Raquel Beatriz García Lozano

Expediente 1227/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1227/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Raquel Beatriz García Lozano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Ahora bien, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa ***, por el que solicita copia certificada del acuerdo de veinticinco de octubre del presente año; atento a ello, expídasele a su costa las copias que solicita, previa razón y constancia que obre en autos de su entrega. En la inteligencia que el costo por concepto de los materiales para la reproducción del expediente correrán a cargo de la solicitante, en virtud de que para que sea aplicable el artículo 3 de la Ley de Amparo, debió realizar manifestaciones con las que este juzgador pueda advertir que son necesarias para la solución de un diverso juicio de amparo. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia P./J. 37/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 169523, de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN."

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1227/2022-G. Ahora bien, del numeral 113 de la Ley de Amparo se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la tesis en cuestión refiere que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, este juzgador, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia, en virtud que al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional. De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquellas que emiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Así, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Del criterio a que se ha hecho alusión, se advierten las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. II. Que la relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano; por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y, en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, en la especie se advierte que la quejosa reclama el oficio *** en el que se señalaron las diez horas con cero minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para la práctica de una inspección especial en la Notaría que está a su cargo, con el objeto de -entre otro-, asegurar el cumplimiento de las observaciones realizadas en la inspección ordinaria de veinticuatro de septiembre del año en curso. Así, de los antecedentes que narró la impetrante bajo protesta de decir verdad y de los documentos que adjuntó, se advierte que el veintiuno de septiembre de este año, se llevó a cabo una visita ordinaria en la que detectó una anomalía consistente en que determinados folios no obran de manera consecutiva, pues faltan algunos de ellos; por lo que se le concedió el plazo de quince días para que subsanara dicha observación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se llevaría a cabo una inspección extraordinaria. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 200 de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala practicará inspecciones ordinarias, que deberán llevarse a cabo obligatoriamente por lo menos una vez al año; así como especiales, cuando tenga conocimiento, por queja o por cualquier otro medio, de que un Notario ha incurrido en una probable contravención a la ley. De lo anterior se desprende que a dicha dependencia no les reviste la calidad de responsable para efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado deriva de una relación de coordinación y no de supra subordinación. A efecto de explicar lo anterior, se estima oportuno trascribir el contenido de los numerales 2 y 3, de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, que dice: "Artículo 2. La función notarial es profesional, documental, jurídica, autónoma y calificada, impuesta y organizada por la Ley para procurar la seguridad, valor y permanencia de hechos o actos jurídicos, confiada a un Notario. Artículo 3. El ejercicio de la función notarial en el Estado de Tlaxcala es de orden público, está a cargo del titular del Ejecutivo y por delegación, se encomienda a profesionales del derecho, en virtud de la patente que para tal efecto se les otorga de conformidad con lo establecido por esta Ley." De dichos preceptos se desprende que la función notarial compete inicialmente al Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo, la cual es delegada a los Notarios Públicos. Es decir, desde una perspectiva organicista, el Notario Público cumple las funciones de un organismo descentralizado por colaboración; pues el propio Estado le autorizó o delegó el ejercicio de una actividad que originalmente le corresponde, en el caso, la fe pública. En consecuencia, el ejercicio de verificación de funciones, a través de las visitas de inspección, se inscribe en un marco lineal, pues el propio Estado representado por la Dirección de Notarías, vigila la extensión de su propia función de fe pública que fue delegada a los Notarios Públicos; de ahí que no existe una relación de supra a subordinación con un particular. Lo anterior porque, el vínculo que existe entre la quejosa en su calidad de Notaria Pública y la Dirección de Notarías es de coordinación; a efecto de lograr el óptimo desarrollo de las facultades públicas y, por tanto, en los actos encaminados a ellos, no se actúa con potestad de imperio. De este modo, la conducta desplegada por quien señala como autoridad responsable, no genera ninguna determinación que sea posible de cuestionarse a través del juicio de amparo por no constituir actos de autoridad susceptibles de ser analizados en esta instancia Por tanto, es evidente que se actualiza el supuesto de improcedencia antes analizado; lo que conduce a DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por***, en su calidad de***. En otro aspecto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan, y como autorizados en términos amplios a ***, por contar con su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, se tienen por señalados los correos electrónicos y número telefónicos proporcionados, para efecto de entablar comunicaciones no procesales. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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