Raquel Carrasquedo Cruz

Expediente 885/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
885/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Raquel Carrasquedo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la certificación de esta fecha ...se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veintidós.Agréguese a los autos el escrito signado por Raquel Carrasquedo Cruz. Atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la constancia que indica en su escrito de cuenta, así como la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, autorizando para recibirlos a las personas que refiere dentro del horario establecido que tiene asignado este órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas, se le hace del conocimiento que para recoger las copias solicitadas y documentos, deberá tramitar una cita para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional en el programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, dígase a la ocursante, que por auto de siete de octubre del año en curso, se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de todas las actuaciones, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario referido, sin necesidad de presentar promoción alguna. Notifíquese personalmente a la promvovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C, LOS AUTOS DE 07/10/2022...Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Raquel Carrasquedo Cruz, seis copias de la misma, dos discos versátiles y una memoria USB en sobre amarillo; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 885/2022 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CONSIDERACIÓN PREVIA A fin de proveer lo conducente sobre la demanda que nos ocupa, procede señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por la quejosa y la correspondiente hipótesis normativa, por lo que, nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; siendo así que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia advertida es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por su parte, el artículo 62 de la Ley en cita, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que se desprende que las causas de improcedencia se deberán analizar de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. DESECHAMIENTO Ahora, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Oficial Agente de Tránsito del municipio de Veracruz, Veracruz, lo siguiente: La boleta de infracción número 293912, de dos de octubre de dos mil veintidós, por la cual se le impuso multa por el concepto siguiente: "94 fracción II, no respetar indicaciones del semáforo (flecha), 198, 16, 46, fracción XXI, negarse a realizar prueba de alcoholimetría, 45, 193, el conductor está obligado al pago del acarreo", la cual combate por vicios propios, debido a su indebida fundamentación y motivación. De igual modo, de la demanda se patentiza que como consecuencia de esa infracción también reclama: El desposeimiento y retención tanto de su vehículo Kia, modelo dos mil diecisiete, New Sportage, 2.0 EX PACK A-T, color "mercury blue", motor G4NAHH7321164, número de serie KNDP3NA9H7313392, así como de su licencia de conducir tipo C y de la tarjeta de circulación expedida a su nombre, sin embargo, no por vicios propios. Es de observarse también que la infracción reclamada presenta como fundamentación, de manera destacable, los artículos 1, 2, 3, fracciones IV y VI y XV, 19, fracciones II, III, V, IX y X, 146, 149, 150, 151, 152 y 155 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, asimismo, esta última legislación contiene en su numeral 166 que contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por esa ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, o en su caso, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente, al ser optativo para la justiciable. Bajo esas consideraciones, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]. Ello, debido a que la promovente del amparo omitió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos fundamentales, pues, previamente a presentar el amparo, debió impugnar a través del medio de defensa legal previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, mediante el cual el acto reclamado podía ser modificado, revocado o nulificado, como más adelante se explicará. En esa tesitura, en primer lugar se debe establecer que el acto reclamado consistente en la boleta de infracción levantada por el Agente de Tránsito del municipio de Veracruz, Veracruz, se encuentra regulado por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, por así establecerlo en su artículos 1 y 2, así como también puede ser impugnado a través de un recurso como lo prevé su numeral 166; dispositivos que se transcriben a continuación: Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto regular el tránsito de vehículos y personas en las vialidades que no sean de competencia federal, así como el estacionamiento de vehículos, la seguridad vial y sus organismos auxiliares. Artículo 2. Los Ayuntamientos aplicarán y vigilarán el estricto cumplimiento de esta Ley, por conducto de las unidades administrativas de tránsito y seguridad vial o su equivalente, y ajustarán a las disposiciones de la misma sus reglamentos en la materia. Podrán prestar el servicio público de tránsito directamente o de manera coordinada con el Gobierno del Estado. Cuando el servicio se transfiera por convenio al Gobierno del Estado, la aplicación de la Ley y su Reglamento se realizará a través de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 166. Contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por esta Ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De los dos primeros ordinales transcritos, se colige que es competencia de las autoridades municipales, como en el caso del Agente de Tránsito del municipio de Veracruz, Veracruz responsable, la aplicación y cumplimiento de esa ley, por ende, resulta incuestionable que la boleta de infracción reclamada, se encuentra regulada por esa norma, la cual en el último de los numerales mencionados dispone de manera expresa la procedencia del recurso de revocación contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito, en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Por su parte, los artículos 1, párrafo primero, 2, fracciones IV y VI, y 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, prevén: Artículo 1. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública; del recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como la calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas administrativas graves y a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. [.]. Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: [.] IV. Administración Pública: Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los ayuntamientos del Estado, así como las áreas o unidades administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que establezcan las leyes; [.] VI. Autoridad: Los servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público que, con fundamento en la ley, realizan actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; [.]. Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. [.]. De esos numerales, se pone manifiesto que las disposiciones de la citada codificación tienen por objeto regular, entre otros, los actos administrativos de la administración pública, entendiéndose por ésta las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo en sus ámbitos estatal y municipal, emitidos por las autoridades competentes, es decir, servidores públicos de cualquiera de los dos ámbitos mencionados. Además, que los afectados por esos actos, a su elección, podrán interponer el recurso de revocación o intentar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente. Sin embargo, a pesar de que el recurso de revocación prevea la suspensión del acto impugnado, como se establece en el artículo 266 de la Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que a la letra dice: Artículo 266. El interesado podrá solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del acto o de la resolución recurrida, en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la revocación. La autoridad que conozca del recurso deberá acordar lo conducente dentro de los cinco días siguientes a la solicitud. De su contenido, se evidencia que la autoridad que conozca de él, acordara lo conducente a la suspensión dentro de los cinco días siguientes a la solicitud, plazo mayor al previsto por la Ley de Amparo, que es de veinticuatro horas; por lo que, la parte quejosa no estaría obligada a interponer dicho recurso previo a la promoción del juicio de amparo, por operar una de las excepciones al principio de definitividad previstas de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. No obstante, el procedimiento contencioso administrativo, contempla la suspensión del acto impugnado, la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas, y puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encontraran, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, acorde con los artículos 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 de la citada codificación. De ahí, que no se da el supuesto de excepción de la causa de improcedencia referida, consistente en que de acuerdo a la legislación que rige el acto deban suspenderse los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los previstos en la de la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Cuestión que además, quedó dilucidada en la contradicción de tesis 202/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), con registro 2020596, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326, de contenido siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Por esa razón, si bien la quejosa no se encuentra obliga a agotar el recurso de revocación antes de acudir a la presente instancia constitucional, la ley administrativa que nos ocupa, le pone a su alcance la instauración del juicio contencioso administrativo, el cual sí tiene la obligación de intentar previo a la promoción del juicio de amparo. Ello, debido a que como ya quedó sentado en la jurisprudencia citada, los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio de amparo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. De modo, que es patente la actualización de la causal de improcedencia que nos ocupa, respecto de la boleta de infracción número 293912, de dos de octubre de dos mil veintidós, por la cual la autoridad responsable le impuso multa por lo siguiente: "94 fracción II, no respetar indicaciones del semáforo (flecha), 198, 16, 46, fracción XXI, negarse a realizar prueba de alcoholimetría, 45, 193, el conductor está obligado al pago del acarreo", por lo que, procede desechar la demanda de amparo. Desechamiento que se hace extensivo a los actos combatidos en vía de consecuencia, consistentes en el desposeimiento y retención tanto de su vehículo Kia modelo dos mil diecisiete, New Sportage, 2.0 EX PACK A-T color "mercury blue" motor G4NAHH7321164, número de serie KNDP3NA9H7313392, así como de su licencia de conducir tipo C y de la tarjeta de circulación expedida a su nombre, debido a que no los refuta por vicios propios. Aunado a que, en el presente caso no opera la suplencia de la queja en el estudio de los conceptos de violación, al no presentarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo. Se invoca como sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia VI. 2o. J/7 con registro digital 230811, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 690: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador que la parte quejosa invoca diversas ejecutorias de recursos de queja radicadas en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, en contra, supuestamente, de desechamientos en casos similares, por diversos Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, así como la tesis X.3 A (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con registro digital 2011676, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2808, de tenor siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. ES INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO AL AMPARO, YA QUE LOS ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL CÓDIGO LOCAL QUE LO REGULA SON MENORES A LOS ESTABLECIDOS PARA EL JUICIO CONSTITUCIONAL. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece como excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, que la suspensión de los actos reclamados conforme a la ley que los rija, no tenga los mismos alcances que los que prevé aquella ley reglamentaria; supuesto éste que se actualiza tratándose del juicio contencioso administrativo regulado por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, pues los alcances de la suspensión contenidos en sus numerales 305, 305 Bis y 306 son menores a los instituidos para el juicio constitucional, ya que se reducen a mantener las cosas en el estado que guardaban al momento de solicitarse, y aun cuando el citado código establece que se concederá la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, lo cierto es que limita ese beneficio a los casos en que se afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien para conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, mientras que la Ley de Amparo exige que sea jurídica y materialmente posible ese restablecimiento, por lo que la suspensión en el amparo, como medida cautelar, tiene mayores alcances, pues el Juez de Distrito interviene no con una actitud conservativa o paralizante, sino con la obligación de dictar todas las medidas necesarias y decretar, mediante imposición de obligaciones, todo lo conducente para colocar los derechos del quejoso en el estado que tenían antes de la presentación de la demanda." Sin embargo, dicho criterio quedó superado, ya que contendió en la contradicción de tesis 202/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual originó la jurisprudencia invocada anteriormente. Aunado a que los precedentes citados como hechos notorios en la demanda, además de que no obligan al suscrito juzgador, acorde con el numeral 217 de la Ley de Amparo, resultan de años anteriores a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), por lo que no resultan de relevancia al caso en concreto. Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado dispositivo legal, se desecha de plano la demanda. Debe precisarse que el acto reclamado tampoco se encuentra en el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual no obliga a agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Pues como ya quedó justificado, la boleta de infración sí cuenta con la fundamentación siguiente: "94 fracción II, no respetar indicaciones del semáforo (flecha), 198, 16, 46, fracción XXI, negarse a realizar prueba de alcoholimetría, 45, 193, el conductor está obligado al pago del acarreo", sin prejuzgar si es ajustada a derecho o no; tampoco del escrito de demanda se advierte que se alegan violaciones directas a la constitución o la inconstitucionalidad de una norma general; y el medio de defensa se encuentra regulado por una ley como lo es el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo. Se le tiene designando como autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Ramar Mendoza Díaz; Juan Antonio Aguilar Parras; Alejandro León Chaga y Ramar Mendoza Chaga, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas restantes, ya que no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y tampoco se indican las cédulas profesionales para que se puedan consultar en el Registro citado en primer término. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que indica en la demanda, el cual se utilizará en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y Notifíquese personalmente... 14/10/2022... Boca del Río, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veintidós.Agréguese a los autos el escrito signado por Raquel Carrasquedo Cruz. Atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la constancia que indica en su escrito de cuenta, así como la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, autorizando para recibirlos a las personas que refiere dentro del horario establecido que tiene asignado este órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas, se le hace del conocimiento que para recoger las copias solicitadas y documentos, deberá tramitar una cita para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional en el programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, dígase a la ocursante, que por auto de siete de octubre del año en curso, se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de todas las actuaciones, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario referido, sin necesidad de presentar promoción alguna. Notifíquese personalmente a la promvovente.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintidós.Vista la demanda de amparo presentada por Raquel Carrasquedo Cruz, seis copias de la misma, dos discos versátiles y una memoria USB en sobre amarillo; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 885/2022 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CONSIDERACIÓN PREVIA A fin de proveer lo conducente sobre la demanda que nos ocupa, procede señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por la quejosa y la correspondiente hipótesis normativa, por lo que, nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; siendo así que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia advertida es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por su parte, el artículo 62 de la Ley en cita, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que se desprende que las causas de improcedencia se deberán analizar de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. DESECHAMIENTO Ahora, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Oficial Agente de Tránsito del municipio de Veracruz, Veracruz, lo siguiente: La boleta de infracción número 293912, de dos de octubre de dos mil veintidós, por la cual se le impuso multa por el concepto siguiente: "94 fracción II, no respetar indicaciones del semáforo (flecha), 198, 16, 46, fracción XXI, negarse a realizar prueba de alcoholimetría, 45, 193, el conductor está obligado al pago del acarreo", la cual combate por vicios propios, debido a su indebida fundamentación y motivación. De igual modo, de la demanda se patentiza que como consecuencia de esa infracción también reclama: El desposeimiento y retención tanto de su vehículo Kia, modelo dos mil diecisiete, New Sportage, 2.0 EX PACK A-T, color "mercury blue", motor G4NAHH7321164, número de serie KNDP3NA9H7313392, así como de su licencia de conducir tipo C y de la tarjeta de circulación expedida a su nombre, sin embargo, no por vicios propios. Es de observarse también que la infracción reclamada presenta como fundamentación, de manera destacable, los artículos 1, 2, 3, fracciones IV y VI y XV, 19, fracciones II, III, V, IX y X, 146, 149, 150, 151, 152 y 155 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, asimismo, esta última legislación contiene en su numeral 166 que contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por esa ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, o en su caso, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente, al ser optativo para la justiciable. Bajo esas consideraciones, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]. Ello, debido a que la promovente del amparo omitió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos fundamentales, pues, previamente a presentar el amparo, debió impugnar a través del medio de defensa legal previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, mediante el cual el acto reclamado podía ser modificado, revocado o nulificado, como más adelante se explicará. En esa tesitura, en primer lugar se debe establecer que el acto reclamado consistente en la boleta de infracción levantada por el Agente de Tránsito del municipio de Veracruz, Veracruz, se encuentra regulado por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, por así establecerlo en su artículos 1 y 2, así como también puede ser impugnado a través de un recurso como lo prevé su numeral 166; dispositivos que se transcriben a continuación: Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto regular el tránsito de vehículos y personas en las vialidades que no sean de competencia federal, así como el estacionamiento de vehículos, la seguridad vial y sus organismos auxiliares. Artículo 2. Los Ayuntamientos aplicarán y vigilarán el estricto cumplimiento de esta Ley, por conducto de las unidades administrativas de tránsito y seguridad vial o su equivalente, y ajustarán a las disposiciones de la misma sus reglamentos en la materia. Podrán prestar el servicio público de tránsito directamente o de manera coordinada con el Gobierno del Estado. Cuando el servicio se transfiera por convenio al Gobierno del Estado, la aplicación de la Ley y su Reglamento se realizará a través de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 166. Contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por esta Ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De los dos primeros ordinales transcritos, se colige que es competencia de las autoridades municipales, como en el caso del Agente de Tránsito del municipio de Veracruz, Veracruz responsable, la aplicación y cumplimiento de esa ley, por ende, resulta incuestionable que la boleta de infracción reclamada, se encuentra regulada por esa norma, la cual en el último de los numerales mencionados dispone de manera expresa la procedencia del recurso de revocación contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito, en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Por su parte, los artículos 1, párrafo primero, 2, fracciones IV y VI, y 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, prevén: Artículo 1. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública; del recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como la calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas administrativas graves y a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. [.]. Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: [.] IV. Administración Pública: Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los ayuntamientos del Estado, así como las áreas o unidades administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que establezcan las leyes; [.] VI. Autoridad: Los servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público que, con fundamento en la ley, realizan actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; [.]. Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. [.]. De esos numerales, se pone manifiesto que las disposiciones de la citada codificación tienen por objeto regular, entre otros, los actos administrativos de la administración pública, entendiéndose por ésta las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo en sus ámbitos estatal y municipal, emitidos por las autoridades competentes, es decir, servidores públicos de cualquiera de los dos ámbitos mencionados. Además, que los afectados por esos actos, a su elección, podrán interponer el recurso de revocación o intentar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente. Sin embargo, a pesar de que el recurso de revocación prevea la suspensión del acto impugnado, como se establece en el artículo 266 de la Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que a la letra dice: Artículo 266. El interesado podrá solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del acto o de la resolución recurrida, en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la revocación. La autoridad que conozca del recurso deberá acordar lo conducente dentro de los cinco días siguientes a la solicitud. De su contenido, se evidencia que la autoridad que conozca de él, acordara lo conducente a la suspensión dentro de los cinco días siguientes a la solicitud, plazo mayor al previsto por la Ley de Amparo, que es de veinticuatro horas; por lo que, la parte quejosa no estaría obligada a interponer dicho recurso previo a la promoción del juicio de amparo, por operar una de las excepciones al principio de definitividad previstas de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. No obstante, el procedimiento contencioso administrativo, contempla la suspensión del acto impugnado, la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas, y puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encontraran, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, acorde con los artículos 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 de la citada codificación. De ahí, que no se da el supuesto de excepción de la causa de improcedencia referida, consistente en que de acuerdo a la legislación que rige el acto deban suspenderse los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los previstos en la de la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Cuestión que además, quedó dilucidada en la contradicción de tesis 202/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), con registro 2020596, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326, de contenido siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Por esa razón, si bien la quejosa no se encuentra obliga a agotar el recurso de revocación antes de acudir a la presente instancia constitucional, la ley administrativa que nos ocupa, le pone a su alcance la instauración del juicio contencioso administrativo, el cual sí tiene la obligación de intentar previo a la promoción del juicio de amparo. Ello, debido a que como ya quedó sentado en la jurisprudencia citada, los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio de amparo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. De modo, que es patente la actualización de la causal de improcedencia que nos ocupa, respecto de la boleta de infracción número 293912, de dos de octubre de dos mil veintidós, por la cual la autoridad responsable le impuso multa por lo siguiente: "94 fracción II, no respetar indicaciones del semáforo (flecha), 198, 16, 46, fracción XXI, negarse a realizar prueba de alcoholimetría, 45, 193, el conductor está obligado al pago del acarreo", por lo que, procede desechar la demanda de amparo. Desechamiento que se hace extensivo a los actos combatidos en vía de consecuencia, consistentes en el desposeimiento y retención tanto de su vehículo Kia modelo dos mil diecisiete, New Sportage, 2.0 EX PACK A-T color "mercury blue" motor G4NAHH7321164, número de serie KNDP3NA9H7313392, así como de su licencia de conducir tipo C y de la tarjeta de circulación expedida a su nombre, debido a que no los refuta por vicios propios. Aunado a que, en el presente caso no opera la suplencia de la queja en el estudio de los conceptos de violación, al no presentarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo. Se invoca como sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia VI. 2o. J/7 con registro digital 230811, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 690: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador que la parte quejosa invoca diversas ejecutorias de recursos de queja radicadas en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, en contra, supuestamente, de desechamientos en casos similares, por diversos Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, así como la tesis X.3 A (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con registro digital 2011676, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2808, de tenor siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. ES INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO AL AMPARO, YA QUE LOS ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL CÓDIGO LOCAL QUE LO REGULA SON MENORES A LOS ESTABLECIDOS PARA EL JUICIO CONSTITUCIONAL. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece como excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, que la suspensión de los actos reclamados conforme a la ley que los rija, no tenga los mismos alcances que los que prevé aquella ley reglamentaria; supuesto éste que se actualiza tratándose del juicio contencioso administrativo regulado por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, pues los alcances de la suspensión contenidos en sus numerales 305, 305 Bis y 306 son menores a los instituidos para el juicio constitucional, ya que se reducen a mantener las cosas en el estado que guardaban al momento de solicitarse, y aun cuando el citado código establece que se concederá la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, lo cierto es que limita ese beneficio a los casos en que se afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien para conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, mientras que la Ley de Amparo exige que sea jurídica y materialmente posible ese restablecimiento, por lo que la suspensión en el amparo, como medida cautelar, tiene mayores alcances, pues el Juez de Distrito interviene no con una actitud conservativa o paralizante, sino con la obligación de dictar todas las medidas necesarias y decretar, mediante imposición de obligaciones, todo lo conducente para colocar los derechos del quejoso en el estado que tenían antes de la presentación de la demanda." Sin embargo, dicho criterio quedó superado, ya que contendió en la contradicción de tesis 202/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual originó la jurisprudencia invocada anteriormente. Aunado a que los precedentes citados como hechos notorios en la demanda, además de que no obligan al suscrito juzgador, acorde con el numeral 217 de la Ley de Amparo, resultan de años anteriores a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), por lo que no resultan de relevancia al caso en concreto. Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado dispositivo legal, se desecha de plano la demanda. Debe precisarse que el acto reclamado tampoco se encuentra en el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual no obliga a agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Pues como ya quedó justificado, la boleta de infración sí cuenta con la fundamentación siguiente: "94 fracción II, no respetar indicaciones del semáforo (flecha), 198, 16, 46, fracción XXI, negarse a realizar prueba de alcoholimetría, 45, 193, el conductor está obligado al pago del acarreo", sin prejuzgar si es ajustada a derecho o no; tampoco del escrito de demanda se advierte que se alegan violaciones directas a la constitución o la inconstitucionalidad de una norma general; y el medio de defensa se encuentra regulado por una ley como lo es el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo. Se le tiene designando como autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Ramar Mendoza Díaz; Juan Antonio Aguilar Parras; Alejandro León Chaga y Ramar Mendoza Chaga, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas restantes, ya que no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y tampoco se indican las cédulas profesionales para que se puedan consultar en el Registro citado en primer término. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que indica en la demanda, el cual se utilizará en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido del secretario Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez, con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy fe. Razón. En la misma fecha se anota la demanda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, bajo el número 885/2022, y se turnó el expediente a la actuaría para su notificación. Conste. GJAR/dari* Certificación: El secretario certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coincide en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano