Raquel Esther Olvera Oropeza
Expediente 1451/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1451/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raquel Esther Olvera Oropeza
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual, informa que por acuerdo de veinticuatro de noviembre dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director General y del encargado del Departamento de cuentas al corriente, ambos del Hospital Ángeles Universidad; al efecto, remite el juicio de amparo********************de su índice; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente -físico y electrónico- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1451/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Al respecto, en lo concerniente a la demanda de amparo -de su estudio integral-, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La privación ilegal de la libertad y/o ataques a la libertad personal fuera del procedimiento y la negativa de entregar a la quejosa su expediente clínico. Cabe precisar que el homologo federal estableció carecer de competencia legal, por las razones siguientes: "[.] El artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia objetiva de los órganos del Poder Judicial de la Federación especializados en amparo en materia civil; destacando que en la fracción I, reconoce al juez de distrito de amparo en materia civil competencia para conocer de los juicios de amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil; luego entonces, por extensión de actos u omisiones en juicios de esa naturaleza. Las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de juzgados de Distrito especializados por materia, toman, toman como elemento para determinar la competencia material la naturaleza del acto reclamado, poniendo especial énfasis en su contenido material. (.) Lo anterior se afirma, en atención a que se reclama una controversia de naturaleza civil, esto es, el cobro de la cuenta del ********************con la aseguradora ********************-contratada por la directa quejosa-, por los siguientes motivos: (.) Aunado a que de los informes emitidos por las responsables, se obtiene la manifestación en torno a que los actos reclamados derivan de un contrato de carácter civil, pues el cobro de la cuenta lo cual se realizó de forma legal conforme los procedimientos del Hospital, pues ello derivó propiamente en un contrato de prestación de servicios hospitalarios. En consecuencia, esta juzgadora federal declara carecer de competencia legal en razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************a favor de ******************** pues al margen que se reclama la "Privación Ilegal de la libertad y/o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", la materia de juicio no versará sobre la existencia o no de los delitos que se consideran actualizados, si no en principio del cumplimiento o incumplimiento de una póliza de seguro de gastos médicos por parte de la aseguradora GNP, lo que se advierte es de naturaleza civil. [.]" Consideraciones respecto de las cuales, este Juzgador disiente por las razones siguientes: Cabe mencionar, que el acto precisado por la parte quejosa no justifica la competencia legal de este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México para conocer del presente asunto, pues en todo caso, en opinión de este órgano jurisdiccional corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior se afirma de ese modo, cuenta habida que, en primer lugar, debe dejarse establecido que por competencia ha de entenderse -en términos generales- como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer o decidir sobre determinadas materias. La competencia jurisdiccional nace o se genera de las funciones propias de los tribunales, derivadas de la naturaleza del asunto controvertido, así como de las normas orgánicas y reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante aquéllos, la cual, se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio específicamente planteado. Por su parte, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del diverso ordinal 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser analizado y observado por las autoridades encargadas de impartir justicia antes de pronunciar una resolución que dirima la cuestión controvertida, dado que lo decidido por un juzgador incompetente resulta ser nulo de pleno derecho. Determinación que debe tomarse en el momento pertinente, a efecto de garantizar a las partes contendientes sus derechos humanos a la seguridad y certeza jurídicas. Ilustra lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conceder el caso". En el caso, interesa la cuestión relativa a la competencia por materia, cuya finalidad consiste en que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo cual permite a los órganos jurisdiccionales un mayor conocimiento y versatilidad sobre el tema sujeto a su decisión y, por consiguiente, que se encuentre en posibilidad de resolverlo en menor tiempo con el objeto de observar la garantía de justicia pronta tutelada en el artículo 17 constitucional. Así, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales referidos a las ramas penal, administrativa, civil y de trabajo, respecto de lo cual, a cada uno corresponde decidir los asuntos relacionados con su especial conocimiento en lo particular. Conviene también agregar que, para decidir la competencia de un juez de distrito en alguna materia en particular, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables; derivado de ello, si dicho acto corresponde por sí mismo a una materia específica y emana de autoridades que tienen una especialización asignada por el legislador, tales circunstancias permiten determinar la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva en contra del referido acto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, visible a página 412, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que, para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Es oportuno destacar que los lineamientos fijados por el legislador para determinar tal competencia, por lo que hace a los juzgados de distrito de amparo en materia penal, se encuentra regulada en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dicho precepto prevé lo siguiente: "(.) Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" Por su parte, las facultades de los jueces de distrito de amparo en materia civil, se encuentran previstos en el numeral 60 de dicho ordenamiento, mismo que se transcribe a continuación: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: - - - I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y - - - IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la interpretación armónica de dicho numerales, se aprecia que los Jueces de Distrito en Materia Civil, son competentes -toralmente- para conocer únicamente respecto de las demandas que se promuevan contra resoluciones, leyes y demás disposiciones de observancia general, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil y de los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito no enumerados en los artículos 51, 56 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En la especie, como se precisó con antelación, el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: La privación ilegal de la libertad y/o ataques a la libertad personal fuera del procedimiento y la negativa de entregar a la quejosa su expediente clínico. En ese sentido, el acto aquí reclamado no fue emitido dentro de un procedimiento de carácter civil y sin que la parte quejosa señalara como autoridad responsable a alguna autoridad jurisdiccional en materia civil. Dicho de otro modo, con independencia de los hechos narrados por la inconforme, el acto aquí combatido es la privación de su libertad por parte de las autoridades que señaló como responsable y, si bien hace referencia a la falta de pago de los honorarios generados durante su estancia en el Hospital Ángeles Universidad, ello no es un motivo suficiente para fincar la competencia a un juez de distrito en materia civil, puesto que, el acto combatido no deriva de una orden dictada dentro de una controversia de naturaleza civil. Incluso la quejosa no señala como autoridad responsable a la aseguradora ********************ni le atribuye acto alguno. Corrobora lo anterior, el hecho de que el acto combatido en atención a su naturaleza jurídica no encuadra en los supuestos de competencia material previstos en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los juzgados de Distrito de amparo en materia civil, pues: No se trata de un amparo promovido contra una resolución emitida en un procedimiento del orden civil -puesto que el acto reclamado, se reitera, consiste en la privación de la libertad-. No se promueve contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil. Tampoco es un asunto de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de la ley orgánica (amparo en materia penal, materia administrativa, materia de trabajo). No se refiere a las denuncias por incumplimiento a las declaraciones generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación I.3o.C.100 K, registro digital: 163502, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Noviembre de 2010, página 1431, de contenido siguiente: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte." En este sentido, es inconcuso que el acto reclamado es de índole penal, por lo cual, tal como se adelantó, este juzgado federal carece de competencia legal por cuestión de la materia para dictar la resolución que en derecho corresponde. Apoya lo antes expuesto, por las razones que informa la tesis que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que, por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." Por lo tanto, con base en lo razonado con antelación, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Devuélvanse las constancias remitidas por dicho juzgador, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a quien se le solicita atentamente el acuse de recibo. En otra tesitura, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte promovente -las listas de este juzgado- Sin lugar a tener en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que la quejosa no proporciona el número de cédula profesional o de registro único, a efecto de que sea verificado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que sólo se le tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones, inclusive para recoger documentos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y por lista a la quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,554 expedientes
- Ramón Vázquez Vázquez1534/2023
- Ramona Estela Luna Torres1087/2019
- Ramsés Pérez Palacios848/2016
- Ranulfo Mendoza López1149/2014
- Raquel Alicia Gálvez Fonseca25/2023
- Raquel Chávez Falcón478/2019
- Raquel Galindo Gonzalez367/2020
- Raquel Jaimes Escareño949/2023
- Raquel Miñón Ramírez1449/2023
- Raquel Peláez Martínez1141/2016
- Raquel Reyes Velázquez566/2017
- Raquel Rodríguez Saavedra316/2022