Raquel Bautista Blanco

Expediente 298/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
298/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Raquel Bautista Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, para recurrir el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio... se declara que dicha determinación ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante remite las constancias que le fueron solicitadas por auto de ocho de junio de la presente anualidad. Con respecto a dichas documentales, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen. En primer término, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Ahora, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" De acuerdo con los numerales antes transcritos deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija" Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter negativo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de dichos actos provenientes de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General; por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto de tal naturaleza cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar pronunciamiento conforme a las pretensiones del interesado, de ahí que deje de existir la violación constitucional. En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en: La negativa de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, de dar acceso a la carpeta de investigación número TXP/DVI/FEMUJ/565/2022. Ahora bien, de las constancias de cuenta remitidas por la autoridad responsable, a las que esta juzgadora les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; por ser documentales públicas, se desprende que el cinco de junio del año en curso, se hizo entrega de copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación TXP/DVI/FEMUJ/F1/565/2022, a la aquí quejosa, lo que se concatena con el ocurso presentado ante este órgano jurisdiccional el siete de junio del presente año, en el que el autorizado en términos amplios de la impetrante de amparo, señaló que ya se les había otorgado acceso a la carpeta de investigación de mérito, por lo que se encuentra demostrado que la aquí inconforme ya se encuentra debidamente impuesta de dichas actuaciones. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena En ese contexto, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable ya permitió el acceso a la quejosa a la carpeta de investigación cuya negativa reclama en esta vía, por lo que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, pues los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la parte agraviada fue restituida en el pleno goce de sus garantías, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con veinte minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante remite las constancias que le fueron solicitadas por auto de ocho de junio de la presente anualidad. Con respecto a dichas documentales, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen. En primer término, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Ahora, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" De acuerdo con los numerales antes transcritos deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija" Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter negativo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de dichos actos provenientes de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General; por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto de tal naturaleza cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar pronunciamiento conforme a las pretensiones del interesado, de ahí que deje de existir la violación constitucional. En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en: La negativa de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, de dar acceso a la carpeta de investigación número TXP/DVI/FEMUJ/565/2022. Ahora bien, de las constancias de cuenta remitidas por la autoridad responsable, a las que esta juzgadora les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; por ser documentales públicas, se desprende que el cinco de junio del año en curso, se hizo entrega de copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación TXP/DVI/FEMUJ/F1/565/2022, a la aquí quejosa, lo que se concatena con el ocurso presentado ante este órgano jurisdiccional el siete de junio del presente año, en el que el autorizado en términos amplios de la impetrante de amparo, señaló que ya se les había otorgado acceso a la carpeta de investigación de mérito, por lo que se encuentra demostrado que la aquí inconforme ya se encuentra debidamente impuesta de dichas actuaciones. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena En ese contexto, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable ya permitió el acceso a la quejosa a la carpeta de investigación cuya negativa reclama en esta vía, por lo que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, pues los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la parte agraviada fue restituida en el pleno goce de sus garantías, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con veinte minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito... hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el cinco de junio del año en curso, la autoridad responsable Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, les permitió el acceso a la carpeta de investigación número ******************** de la estadística de dicha autoridad... requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días... remita copia autentificada de las constancias que acrediten la circunstancia descrita anteriormente; o bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello.

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