 3ros Interesados) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el dos de febrero de dos mil diecisiete, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de la Villa de Etla, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 98/2016, única y exclusivamente en la relativo a la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa **********, y siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, con plenitud de jurisdicción, pronunciara la resolución que conforme a derecho correspondiera, la cual podría ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; es decir, para el caso de que considerara procedente reiterar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, especificara cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso, inclusive la agravante que adujo se actualizaba, los medios de pruebas con que tuviera por acreditados cada uno de ellos, y señalara con precisión del modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del mismo; además, debería precisar cuál fue la manera de intervención del inculpado en los hechos delictivos que se le reprochan- coautor o autor material-; lo anterior, bajo los siguientes lineamientos: En este orden de ideas, a juicio del que ahora resuelve, la orden de aprehensión reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que el Juez responsable omitió realizar el desglose de los elementos del cuerpo del delito de equiparado a la retención agravada, cuya determinación previa resulta relevante, pues será a partir de ahí que podrá abordarse el análisis de los medios probatorios recabados en la fase de investigación, a efecto de establecer si se acreditan o no cada uno de sus elementos; consecuentemente, no señaló, con la precisión debida, con qué pruebas consideró acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado a la amparista, como tampoco las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ejecución del flagelo en estudio. En efecto, de la lectura de la resolución reclamada, se desprende, en primer lugar, que el Juez responsable no relató cuales son los elementos del delito de equiparado a la retención agravada, que le es reprochado a la peticionaria del amparo; además, tuvo por acreditado el cuerpo del delito de manera global, mediante la simple relación de las pruebas con las que estimó se encontraba corroborado, a las cuales, aun cuando señaló el valor legal que le asignó a cada una de dichas pruebas, no estableció la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable a la conducta imputada a la quejosa, es decir, la adecuación de los hechos acreditados con cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, tal y como lo establece el artículo 25 del Código adjetivo penal. Lo anterior es así, ya que con base en lo hasta ahora señalado, el dictado de una orden de aprehensión comprende el análisis, con toda amplitud, de la conducta delictuosa imputada, por lo que su emisión no debe limitarse a hacer una relación de las diversas constancias que obren en autos, otorgarles un valor y luego manifestar que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del delito, sino que debe comprender las circunstancias de ejecución, modo, tiempo y lugar, a fin de establecer cuál fue la conducta activa u omisiva del quejoso, expresando los requisitos de forma y fondo que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales, para lo cual resulta necesario establecer con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito, en virtud de que la circunstancia eventual de que uno de ellos no se acreditara con alguna prueba, traería en consecuencia que la acción desplegada no pudiera ser penalmente reprochada. Es así, que en la especie la sola precisión de que con tales medios de convicción se acredita el cuerpo del delito de mérito, aun cuando se le haya asignado valor legal a cada una de esas pruebas -sin que previamente se hayan señalado cuales son los elementos del cuerpo del delito en estudio-; así como el señalamiento vago de la mecánica del hecho ilícito imputado al quejoso; no es suficiente para tener por satisfechos los requisitos de forma que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales. Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: SENTENCIA PENAL. NO SATISFACE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RELACIÓN DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO. El artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad. Por otra parte, el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, impone a la autoridad judicial la obligación de examinar si en el caso concreto, se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito relativo (elementos del tipo, antes de su última reforma). Ahora bien, de la interpretación armónica de ambos preceptos, se concluye que para cumplir con la referida obligación constitucional, es necesario que la autoridad judicial precise: a) Cuáles son los elementos citados cuya actualización exige la figura delictiva correspondiente; b) Con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a éstas, de acuerdo con la ley adjetiva; c) Cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración para ello, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, es claro que tales requisitos no se satisfacen cuando el juzgador se constriñe a relacionar las pruebas existentes en la causa penal relativa y con ello concluye que se encuentran probados los elementos del cuerpo del delito respectivo. Se sostiene que en las consideraciones sostenidas por el Juez responsable en la orden de captura reclamada no se estableció, en forma alguna, el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución de la conducta reprochada a la quejosa, por lo que es evidente que con tal omisión la peticionaria del amparo no tiene la certeza de cuál es la conducta que en realidad se le reprocha y por lo tanto no está en aptitud de producir su defensa. Asimismo, el juez responsable no indica porqué el antisocial imputado a la inculpada encuadra en la hipótesis del último párrafo del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que agrava la pena correspondiente. Por otro lado, por lo que hace a la probable responsabilidad de la ahora quejosa, la autoridad judicial sostuvo que se encuentra acreditada en términos de la fracción III del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado -que prevé la figura de la coautoría-; para ello, tomó en cuenta la imputación directa y categórica que en contra de la peticionario del amparo hace la pasivo *************, así como los testigos de cargo Ricardo ********* y **********, las que adminiculó con la fe de documentos de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; sin exponer la actividad que realizó la quejosa; así como tampoco plasmó motivación alguna del porque ésta tiene el carácter de coautor material; por lo que la autoridad responsable deberá tomar en cuenta que para que se actualice la coautoría es requisito indispensable que la conducta la realicen conjuntamente los partícipes; además, aquella se centra en una división del trabajo delictivo y mediante un plan acordado antes de la perpetración del hecho, teniendo los sujetos activos el conjunto del hecho, debido a que la aportación que cada uno de ellos realice, resulte esencial, adecuada y suficiente para la realización de la conducta típica, en razón de que el plan común, la cooperación consciente y deseada, la aportación esencial, adecuada y suficiente que cada uno de los activos debe realizar para que se actualice la conducta típica, son aspectos fundamentales que exige la coautoría para que la responsabilidad gravite sobre todos los intervinientes en la ejecución del delito, debido a que los agentes intervienen en el hecho criminoso mediante funciones esenciales o necesarias que cada uno de ellos aporta, para la realización común de la acción típica, esto es, todos los sujetos deben tener el codominio funcional del hecho. En tal virtud, la autoridad responsable deberá tomar en consideración los lineamientos antes expuestos y con base en ellos deberá determinar si se actualiza la coautoría -que la conducta la haya realizado de manera conjunta el activo, aquí quejoso- o en su defecto si encuadra en la autoría material, en el entendido de que para realizarlo, necesariamente tendrá que fundar y motivar su determinación, a fin de concluir que los hechos denunciados encuadran en ella, y no concretarse a señalar los hechos denunciados. Robustece lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es del tenor: COAUTORÍA MATERIAL. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO. Aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda, formalmente, ser considerada como una porción de la acción típica, si aquélla resulta adecuada y esencial al hecho de tal manera que evidencia que existió entre los agentes un reparto del dominio del hecho en la etapa de su realización (codominio funcional del hecho), tal aportación es suficiente para considerar a dicho agente coautor material del delito en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, como ocurre en el delito de robo, cuando uno de los activos es el que se apodera materialmente de la cosa ajena, mientras otro, amén de brindarle apoyo con su presencia, impide que uno de los ofendidos acuda a solicitar auxilio. De igual manera, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y contenido: COAUTORÍA. EN ESTA FORMA DE PARTICIPACIÓN CADA COPARTÍCIPE DEBE RESPONDER DEL DELITO EN FORMA UNITARIA, SIN QUE SEA DABLE IMPUTAR LA APORTACIÓN PARCIAL QUE CADA UNO DE LOS INCULPADOS REALIZÓ. El autor de un delito no es únicamente quien realiza materialmente la conducta típica, sino todo aquel que posee bajo su control directo la decisión total de llegar al resultado, es decir, quien tiene a su alcance la posibilidad de materializar el hecho delictivo o dirigir el proceso causal del acontecimiento criminal, contemplado en forma unitaria, es decir, comprendiendo al tipo básico y sus modalidades. En aquellos casos en que el autor comparte el actuar delictivo con otros autores, los cuales concurren con él en la comisión del delito mediante una distribución y división del trabajo delictivo, es decir, cuando hay pluralidad de activos, se configura la participación conjunta, que constituye la coautoría cuando, a pesar de la división de funciones, los autores concurrentes se encuentran en el mismo plano de participación, o bien, uno tiene el dominio directo, pues es quien realiza la etapa ejecutora del evento criminal, pero aun así los demás partícipes coadyuvan a la producción del resultado típico, por lo que estos últimos suelen constituirse como coautores, dada la división del trabajo colectivo mediante un plan común preconcebido, ya que su concurrencia en la ejecución del hecho punible importa la realización conjunta del delito por varios sujetos con codominio funcional del hecho. Por tanto, en los casos de coautoría no es dable imputar exclusivamente a cada uno de los inculpados la aportación parcial que realizó sino que, por el dolo encaminado a la consecución total del resultado, cada copartícipe debe responder del delito, considerado en forma unitaria como un solo resultado de la suma de conductas múltiples, precedidas de un designio criminal y de un acuerdo conjunto llamado "pacto criminoso. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución que se atribuyó al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Destacamentado en Etla, Oaxaca, ya que no se reclama por vicios propios. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable Juez Penal de Etla, Oaxaca remitió copia certificada de la resolución de quince de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el expediente penal de origen, de su índice, de cuya lectura se desprende dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 98/2016 de su estadística, y en su lugar emitió una nueva resolución en la que libró orden de aprehensión en contra de **********, como probable responsable del delito de equiparado a la retención en perjuicio patrimonial de *************, pero además subsanó los vicios precisados en la sentencia concesoria de amparo. En primer término, la autoridad del conocimiento estableció que del análisis y valoración del materia probatorio existente en la indagatoria, no está acreditado el delito de equiparado a la retención agravada, al no haberse acreditado en autos esa agravante; empero, consideró que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de equiparado a la retención, previsto y sancionado por el ordinal 379 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio patrimonial de Aquilina Rosalina Vargas Hernández, en términos del ordinal 25 del código adjetivo de la materia y que se imputa a RAQUEL *************, empleada de la Caja de Ahorro denominada ***************. Lo anterior, lo consideró así, en virtud de que de las constancias existentes en autos se advierte que la sujeto activo, desde el dos de febrero de dos mil dieciséis, se negó a devolver sin causa justificada a la ofendida, la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, ocasionándole con ello un perjuicio y afectación a su patrimonio. Luego, estableció que los elementos del delito de equiparado a la retención, son: Que alguien ahorre, invierta o deposite en cualquiera cantidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido una cantidad de dinero. Que el dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de esa entidad, organismo, empresa o negocio se niegue por sí o por sus subordinados a devolverle a la víctima sin causa legal la cantidad de dinero ahorrada, invertida o depositada. Que con ello se cause un perjuicio patrimonial al pasivo. Por lo que de los datos que obran en la indagatoria de origen se desprenden indicios suficientes que determinan la existencia de una acción típica que fue realizada en distintos actos comenzando el trece de junio de dos mil ocho siendo aproximadamente las diez horas y finalizaron aproximadamente a las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en la caja de ahorro denominada ********, de la citada sociedad se negaron a devolver sin causa legal a la pasivo la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, y que es la cantidad depositada en dicha sociedad mercantil, ya que al acudir la ofendida en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, a las oficinas en donde estaba instalada la referida sociedad mercantil, esta fue atendida por la empleada que se dice gerente de caja, quien fue la que le informó la negativa reiterada de la devolución de dicha cantidad de dinero ahorrada, provocando con esa negativa un detrimento por la cantidad antes precisada. En cuanto al primero de los elementos antes indicados, el juez del proceso lo tuvo por acreditado con la denuncia de **********, concatenada con la declaración del testigo de cargo *******, del diverso ateste ******; la fe de documentos de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; además, con las declaraciones de los atestes de solvencia económica de nombres ******** y ********+; medios de pruebas que una vez valorados debidamente por el juez del proceso, fueron adminiculados de conformidad con el ordinal 354 del código adjetivo de la materia, por lo que se deduce que durante el transcurso del tiempo, comenzando el trece de junio de dos mil ocho, siendo aproximadamente las diez horas y finalizando aproximadamente a las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en la caja de ahorro denominada ********, la cual se ubica en la calle de Morelos número sesenta y cinco de la villa de Etla, Oaxaca, **********, depositó e invirtió en la sociedad mercantil de mérito, la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional. Ahora, en cuanto al segundo de los elementos del antisocial en estudio, lo tuvo por corroborado con la denuncia de la ofendida ***********, mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; concatenada con las testimoniales de cargo de Ricardo Vargas Hernández y Noel Vargas Hernández, de tres de marzo de la pasada anualidad; diligencia de traslado e inspección ocular en el lugar de los hechos de once de abril de dos mil dieciséis; adminiculado con la diligencia de inspección ocular al acta constitutiva de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, por la autoridad ministerial; obra, además, el dictamen de avalúo de veintitrés de abril de dos mil dieciséis emitido por la licenciada **********. Por lo que del enlace lógico y natural entre los anteriores medios de prueba de conformidad con lo establecido por el ordinal 354 del Código de Procedimientos Penales aplicable, fueron coincidentes en cuanto a las circunstancias de lugar, tiempo y modo que se cometió la conducta antisocial, porque en su conjunto hacen prueba plena y permiten llegar a la convicción de que durante el transcurso del tiempo comenzando el trece de junio de dos mil ocho, siendo aproximadamente las diez horas y finalizando aproximadamente a las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en la caja de ahorro denominada **********, la cual se ubica en la calle de Morelos número sesenta y cinco de la Villa de Etla, Oaxaca, Aquilina Rosalina Vargas Hernández, depositó e invirtió en la sociedad mercantil de mérito, la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, misma que resulta ser de su propiedad. Por otra parte, el juez del proceso consideró que existen datos suficientes para estimar que se acredita el tercer elemento del delito en estudio, lo que en el caso tuvo por acreditado con el dictamen de avalúo de veintitrés de abril de dos mil dieciséis, emitido por la licenciada *******, el cual relacionó con la declaración del testigo de solvencia económica de nombres Josefina Castellanos García y Eduardo Tzahuindanda Santiago Jiménez; medios de prueba con los que fue factible establecer que el monto de dinero retenido lo fue por la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, siendo vulnerado con ello el bien jurídico tutelado por la norma penal; por lo que con todos estos elementos el juez del proceso consideró actualizados los elementos del delito de equiparado a la retención en perjuicio patrimonial de la ofendida. Por otra parte, en cuanto a la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de equiparado a la retención, el juez del conocimiento lo tuvo por acreditado en términos del ordinal 11, fracción III del Código Penal vigente en el Estado, ya que existe el señalamiento directo que en su contra hizo la ofendida en su querellan que por escrito presentó ante la autoridad ministerial el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, debidamente ratificado, como la persona que con el carácter de empleada de la caja denominada ******** , conjuntamente con otra persona del sexo masculino a partir del día trece de junio de dos mil ocho, siendo aproximadamente las diez horas y hasta aproximadamente las diez horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, precisamente en esa caja de ahorro, localizado en la calle de Morelos, número sesenta y cinco de la Villa de Etla, Oaxaca, se negara a hacer entrega del numerario ahorrado en esa caja de ahorro, siendo que al llegar la ofendida el día martes dos de febrero de dos mil dieciséis a esa caja de ahorro a las nueve de la mañana en compañía de Ricardo Vargas Hernández y Noel Vargas Hernández, fue atendida por la empleada ***********, haciéndole del conocimiento que iba por la devolución de su dinero ya que el señor Artemio Feliciano Miguel Pérez le había citado ese día para devolvérselo, indicándole esa empleada que no se le iba a devolver su dinero porque no había numerario en la caja, pues todo fue mentira que no tuviera esperanzas de que le iba a devolver ese dinero; por lo que con los medios de prueba de la indagatoria, tuvo por acreditado el señalamiento directo y categórico en contra de la inculpada, como lo son la denuncia de la ofendida; concatenada con el dicho del testigo de cargo Ricardo Vargas Hernández y Noel Vargas Hernández, el tres de marzo de dos mil dieciséis, y con la fe de documentos de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; siendo que todos esos medios de prueba fueron suficientes para que la responsables estableciera la probable responsabilidad de la procesada en la comisión del delito de equiparado a la retención, siendo su actuación dolosa, típica y antijurídica. Por su parte el Servidor Público designado por el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, y el Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, el primero informó que ordenó al Encargado de Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, dejará insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de agosto de dos mi dieciséis, por el Juez Penal de Etla, Oaxaca y el segundo que quedó enterada de la ejecutoria de amparo otorgada a la quejosa realizando las anotaciones presentes en el libreo de gobierno. Ahora, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que mediante resolución de quince de marzo de dos mil diecisiete, por una parte, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 98/2016 del índice del Juzgado Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, en el cual libró orden de aprehensión en contra de RAQUEL IMELDA GARCÍA PABLO, como probable responsable del delito de equiparado a la retención agravada cometido en perjuicio patrimonial de Aquilina Rosalina Vargas Hernández; y en su lugar emitió otra en la que subsanó los vicios formales antes precisados; por su parte las diversas autoridades ejecutoras, realizaron dentro del ámbito de sus atribuciones los actos encaminados al acatamiento cabal del fallo protector. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.

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