Raquel Carballo Flores
Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Raquel Carballo Flores
- RAQUEL CARBALLO FLORES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la quejosa Raquel Carballo Flores, por medio del cual cumple con la prevención formulada en acuerdo dictado el veinticinco de octubre y trece de noviembre, ambos de dos mil veintitrés; al respecto, se acuerda: SE DESECHA Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: ... Ahora bien del escrito aclaratorio de demanda de amparo se advierte que la quejosa (parte agraviada dentro de la causa penal 80/2021/HUAUCHINANGO) reclama del Juez de Control de la Región Judicial Norte con sede en Huauchinango, Puebla, la omisión de llevar a cabo la audiencia intermedia siendo esta última la que se había señalado para el trece de octubre de dos mil veintitrés. 22/12/23 10:28:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.54 PATRICIA ASUCENA JUAREZ DIAZ En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. 22/12/23 10:28:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.54 PATRICIA ASUCENA JUAREZ DIAZ ??????????????? En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente1 : "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, 1 Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 2000. 22/12/23 10:28:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.54 PATRICIA ASUCENA JUAREZ DIAZ lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de 22/12/23 10:28:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.54 PATRICIA ASUCENA JUAREZ DIAZ ??????????????? respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. 22/12/23 10:28:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.54 PATRICIA ASUCENA JUAREZ DIAZ Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:2 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso concreto, como se destacó, la quejosa (parte agraviada dentro de la causa penal 80/2021/HUAUCHINANGO) reclama del Juez de Control de la Región Judicial Norte con sede en Huauchinango, Puebla, la omisión de llevar a cabo la audiencia intermedia siendo esta última la que se había señalado para el trece de octubre de dos mil veintitrés. Como se ve, el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión de llevar a cabo la audiencia intermedia de trece de octubre de dos mil veintitrés, lo que evidencia que el acto reclamado no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de la quejosa (agraviada en la causa generadora del acto reclamado). De lo cual, debe concluirse que con la omisión reclamada la quejosa no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que la deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. 2 Contradicción de tesis 377/2013. Décima Época. Registro 2006589. Pleno. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia común. Tesis P./J. 37/2014 (10a.). Página 39 22/12/23 10:28:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.54 PATRICIA ASUCENA JUAREZ DIAZ ??????????????? Sin que al efecto se actualice el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, pues no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido
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Puebla, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la quejosa********************a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, no obstante del escrito que presentó en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el diez de noviembre del presente año, la aquí quejosa precisa como acto reclamado el siguiente: "No realizar las audiencias en las fechas programadas ya sea intermedio o abreviado" Ahora bien, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado de la demanda de garantías que presentó la parte quejosa ********************, refiere entre otras cosas que dentro de la causa penal número ******************** que se sigue en contra de ******************** por el delito de homicidio doloso cometido en agravio de quien en vida fuera su padre de nombre ********************, el defensor particular del imputado ha solicitado diversos diferimientos de las audiencias programadas por el Juez de Control de la Zona Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, dentro de la causa penal antes referida. . No obstante también, refiere, que la reparación del daño que solicitó en la carpeta de investigación ******************** no es justa ya que no cumple con los requerimientos de los artículos 64 al 75 de la ley General de Victimas, por lo que solicitó al Juez que modifique dicha suma ya que no es proporcional, sin que el referido Juez haya obligado a exigir y obligar la condena del pago con respecto a la reparación del daño dentro de la referida carpeta de investigación. Y en la parte final del capítulo de conceptos de violación refiere lo siguiente: "Es procedente el otorgamiento de la protección de la justicia federal y se ordene a las responsables dejar insubsistente su determinación de no ejercicio de la acción penal y emitan otra en el que es procedente ejercitar la acción penal en contra de todos y cada uno de los inculpados de los delitos que se les señalan." Lo que genera incertidumbre en relación al acto que por esta vía reclama. En tales condiciones, tomando en consideración que este juzgado federal se encuentra obligado a emitir pronunciamiento respecto al cumplimiento de la prevención y en caso de no estar satisfecha de manera completa, requerir al promovente para que este en aptitud de hacerlo, sin que ello implique otorgar un nuevo plazo, sino que debe realizarse dentro del concedido para ello, en tales condiciones, requiérase a la promovente para que dentro del término de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente auto, mediante escrito aclaratorio, realice lo siguiente: Precise el acto que reclama de la autoridad responsable, para lo cual deberá indicar: La fecha de emisión del mismo, El número de expediente del que deriva y, Manifestar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto que reclama. Lo anterior, con la finalidad de que este juzgado federal se encuentre en aptitud de proveer lo conducente en relación a su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2ª./J. 106/2003, publicada en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Es por lo que, en virtud de que el escrito aclaratorio fue presentado el diez de noviembre del año en curso, todavía se encuentra transcurriendo el término de dos días a fin de que dé cabal cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veinticinco de octubre de este año, haciéndole de su conocimiento que en caso de no cumplir con lo anterior en el término indicado se le hará efectivo el apercibimiento de fecha veinticinco de octubre del presente año. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE....
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... Agréguese a los autos el escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, se le tiene pretendiendo dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, precisando el acto reclamado. Al respecto, no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento, en razón de que las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, no incluyen la posibilidad de desahogar prevenciones dirigidas directamente a la parte quejosa; ya que si bien en términos del numeral 12 invocado, el autorizado con capacidad legal cuenta con facultades para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo es que dicha prerrogativa no es absoluta, sino que está limitada por aquellos supuestos en los que se exige la intervención personalísima de quien solicita la protección constitucional como, por ejemplo, aclarar la demanda de amparo o desahogar la prevención que se formula en el auto inicial, si ello implica manifestar bajo protesta de decir verdad antecedentes del acto reclamado o hechos personalísimos o precisar los actos reclamados o señalar autoridades responsables. Además, el artículo 108, fracciones I y II, de la Ley de Amparo establecen que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresará el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, lo que genera certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención que se formula en el auto inicial para dar cumplimiento a un requisito formal establecido en la Ley de Amparo (nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad) un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar la parte quejosa, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado sustituyera la voluntad de los quejosos equiparando la autorización prevista en el artículo 12 de la Ley de Amparo al de un mandato judicial, lo que es inadmisible, pues el citado numeral no tiene ese alcance. Por ello, la limitante para que el autorizado en términos amplios haga valer determinadas acciones -a pesar de que estén orientadas a la defensa de su autorizante-, está justificada, pues sólo el agraviado directo puede precisar el acto reclamado, lo que implica la satisfacción de un requisito formal que debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda de amparo. Ya que la actuación de la parte quejosa o su autorizado depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo, dado que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 8º, 15 y 17 de la Ley de Amparo. De ahí que el escrito a través del cual pretende cumplir la prevención formulada también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pues forma parte de la demanda de amparo, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, pues únicamente tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía al caso el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inserto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. También es aplicable por analogía el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En tales condiciones, tomando en consideración que este juzgado federal se encuentra obligado a emitir pronunciamiento respecto al cumplimiento de la prevención y en caso de no estar satisfecha de manera completa, requerir al promovente para que esté en aptitud de hacerlo, sin que ello implique otorgar un nuevo plazo, sino que debe realizarse dentro del concedido para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2ª./J. 106/2003, publicada en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Es por lo que, en virtud de que el escrito aclaratorio fue presentado el treinta y uno de octubre del año en curso, todavía se encuentra transcurriendo el término de cinco días a fin de que dé cabal cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veinticinco de octubre de este año....
- Principal
... Agréguese a los autos el escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, se le tiene pretendiendo dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, precisando el acto reclamado. Al respecto, no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento, en razón de que las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, no incluyen la posibilidad de desahogar prevenciones dirigidas directamente a la parte quejosa; ya que si bien en términos del numeral 12 invocado, el autorizado con capacidad legal cuenta con facultades para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo es que dicha prerrogativa no es absoluta, sino que está limitada por aquellos supuestos en los que se exige la intervención personalísima de quien solicita la protección constitucional como, por ejemplo, aclarar la demanda de amparo o desahogar la prevención que se formula en el auto inicial, si ello implica manifestar bajo protesta de decir verdad antecedentes del acto reclamado o hechos personalísimos o precisar los actos reclamados o señalar autoridades responsables. Además, el artículo 108, fracciones I y II, de la Ley de Amparo establecen que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresará el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, lo que genera certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención que se formula en el auto inicial para dar cumplimiento a un requisito formal establecido en la Ley de Amparo (nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad) un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar la parte quejosa, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado sustituyera la voluntad de los quejosos equiparando la autorización prevista en el artículo 12 de la Ley de Amparo al de un mandato judicial, lo que es inadmisible, pues el citado numeral no tiene ese alcance. Por ello, la limitante para que el autorizado en términos amplios haga valer determinadas acciones -a pesar de que estén orientadas a la defensa de su autorizante-, está justificada, pues sólo el agraviado directo puede precisar el acto reclamado, lo que implica la satisfacción de un requisito formal que debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda de amparo. Ya que la actuación de la parte quejosa o su autorizado depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo, dado que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 8º, 15 y 17 de la Ley de Amparo. De ahí que el escrito a través del cual pretende cumplir la prevención formulada también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pues forma parte de la demanda de amparo, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, pues únicamente tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía al caso el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inserto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. También es aplicable por analogía el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En tales condiciones, tomando en consideración que este juzgado federal se encuentra obligado a emitir pronunciamiento respecto al cumplimiento de la prevención y en caso de no estar satisfecha de manera completa, requerir al promovente para que esté en aptitud de hacerlo, sin que ello implique otorgar un nuevo plazo, sino que debe realizarse dentro del concedido para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2ª./J. 106/2003, publicada en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Es por lo que, en virtud de que el escrito aclaratorio fue presentado el treinta y uno de octubre del año en curso, todavía se encuentra transcurriendo el término de cinco días a fin de que dé cabal cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veinticinco de octubre de este año....
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