Raquel González Jiménez
Expediente 951/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Raquel González Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. -causado estado- Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el referido auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, mismo que fue debidamente notificado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante oficio 5016/2021, el once de febrero del presente año, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. -Archivo- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -Destino del expediente- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: - El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo veintiuno, en razón de que el veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez completado el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente, e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. -Inexistencia de documentos originales- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -Inexistencia de documentos de información reservada- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese vía electrónica al promovente y por oficio las autoridades responsables y agente del ministerio Público de la Federación adscrito. 951/2020-VIII.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que no obra constancia de notificación al Agente del Ministerio Público adscrito en el expediente físico ni el expediente electrónico asociado al mismo que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se ordena realizar la notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación de manera inmediata mediante oficio que al efecto se le envié por interconexión o correo electrónico a la cuenta institucional que corresponda. Notifíquese por oficio al Agente del Ministerio Público adscrito, con copia del auto de veintidós de enero del año en curso y por lista al resto de las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020....951/2020-VIII.
- Principal
-Se tiene por no interpuesta la demanda de amparo- De las actuaciones del expediente, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por Leonardo Rábago González, a favor de Raquel González Jiménez, contra actos del Director General del Centenario Hospital Miguel Hidalgo y otras autoridades, en la que se señaló como acto reclamado el siguiente: "II.- Actos reclamados: De la responsable ordenadora: a) La determinación consistente en suspender los servicios médicos para la señora Raquel González Jiménez, quien se encuentra en el área de terapia intensiva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, ubicado en Avenida Gómez Morín S/N La Estación, Alameda, C.P. 20259. b) La orden de trasladar a la señora Raquel González Jiménez, del área de terapia intensiva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo a cualquier clínica u hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. c) La determinación consistente en suspender medicamentos y material médico programado para la señora Raquel González Jiménez, quien se encuentra en el área de terapia intensiva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, ubicado en Avenida Gómez Morín S/N La Estación, Alameda, C.P. 20259. De la responsable ejecutora: a) La ejecución que le dan a la determinación consistente en suspender los servicios médicos para la señora Raquel González Jiménez, quien se encuentra en el área de terapia intensiva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, ubicado en Avenida Gómez Morín S/N La Estación, Alameda, C.P. 20259. b) La ejecución del traslado de la señora Raquel González Jiménez, del área de terapia intensiva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo a cualquier clínica u hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. c) La ejecución de la determinación consistente en suspender medicamentos y material médico programado para la señora Raquel González Jiménez, quien se encuentra en el área de terapia intensiva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, ubicado en Avenida Gómez Morín S/N La Estación, Alameda, C.P. 20259." Que en acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 951/2020-VIII, se concedió la suspensión de oficio y de plano; en el mismo proveído de determinó que, dado que la agraviada se encontraba en terapia intensiva, aunado a que padecía la enfermedad derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por tanto, ante tal situación, no era posible requerir, en ese momento, a la quejosa para que ratificara la demanda de amparo. Por oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se advierte que la autoridad responsable Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo acompañó a su informe de suspensión de plano las documentales consistentes en: Nota de evolución de la paciente Raquel González Jiménez con número de expediente 2020-08139 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte; y Nota de egreso de la propia paciente Raquel González Jiménez en la que se establece la fecha de ingreso tres de noviembre y fecha de egreso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte y el motivo de su defunción, plasmándose en resumen de la evolución actual de ésta en la que se observa bradicardia con presencia a las 19:00 horas de parada cardiorespiratoria con inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, sin obtener respuesta. Se define hora de la defunción 19:20 horas. Asimismo, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a José Ismael Martínez Ramos, autorizado de la parte quejosa, y al Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, informando que el fallecimiento de la quejosa Raquel González Jiménez, ocurrido el veintiuno de noviembre de dos mil veinte. Por otro lado, en acuerdo de veintiuno de enero del año en curso, se tuvo a la Directora General del Registro Civil del Estado, cumpliendo con el requerimiento formulado el cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual exhibe el acta de defunción de la directa quejosa Raquel González Jiménez, documental que es valorada en términos del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, dado el fallecimiento demostrado de la quejosa en el presente juicio y considerando la circunstancia que en juicio no fue admitido a trámite por la falta de ratificación de la demanda por parte de la directa agraviada, debemos atender al contenido del numeral 15 de la Ley de Amparo, que al efecto establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De dicho dispositivo se establece la necesidad de que el directo agraviado, en los casos indicados en el propio dispositivo, ratifique la demanda de amparo a efecto de continuar el juicio de garantías. También preceptúa que ante la eventualidad de no localizar al quejoso, podrá suspenderse el procedimiento por un año y si no se logra la comparecencia determinar que la demanda se tendrá por no interpuesta. En el caso en análisis, se puede advertir que dado el fallecimiento de Raquel González Jiménez, no será posible que se logre su comparecencia, ni ahora ni dentro del periodo de un año que la norma establece para lograr se apersone a juicio; en ese sentido, dado lo manifiesto de que se materialice lo indicado en la propia norma, es procedente que se tenga por no presentada la demanda de amparo, acorde a la interpretación del citado numeral 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que no es necesario suspender el procedimiento para esperar que la sucesión se apersone en el juicio, ya que los actos reclamados consistentes en la suspensión los servicios médicos, medicamentos y material programado de la directa quejosa, quien se encontraba en el área de terapia intensiva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo; así como la determinación de trasladarla a cualquier otra clínica u Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social; son actos que solo afectan los derechos estrictamente personales de la quejosa. De ahí que, ante la muerte de Raquel González Jiménez, sumado a que los derechos reclamados por la vía de amparo, no son susceptibles a ser transmitidos a sus sucesores al tratarse de derechos que sólo afectan a la directa quejosa (estrictamente personales), se configura el supuesto establecido en el artículo 15, de la ley en cita, por lo que se impone tener por no interpuesta la demanda presentada en el juicio de garantías contra el acto reclamado por el promovente Leonardo Rábago González, a favor de Raquel González Jiménez. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en este se contienen, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1325, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan sólo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio". Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio a las autoridades responsbales. 951/2020-VIII.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Directora General del Registro Civil del Estado, cumpliendo con el requerimiento formulado el cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual exhibe el acta de defunción de la directa quejosa Raquel González Jiménez, en consecuencia agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese mediante lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020....951/2020-VIII.
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