Raquel Aurora Hernández Sánchez

Expediente 1062/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1062/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Raquel Aurora Hernández Sánchez
  • Raquel Aurora Hernández Sánchez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    PARTE FECHA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS INICIA PLAZO FENECE PLAZO DÍAS INHÁBILES QUEJOSA 14 DE FEBRERO DE 2023 15 DE FEBRERO DE 2023 16 DE FEBRERO DE 2023 1 DE MARZO DE 2023 18, 19, 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2023 AUTORIDA- DES RESPONSA-BLES 10 DE FEBRERO DE 2023 10 DE FEBRERO DE 2023 13 DE FEBRERO DE 2023 24 DE FEBRERO DE 2023 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2023 TERCERO INTERESADO 10 DE FEBRERO DE 2023 13 DE FEBRERO DE 2023 14 DE FEBRERO DE 2023 27 DE FEBRERO DE 2023 18,19,25 y 26 DE FEBRERO DE 2023 AMP 10 DE FEBRERO DE 2023 13 DE FEBRERO DE 2023 14 DE FEBRERO DE 2023 27 DE FEBRERO DE 2023 18.19,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2023 En veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste.Reynosa, Tamaulipas, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó el juicio; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Una vez concluido el plazo de tres años posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena devolver a la parte Quejosa Raquel Aurora Hernandez Sánchez, la copia de la escritura de pública, que anexo al escrito inicial de demanda. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato.

  2. Principal

    R E S U E L V E : Único. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 1062/2022, promovido por********************contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia.

  3. Principal

    audiencia constitucional

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que únicamente se presentó ante este juzgado el perito de la parte tercero interesada, para el desahogo de los ejercicios caligráficos relativos a la prueba pericial ofrecida en autos; sin embargo, no compareció la quejosa no obstante haber sido notificada del auto de nueve de enero del presente año, como se desprende de este expediente. En mérito de lo anterior, toda vez que no compareció la aquí quejosa sin causa justificada a estampar las firmas para la realización de los ejercicios caligráficos señalados para esta fecha, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de enero del año en curso, esto es, se le tiene reconociendo que no suscribió la demanda de amparo; por lo que una vez que se concluya la audiencia constitucional, resuélvase lo que en derecho corresponda. Lo anterior encuentra apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que con la negativa que asumió la quejosa de estampar las firmas para el desahogo de los ejercicios caligráficos y con ello llevar acabo el perfeccionamiento de la pericial ofrecida en el incidente de objeción de firmas que nos ocupa, ha entorpecido la administración de justicia, retardando la solución del conflicto, sin que el interés de la quejosa pueda estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no se puede supeditar su resolución al arbitrio o voluntad de una de las partes. .. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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