Raquel Elizabeth Pruneda Ríos
Expediente 1328/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2023
Partes del expediente
- Raquel Elizabeth Pruneda Ríos
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. I. Informa cumplimiento. Agréguese a los autos, el correo electrónico de cuenta que contiene el oficio signado en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que los artículos declarados inconstitucionales han sido desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre y cuando no sean objeto de reforma; asimismo, que se encuentra a disposición de la parte quejosa el excedente del monto que retuvo por concepto de los derechos registrales erogados, para lo cual deberá acudir a las instalaciones de la responsable a recoger la referencia bancaria, a fin de retirar el numerario en la institución bancaria que refiere. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. III. Se hace del conocimiento de la parte quejosa. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que deberá acudir a la brevedad a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en ********************, con la finalidad de que le sea entregada la referencia bancaria correspondiente. Se hace la precisión que la autoridad de mérito refiere que derivado del fenómeno de salud pública emanado del virus COVID-19, la entrega de la mencionada referencia se realizará únicamente mediante cita previa, la cual puede ser agendada en la dirección electrónica https://procuraduriafiscal.queretaro.gob.mx/citas/, en el horario de nueve a trece horas, de los días martes y jueves, para lo cual deberá acompañar identificación oficial y copia de la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual rinde su informe justificado la autoridad responsable: Juez Tercero Menor Civil del Estado de Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. a) Prueba. Ahora, con apoyo en el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, se tiene como prueba de la autoridad en cita, la documental que adjunta a su informe, sin perjuicio de hacer su relación al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio. Con las constancias que remite, fórmese por separado el cuaderno de pruebas correspondiente, el cual para su mejor manejo será identificado como tomo I. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que el oficio antes relacionado, será debidamente digitalizado para su consulta a través del expediente electrónico; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad en comento, éstas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado, para su consulta.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos de la Legislatura y otras autoridades. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 1328/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento parcial. Previo a proveer lo que en derecho corresponda, respecto la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar del análisis integral de la misma, a que este órgano jurisdiccional está obligado, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: ( Legislatura del Estado de Querétaro. ( Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. ( Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Asimismo, se advierte que los actos reclamados los hace consistir en: ( El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales. ( La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en la retención de los gastos derivados de la protocolización de la escritura pública de origen. Fijado lo anterior, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de que rige el Juicio Constitucional, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De igual manera, se destaca el contenido de los numerales 61, fracción XXIII, así como el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." De igual manera, se destaca el contenido de los numerales 61, fracción XXIII, así como el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." En tal virtud, debe decirse que por lo que hace a los actos reclamados al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, consistente en el cobro de las contribuciones cuya constitucionalidad se impugna, el presente controvertido deviene improcedente. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, del que se advierte que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En el caso, existe jurisprudencia que establece que la autoliquidación de contribuciones no es imputable a las autoridades exactoras, tal como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367 del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por ende, al actualizarse una causa de improcedencia derivada de la existencia de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento, se desecha la demanda de amparo por lo que atañe a los actos atribuidos al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Además, debe destacarse que esta decisión no causa agravio jurídico alguno a la autoridad ejecutora, toda vez que no se afecta acto alguno que hayan emitido y en términos del artículo 87 de la Ley Reglamentaria, tratándose de juicios de amparo contra leyes, sólo las autoridades encargadas de la promulgación de la norma están facultadas para defender su constitucionalidad, ya que la autoridad recaudadora sólo está facultada para interponer el recurso de revisión cuando controvierta el efecto dado al fallo protector que la vincula, tal como se desprende de la jurisprudencia de rubro "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA." (2a./J. 11/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1243); ya que tampoco tiene legitimación cuando aduzca causales de improcedencia, como deriva del diverso criterio del Tribunal Pleno, de rubro "REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." (Tesis: 2517, Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia Constitucional, página 1750). De ahí que si no se le reconoce legitimación a la autoridad recaudadora en todos los casos para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, tratándose de proveídos de trámite impugnables en queja, no se materializa acto alguno que le cause un perjuicio actual y cierto en su esfera jurídica. Por tanto, la eventual afectación al erario con el dictado de la sentencia concesoria, es un acto futuro e incierto, razón por la cual es innecesario tenerlas en este juicio como autoridades responsables, pues no se les ocasiona agravio jurídico alguno hasta este momento. Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." (2a./J. 128/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 235), así como la de diversa de epígrafe "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." (2a./J. 11/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 659); sin embargo, la primera se emitió con anterioridad a la expedición de la jurisprudencia citada en párrafos precedentes; en tanto que la segunda de las invocadas, se refiere al supuesto en que no se reclame la norma por vicios propios sino sólo el acto de aplicación, caso en el que debe llamarse a la ejecutora para que haga valer lo que a su interés convenga, esto es, también para combatir los efectos del fallo de amparo, supuesto que no es el de la especie pues sí se controvirtió la constitucionalidad de las normas impugnadas, y se está en el supuesto de la afectación futura e incierta, no inminente. V. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, por cumplir con los requisitos que establece la ley de Amparo. Se precisa que en el presente juicio de amparo se tramitará bajo las reglas previstas en el artículo 118 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados provienen de normas declaradas inconstitucionales mediante jurisprudencia número 1ª./J.10/2019, Decima Época, de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. VI. Audiencia constitucional. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. En el entendido de que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen de que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con lo que establece el numeral 119 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado electrónicamente, y de forma física sólo en casos urgentes, además de que de acuerdo al artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. VII. Incidente de suspensión. No se está en el caso de formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. VIII. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto de autoridad que se reclama, en el caso, no hay persona a la que asista el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III de la Ley de la Materia. IX. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 116 y 118 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para rindan informe justificado dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga; en el entendido que, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberán acompañar, en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. X. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. XI. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que haga llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que se estimen necesarios para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XII. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XIII. Requerimiento por constancias sobre la actualización de causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XIV. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XV. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "********"; asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos a *********, así como a las diversas personas que indica, la primera, por no contar con cédula inscrita en el sistema correspondiente, y las restantes por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XVI. Acceso al expediente electrónico. En atención a su solicitud y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "************". En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario referido, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. XVII. Medios de contacto. Tomando en consideración que la parte quejosa promovente señala correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dichos medios no se encuentran en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica; sin embargo, se le tiene únicamente como medios de contacto para los efectos legales a que haya lugar. XVIII. Intervención al Agente del Ministerio Público. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, pues para el presente asunto así lo prevé el ordinal 26, fracción II, inciso c), de la referida ley. XIX. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, se tienen como medios de convicción: 1) la documental que anexa y 2) la de informes, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. XX. Prueba de informes. Por tanto, con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio, se admite la prueba de informes que solicita a cargo del Titular de la Notaría Pública ********* con ejercicio en esta ciudad, en los términos propuestos, para lo cual deberá exhibir copia certificada de la escritura pública origen del acto reclamado; por tanto, requiérase a dicho fedatario para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto cumpla con lo solicitado. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.32/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 721 del tomo XXIX, Abril 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Correspondiente a la Novena Época, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL." Asimismo, se requiere a dicho fedatario para que el escrito por el que desahogue el presente requerimiento, lo presente de manera física, no así por correo electrónico. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, o bien omitiere cumplir con algún inciso, en términos de los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.
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