Raquel Dorantes Aranda

Expediente 1213/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1213/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2016

Partes del expediente

  • Raquel Dorantes Aranda

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento de quince de julio de dos mil dieciséis, remite copia certificada del acuerdo de tres de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral 01/416/13-III, concediendo a la parte actora el término de tres días para que proporcione y precise domicilio en el cual pueda ser emplazado la parte demandada, comisionando al actuario para notificar personalmente a la parte actora; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, es procedente requerir a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, para que en dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora del acuerdo de tres de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral 01/416/13-III. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, visto el acuse de recibo que antecede; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el veintiuno de junio del dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2741/2016, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez que autoriza da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa RAQUEL DORANTES ARANDA, el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación del acuerdo de mérito a la parte quejosa, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo...auto que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías que promueve ********************, por su propio derecho y en su carácter de causahabiente de ********************, contra actos del DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1213/2016-III que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De un estudio integral de la demanda de garantías se advierte que la promovente controvierte en esta instancia la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la formulación de imputación en la carpeta de averiguación previa número ********************, formada con motivo de la denuncia presentada con motivo del homicidio de ******************** el diecinueve de abril del año dos mil diez. Al respecto, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, en su artículo 226, establece lo siguiente: ".Artículo 226. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el juez de control. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia a la audiencia por parte de la víctima, el ofendido o sus representantes legales, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la decisión de archivo temporal, abstenerse de investigar o no ejercicio de la acción penal. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior." Ahora bien, debe resaltarse que de conformidad con el análisis de las consideraciones de iniciativa de la reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, se advierte que fue espíritu del Legislador el establecer un medio sencillo y accesible para impugnar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, tal como se desprende de lo siguiente: "Ahora, también en el tema de la impugnación de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal y resoluciones equivalentes, se avanza considerablemente respecto a la legislación vigente. Hoy en día, para impugnar una determinación del Procurador General de Justicia de no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se ven en la necesidad de acudir al amparo, pues en la legislación procesal vigente no se establece medio de impugnación ante órgano jurisdiccional de este tipo de determinaciones. Ello implica que la impugnación de las mismas se vuelve inaccesible para la gran mayoría de las víctimas u ofendidos, especialmente para las de escasos recursos económicos, pues para nadie es noticia que el amparo se ha vuelto un medio demasiado técnico y, por ende, fuera del alcance de la gran mayoría de la población. En el Nuevo Código se establece un medio sencillo y accesible para impugnar ante órgano jurisdiccional (Juez de garantía), no sólo las decisiones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, (sic) sino de resoluciones equivalentes (no inicio de investigación, archivo temporal y ejercicio de algún criterio de oportunidad). De esta manera se cumple también con el mandato implícito del párrafo cuarto del artículo 21 constitucional, consistente en establecer una vía jurisdiccional para impugnar este tipo de determinaciones del Ministerio Público. También cabe destacar que no sólo se conceden a las víctimas u ofendidos, medios para inconformarse ante las citadas resoluciones del Ministerio Público sino para quejarse en contra de la inactividad injustificada del Ministerio Público o su negativa a tomar una determinación teniendo los elementos para ello. Con lo que se espera combatir la práctica de algunos agentes del Ministerio Público de no actuar en la averiguación previa sino 'a instancia' del denunciante o querellante o bien, la de no resolver la averiguación previa para evitar la impugnación de sus resoluciones." Como se puede observar, la legislación aplicable al caso concreto, establece un medio de impugnación, por las decisiones del Ministerio Público, lo que en la especie acontece, ya que, el acto reclamado es la omisión de emitir la determinación de ejercicio de la acción penal dentro de carpeta de averiguación previa número ********************; por tanto, lo que jurídicamente procede, es la queja establecida en el artículo 226 de la Codificación Penal antes aludida, la cual no ha sido promovida por el peticionario a pesar de que está obligado a hacerlo previamente al juicio de amparo. En consecuencia, como en el caso no se cumple con el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de garantías, es indiscutible que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que a través de la queja, se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado en este Juzgado Federal. Apoya lo anterior, por analogía y las razones que informa, la tesis XVII.1o.P.A.72 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena." Asimismo la Jurisprudencia 1a. /J. 16/2011 (10a.), visible en la página 41, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, de la Primera Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto es: ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO ALPRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). En términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotar esos recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se advierte que procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, contra la determinación del Procurador General de Justicia del Estado que confirma el no ejercicio de la acción penal. De ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y materialmente, y tener como efecto revocar, modificar o nulificar dicho acto de autoridad, además de no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la citada fracción XV del artículo 73, se impone a la quejosa agotarlo, previo al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia. Lo anterior es así, en virtud de que la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Así como la Jurisprudencia 1ª./J. 118/2010, visible en la página 17, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." De lo anterior, esta sede constitucional concluye que la interposición de la queja, satisface los requisitos establecidos para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, que el quejoso debió agotar antes de acudir al juicio de amparo, y de esa forma obtener el resarcimiento de los derechos que estima afectados. En efecto, este juzgado sostiene este aserto, con base en que el medio de impugnación en mención, tiene por objeto desaparecer la determinación que lesiona los intereses del quejoso, precisamente porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que a la letra establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por ********************, por su propio derecho y en su carácter de causahabiente de ********************, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle No Reelección, número 02, edificio anexo Bella Vista, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, asimismo, se tiene por autorizados para tales efectos a las personas propuestas y, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a los profesionistas designados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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