Raquel Elena Concepción Hernández Ortíz

Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
708/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Raquel Elena Concepción Hernández Ortíz
  • Jueza Décimo Primero Familiar Adscrita Al Distrito Judicial de Tlalnepantla Con Residencia En Huixquilucan, México

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintidós. Causa estado Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Raquel Elena Concepción Hernández Ortíz, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.E.F.H.; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintidós. Recepción de demandas. Se tiene por recibida la demanda presentada por Raquel Elena Concepción Hernández Ortiz, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales R.E.F.H., contra actos que reclaman de la Jueza Décimo Primero Familiar adscrita al Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, México y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrense en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 708/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 708/2022 2 Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las parte En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto ???????????? en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En principio, se destaca que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la demanda de amparo fue promovida por quien se ostenta como Raquel Elena Concepción Hernández Ortiz: sin embargo, esta signado electrónicamente por Andrés Roberto Pedraza Becerril, en ese sentido, carece de la firma electrónica de la promovente, tal y como puede advertirse de los archivos correspondientes. Al respecto, debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, la cual se encuentra regulada en el Acuerdo General 12/2020; del cual se puede deducir que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se equipara al documento de identidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. De tal forma que al presentar sus escritos por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, los mismos deben contar con dicha firma electrónica del promovente, máxime que no se advierte la imposibilidad que tenga para promover por medios físicos. Asimismo, no se soslaya que conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, dicha firma electrónica resulta innecesaria Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 708/2022 4 cuando el juicio de amparo se promueva respecto de alguna de las hipótesis que contempla el mismo; sin embargo, los actos reclamados expuestos en el escrito de demanda presentada por Raquel Elena Concepción Hernández Ortiz, no se encuentran en el supuesto de dicho precepto o de los diversos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que de los antecedentes citados por éste, no se advierte la imposibilidad que tenga para promover por medios físicos la demanda de amparo o por medios electrónicos en términos de los párrafos anteriores, esto es a través de la firma electrónica (firel) o la e-firma (antes fiel) que regula en Código Fiscal de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), con número de registro digital 2019715, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 79, Libro 65, Tomo I, Abril de 2019, Décima Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace ???????????? alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Por tanto, dado que la firma electrónica de la promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a su escrito, toda vez que la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de su firma electrónica, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el en presente juicio. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, carece de firma electrónica, es decir, el signo que avale el envío de dicha demanda por el medio que esté ha elegido, y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, éste debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretando a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desecharla, al no existir petición del quejoso que figura como afectado por el acto de autoridad ni como promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada visible en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° fracción I, interpretando a Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 708/2022 6 contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Cobra aplicación la tesis aislada, visible en la página noventa y seis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Volumen 175-180, sexta parte, de texto y rubro: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa. Sin que en el caso haya lugar a requerir a la promovente Raquel Elena Concepción Hernández Ortiz, ratificar su escrito inicial de demanda, toda vez que a la fecha de su presentación, no se encuentran implementados los protocolos de semáforo rojo derivados de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que no le son aplicables los supuestos a que hace referencia la jurisprudencia PC.I.C. J/6 C (11a.), con número de registro digital 2024103, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 2098, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL PROMOVENTE, PROCEDE REQUERIRLO PARA QUE LA RATIFIQUE SÓLO SI SE ENCUENTRAN ACTIVOS LOS PROTOCOLOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ROJO A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19). Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 708/2022 7 ??A???????????? Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al resolver si frente a la eventual contingencia sanitaria generada con motivo del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), se actualiza o no de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, cuando la demanda es presentada vía electrónica y obra en ella la firma escaneada del peticionario del amparo, pero carece de su firma electrónica o si, debido a esa eventual contingencia sanitaria, los juzgadores deben prevenir al quejoso para que ratifique su firma y no desechar de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que la premisa fáctica de aplicación de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partió del hecho de que la exigencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) al proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, no obstaculiza la defensa del quejoso ni trastoca sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, en la medida que presentar una demanda electrónicamente es optativo para el justiciable. De manera que si en los periodos comprendidos entre el 17 de marzo y el 7 de julio de 2020, así como del 21 de diciembre del 2020 al 11 de enero de 2021, tal posibilidad en realidad no fue optativa, sino que era la única disponible frente al aislamiento y distancia social ordenados por el Gobierno Federal y el cierre de las ventanillas de presentación física del Poder Judicial de la Federación en el contexto de la emergencia sanitaria, cabe concluir que al no darse el supuesto fáctico de aplicación de la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación, resulta razonable, previo a desechar la demanda y cuando haya duda sobre la intención de instar a la Justicia Federal, requerir a los presuntos quejosos para que ratifiquen su escrito inicial, incluso a través de diligencias actuariales y videoconferencias, a fin de garantizar el debido acceso a la jurisdicción en los periodos en que se implementen los protocolos de semáforo rojo durante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19). : Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), en la que determinó que procede desechar de plano la demanda de amparo indirecto cuando ésta carece de firma electrónica y es presentada de manera electrónica, lo cierto es que éste fue un criterio emitido en 2018, antes de la pandemia generada por el virus SARSCoV- 2, por lo cual, al momento de su emisión, la Suprema Corte no pudo tomar en consideración dicha circunstancia para establecer algún criterio de excepción en relación con la pandemia. Posteriormente, con motivo de ésta, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos administrativos, entre los que destaca un mandato por realizar un esfuerzo que tenía que ser acompañado por la sensibilidad de los Jueces para facilitar el acceso a la jurisdicción y no para obstruirlo. En esa medida, durante los periodos más álgidos de la pandemia el trámite para obtener la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación representaba un obstáculo ciertamente difícil de superar ante el contexto de pandemia que imperaba, pues resultaba sumamente complejo culminar el proceso de trámite, dado que éste, con anterioridad, llegó a contemplar etapas donde se requería una cita presencial, lo que suponía un riesgo mayor para la población en general y, en especial, para aquella que tuviera condiciones preexistentes que comprometieran gravemente su salud. En tal virtud, si bien dicha etapa fue superada durante un episodio de la pandemia, al implementarse una aplicación de telefonía celular para el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 708/2022 8 cierto es que la pandemia no ha concluido y existe, aun con el programa de vacunación a la población, la posibilidad de que una u otra cepa pudiera nuevamente agravar la situación e incrementar los riesgos para la población obligando a activar los protocolos de semáforo rojo, por lo que si esta circunstancia ocurriera, se abriría nuevamente una brecha temporal que obligaría a privilegiar el acceso a la jurisdicción por encima de la aplicación de la tesis P./J. 8/2019 (10a.), porque en ese supuesto el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación se enderezaría como un obstáculo para el acceso a la justicia dado el alto riesgo que representaría para las personas obtener su firma electrónica. Máxime que de la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia se advierte que la Suprema Corte emitió su criterio con base en que la firma electrónica era una facilidad procesal para los justiciables, pero si ésta dejó de tener dicho carácter con motivo de la pandemia, entonces es plausible emitir el presente criterio de excepción temporal, porque la razón toral que tuvo el Alto Tribunal para emitir su resolución se vio afectada de manera extraordinaria con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que la promovente autoriza el usuario apedrazab10, el cual se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le faculta para promover, tener acceso y consultar vía electrónica, así como para oír y recibir notificaciones de las determinaciones emitidas en el presente juicio, en términos de los artículos 14, 34, 35, 48 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. Por lo que, se comisiona al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que proceda a habilitar el acceso al expediente ???????????? electrónico; asimismo, la sección de Actuaría, deberá realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal a la parte quejosa a través del usuario mencionado con anterioridad. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de ???????????? notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.

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