Raquel Aurora Castrejón Vázquez
Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raquel Aurora Castrejón Vázquez
- José Carlos Gómez Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (destruye y depura) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase al Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos los veinticuatro anexos relativos al expediente 161/2014-1 de su índice, que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "... Por tanto, como las consecuencias de los actos reclamados son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución o bien en los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que las determinaciones en estudio, no cumplen los requisitos necesarios para poder ser atacadas por esta vía constitucional, porque sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no existe duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX 1 J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Tiene aplicación por identidad de razón la Jurisprudencia 2 /J 29/2021 (10), registro digital 2023342, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1770, que dice: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." Por lo expuesto y fundado se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de enero de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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Al haber transcurrido el término concedido al TERCERO INTERESADO, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso b), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "... Por tanto, como las consecuencias de los actos reclamados son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución o bien en los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que las determinaciones en estudio, no cumplen los requisitos necesarios para poder ser atacadas por esta vía constitucional, porque sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no existe duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX 1 J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Tiene aplicación por identidad de razón la Jurisprudencia 2 /J 29/2021 (10), registro digital 2023342, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1770, que dice: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." Por lo expuesto y fundado se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de enero de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, Raquel Aurora Castrejón Vázquez, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo de iniciales F.C.G.C., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Acto reclamado: Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. La omisión de la autoridad responsable de cumplir oportunamente con el deber que le impone la fracción X del artículo 60 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos de obligar a todo sujeto de derecho público o privado a que acate las decisiones judiciales, lo que opera en perjuicio del interés superior de mi menor hijo y de su derecho de convivencias con su progenitora, lo que se materializa con la falta de resoluciones judiciales dictadas en el juicio de origen número 161/2014-1 en el que se hagan efectivos los medios de apremio contemplados en el artículo 124 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos y 126 del código sustantivo de la materia,. para que dicha persona permita las convivencias del menor con la suscrita. Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial. No ejerza sus funciones y facultades que le competen en términos del artículo 117 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial. SEGUNDO. El treinta de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo de Distrito admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 686/2022, declaró ser incompetente para conocer del asunto, ordenando remitir el asunto a esta autoridad por conocimiento previo. TERCERO. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad recibió el juicio de amparo 686/2022-1, el uno de junio siguiente, aceptó la competencia planteada, y, previno a la parte quejosa en términos de dicho auto. CUARTO. Por escrito de diez de junio de dos mil veintidós, la quejosa subsana la prevención, precisando los actos reclamados de la siguiente manera: Autoridades responsable: Actos reclamados: Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. La omisión de imponer una medida de apremio precisa, concreta y efectiva para hacer cumplir sus determinaciones. Lo que en el mundo fáctico se materializa como: La omisión de imponer y ejecutar una medida de apremio así como el cambio de guarda y custodia derivado de la obstaculización continua por parte del C. José Carlos Gómez Salgado en las convivencias libres/abiertas. La omisión de imponer y ejecutar una medida de apremio así como el cambio de guarda y custodia. La omisión de imponer y ejecutar una medida de apremio derivado de la alineación parental/violencia psicológica que sufre mi menor hijo, ello de acuerdo a las facultades que tiene según los artículos 60, 176 y 168 del Código Procesal Familiar. Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial. La omisión de iniciar de oficio investigaciones sobre la conducta de la Juez responsable, dado que ya se le había hecho del conocimiento a esa autoridad la situación que se venía desarrollando esto mediante escrito presentado el fecha 08 de marzo de 2021,. Previa ratificación de firma del escrito referido, por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el suscrito admitió a trámite la demanda de amparo y requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo en concreto reclama de la autoridad responsable: La omisión de imponer una medida de apremio efectiva para hacer cumplir sus determinaciones, con motivo de la obstaculización de las convivencias con su menor hijo por parte de su ex cónyuge, en el juicio familiar 161/2014-1, solicitando el cambio de guarda y custodia. La omisión de iniciar de oficio investigaciones sobre la conducta de la Juez responsable, por parte de la responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, manifestando que si bien es cierto que el artículo 117 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, indica que le corresponde iniciar, de oficio o a solicitud del Pleno del Tribunal Superior de Justicia investigaciones sobre la conducta de jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial, también señala que no ha tenido indicio alguno o solicitud expresa por escrito o verbal, que permita iniciar procedimiento de investigación en contra del Juzgado que conoce de la causa de origen del juicio de amparo por parte de la quejosa. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto que se reclama a la autoridad citada, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado y remitió copia certificada de constancias que integran el expediente 161/2014-1, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, por su artículo 2. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte que, contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En el presente asunto se señala como actos reclamados los siguientes: "La omisión de imponer una medida de apremio efectiva para hacer cumplir sus determinaciones, con motivo de la obstaculización de las convivencias con su menor hijo por parte de su ex cónyuge, en el juicio familiar 161/2014-1, solicitando el cambio de guarda y custodia Para mayor contexto sobre el acto que pretende reclamar ante esta instancia, la promovente en el capítulo denominado antecedentes del acto reclamado, de su demanda de amparo refiere que: ". 1) Con fecha 05 de julio de 2011, la suscrita y el C. José Carlos Gómez Salgado procreamos un hijo de nombre F. C. G. C., pasado el tiempo decidimos separarnos, por lo que quede a cargo de mi menor hijo. 2) Con fecha 30 de abril del año 2014, el C. José Carlos Gómez Salgado, en la vía de controversia del orden familiar demandó de la suscrita la guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva, el depósito de mi menor hijo ., así como una pensión alimenticia para dicho menor, la cual fue admitida en auto de fecha 2 de mayo de 2014, radicada en el Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, bajo el número 161/2014-1 (hasta ese momento yo seguía a cargo de mi hijo). 3) Es de vital importancia señalar que en el momento en que José Carlos Gómez Salgado presentó su demanda, mi hijo se encontraba bajo mi cuidado, esto es, en el momento que el ahora tercero interesado ingresa su demanda la suscrita tenía la guarda y custodia de mi menor hijo, es decir, José Carlos Gómez Salgado se burló de la autoridad desde el inicio de la demanda, haciéndola creer que él vivía con mi hijo, cuando lo cierto es, que se introdujo en mi casa sin mi consentimiento arrebatándome a golpes a .. 4) Con fecha 01 de junio del año 2014, el C. José Carlos Gómez Salgado, sin mi consentimiento se introdujo en mi domicilio, rompiendo puertas y cerraduras, sin previa orden judicial, aunado a lo anterior, ME GOLPEO PRENTE A MI HIJO, PARA MOMENTOS DESPUES LLEVARSELO A LA FUERAZA. Por lo que con fecha 02 de julio de 2014 se inició investigación en contra de José Carlos Gómez Salgado, por el delito de lesiones y allanamiento de morada registrada bajo la carpeta de investigación SJ01/6570/2014. 5) Con fecha 10 de julio de 2014, tuvo verificativo la audiencia de presentación de menor, en ese momento lo presenta José Carlos Gómez Salgado (con la finalidad de tomar por sorpresa a esa juzgadora) ya que días antes había sustraído ilegalmente a mi menor hijo, tal y como quedo acreditado con el DVD y la carpeta de investigación que fueron ofrecidas como pruebas en el expediente en mención. 6) Es hasta el día 04 de agosto de 2014, que compareció ante el juez de origen para ser emplazada a juicio. 7) Mediante auto de fecha 15 de agosto de 2019, la juez responsable acuerda la petición de la suscrita, autorizando ampliar las convivencias con mi menor hijo los días miércoles de cada semana. Quedando subsistentes los martes y jueves de cada semana, apercibiéndolo a José Carlos Gómez Salgado que en caso de incumplimiento se hará acreedor a una multa de 40 UMAS. 8) 28 de agosto de 2019, no se presenta a las convivencias a mi menor hijo, en auto de tres de septiembre se tiene al padre de mi hijo exhibiendo constancia de horarios académicos, la responsable únicamente cambia de horarios para no hacer efectivos apercibimientos. 9) 04 de septiembre de 2019, tampoco se presenta a las convivencias ., cuando se le hace del conocimiento a esa autoridad acuerda el 03 de septiembre de 2019, que debemos estar conformes al auto mencionado en el inciso anterior. 10) El 26 de septiembre de 2014, la Juez Sexto civil dictó interlocutoriamente las medidas provisionales, declarando improcedente la solicitud de guarda y custodia, así como el depósito de alimentos del padre de mi hijo, ordenando se depositará en mi domicilio a mi menor hijo así como una pensión a alimentos otorgada por el hoy tercero interesado, siendo hasta el día 16 de febrero de 2015 cuando de forma voluntaria me lo entrego afuera del colegio. 11) José Carlos Gómez Salgado, interpuso recurso de apelación el día 06 de octubre de 2014 en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 26 de septiembre del año 2014, aún y cuando fue extemporáneo dicho recurso, el mismo fue admitido. 12) El día 16 de febrero de 2015, informe al juez de origen que en razón de la violencia física y emocional que habíamos sufrido mi hijo y la suscrita, así como la sustracción ilegal que cometió José Carlos Gómez Salgado, informé que el domicilio en que quedaría en depósito ., sería el ubicado en calle Valladolid número 106, colonia roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que mediante auto de fecha 13 de febrero de 2015 el juez señalada como responsable tuvo por admitido el nuevo domicilio en el que quedaría depositado mi menor hijo. 13) Aun y cuando el 16 de febrero de 2015 informé de la situación narrada en el punto anterior, y que las autoridades así como el actor tuvieron pleno conocimiento de dicha situación dentro del cuaderno de apelación José Carlos Gómez Salgado declara falsamente que desaparecí y que desconoce el paradero de su hijo como el de la suscrita. 14) El día 13 de marzo de 2015, se resuelve el toca civil 1098/2014-10, decretando procedente la solicitud de guarda y custodia, así como el depósito de alimentos solicitado por el hoy tercero interesado. 15) Mediante escrito el 06 de octubre de 2016, manifesté ante el juez Sexto Civil que José Carlos Gómez Salgado se presentó en mi domicilio el 17 de septiembre del año 2016 y de manera violenta me interceptó en el garaje de mi casa, tomó a mi hijo que estaba en el asiento de atrás, lo aventó a la calle donde lo tomó una tercera persona (que ahora sé esa persona es la actual pareja del padre de mi hijo) esta se lo llevó en otro vehículo mientras José Carlos me golpeaba, de ello resultó una fractura en mi hombro derecho, lo que denuncié en la carpeta de investigación HG/01/641/2016, iniciada el 19 de septiembre de 2016 por el delito de lesiones y robo. 16) el 31 de agosto de 2017, el Juzgado de origen ordena las visitas sin supervisión y de manera externa el día sábado de cada ocho días y el domingo de cada 15 días (no se llevaron a cabo). 17) Con fecha 01 de septiembre de 2017, José Carlos Gómez Salgado, presenta recurso de revocación, mismo que se resuelve el 03 de octubre del mismo año declarando firme el auto de 31 de agosto de 2017. 18) Por lo que José Carlos Gómez Salgado interpuso demanda de amparo en contra de la resolución de 03 de octubre de 2017, en la que se resolvió negar la suspensión a este, por lo que inconforme interpuso recurso de revisión. . 21) Mediante resolución interlocutoria de fecha 26 de noviembre de 2018, decretó lo siguiente: -Acudir a terapias psicológicas en el departamento de orientación familiar del. -Desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social en el domicilio de la suscrita. -Desahogo de la prueba pericial en materia de psicología a practicarse a ambas partes así como a mi menor hijo,. -Quedando vigente la medida provisional de convivencia supervisada. . 35) Todas esas situaciones se le hicieron del conocimiento a la juez solicitando diversos escritos (1001 y 1003) empero la responsable resolvió las cuestiones en un mismo auto de fecha 01 de febrero de 2019, por lo que se interpone recurso de revocación, mismo que fue resuelto con fecha 21 de marzo de 2019, en el que canaliza al menor y a las partes a terapia exhorta a ambos progenitores para que nos abstengamos de realizar comentarios que perjudiquen a ., se nos requiere para los mismos efectos y nos conmina para facilitar las convivencias. . 46) 02 de mayo de 2019, la fiscal adscrita a ese Juzgado solicita se aperciba a José Carlos Gómez Salgado para que se abstenga de estar obstaculizando las convivencias y brinde las facilidades correspondientes. 47) 08 de mayo de 2019, solicitó a la responsable haga efectivos los apercibimientos correspondientes, la juez responsable mediante auto de 09 de mayo de 2019, requiere a José Carlos Gómez Salgado para que, de debido cumplimiento a las convivencias, apercibiendo que en caso de ser omiso será acreedor a una multa de 20 UMAS. . 51) Si bien es cierto mediante auto de fecha 03 de junio de 2019, la responsable refiere que ha hecho efectivos apercibimientos, no menos cierto es que solamente fue uno, en fecha 03 de enero de 2020, cuando el C. José Carlos Gómez Salgado no presentó a mi menor hijo en las convivencias supervisadas en el., el día 09 de febrero de 2019, aún no se había notificado al padre de mi hijo, por ello solicito se le notifique, aperciba con el cambio de guarda y custodia, así como un medio de apremio, es mediante auto de fecha 20 de marzo de 2019, que por única ocasión hace efectivo el apercibimiento que solicité, sin pronunciarse sobre el cambio de guarda y custodia. 53) 11 y 13 de junio de 2019, el padre de mi hijo no lo presenta a las convivencias. 54) En escrito presentado por la suscrita de fecha 14 de junio de 2019, le hago del conocimiento al Juzgado Sexto que el padre de mi hijo no lo presento a las convivencias de fechas 11 y 13., solicitó se aperciba con el cambio de guarda y custodia.. Mediante auto de 21 de junio 2019, se apercibe a José Carlos Gómez Salgado, para que de cumplimiento a las mismas, en caso contrario será el cambio de guarda y custodia de conformidad con el artículo 225 del Código Familiar. 55) El m18 de junio de 2019, el padre de mi hijo no presenta a ., a las convivencias. . 61) El 28 de agosto de 2019, no se vuelve a presenta ., a las convivencias. . 63) El 29 de agosto de 2019, solicito a esa juzgadora haga efectivo el apercibimiento de fecha 21 de junio de 2019, consistente en el cambio de guardia y custodia. . 89) La fiscal adscrita al Juzgado Sexto presenta escrito de fecha 28 de octubre de 2019, en el que solicita requiera de nueva cuenta a José Carlos Gómez Salgado, para que procure respeto y acercamiento, debiendo evitar cualquier tipo de manipulación y alineación. En auto de 30 de octubre requiere al padre de mi hijo para que facilite las convivencias, apercibiéndolo que en caso de ser omiso será acreedor a una medida de apremio que establece la ley, sin especificar cuál. 90) 29 de octubre de 2019, solicito se aperciba al padre de mi hijo mediante auto de 30 de octubre de 2019, únicamente requiere a José Carlos Gómez Salgado para que facilite las convivencias,. . 120) En auto de 29 de enero de 2020, a petición de la fiscalía, se requiere a José Carlos Gómez Salgado para que facilite las convivencias, en caso de ser omiso será acreedor a alguna medida de apremio que establece la ley, sin especificar qué medida. . 126) 04 de febrero de 2020, le hago del conocimiento a la juez responsable que se dio una convivencia abierta, pero que el padre de mi hijo estuvo en todo momento con nosotros y no dejó que se llevara a cabo con normalidad, en ese momento me dijo entre otras cosas que tenía que autorizar el trámite del pasaporte de ., (.) y que no quería que regresáramos a firma, que si no lo hacía no me dejaría ver a mi hijo. Por lo que pedí se hiciera efectivo el apercibimiento de fecha 23 de enero de 2020. . 129) 17 de febrero de 2020, solicito al juzgado de origen realice el cambio de guarda y custodia de acuerdo al artículo 225 del Código Familiar, pues existen diversos requerimiento, aunado a que ya existía un apercibimiento con dicha circunstancia en fecha 21 de junio de 2019, el 25 de febrero de 2020, acuerda no favorable. . 137) 18 de marzo de 2020, convivencias suspendidas debido a la pandemia. ." Asimismo, en las siguientes manifestaciones la quejosa hace saber a la juez responsable la omisión de imponer apercibimientos para obligar al padre de su hijo a cumplir con las convivencias decretadas, así como las diversas solicitudes de cambio de guarda y custodia, por último, el uno de junio de dos mil veintidós promovió incidente de cambio de guarda y custodia. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Así, el Máximo Tribunal, al emitir la contradicción de tesis 377/2013, precisó que en la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y la segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, se precisó que el legislador determinó que los actos de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente y dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el Máximo Tribunal del País determinó que no puede seguir aplicándose la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya vigencia motivó la contradicción de tesis, y por ello, no resulta procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, Ahora bien, en la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de imponer una medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, en particular imponer al aquí tercero interesado José Carlos Gómez Salgado, una medida de apremio eficaz a efecto de cumplir con la presentación del menor F. C. G. C., a las convivencias decretadas en el juicio natural; actuaciones de la Juez Sexto Civil responsable, que no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con la falta de imponer al padre del menor de iniciales F. C. G. C., los apercibimientos que marca la ley de la materia, para que cumpla con la presentación de su menor hijo para el efecto de que se lleven a cabo las convivencias decretadas en el juicio de controversia familiar 161/2014-1, con su omisión o falta de pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, de las constancias de autos se desprende que los convivencias decretadas con el menor de edad y la ahora quejosa se han venido realizando, en la mayoría de las fechas programas, que si bien, en alguna de ellas no se llevaron a cabo, y en otras, el menor de edad no quiso tenerlas, refiriendo que existe alienación parental, lo que es del conocimiento del juez natural, a través de los informes de convivencias informadas por la psicóloga que estuvo presente en cada una de ellas, y en otras por conducto del agente del ministerio público quien solicitó en su momento al juez del proceso conminar al padre del menor para obligarlo evitar manipulación y alienación del menor de edad; no se debe perder de vista que se trata convivencias decretadas de forma provisional, hasta en tanto se desahogan todas las pruebas necesarias para fijar un régimen de visita y convivencia en definitiva en el procedimiento judicial de donde deriva el acto reclamado, así como lo relativo a la guarda y custodia. Luego, se insiste, pretender que por omisiones de imponer medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, atenta contra la naturaleza del procedimiento privilegiado en que se debe resolver ese tipo de controversias familiares, en los que debe simplificarse la tramitación a fin de decidir en definitiva lo más rápido posible, lo cual por lógica, no puede acontecer, si las partes solicitan modificaciones intermedias en el que se valoren las pruebas recabadas hasta ese momento, ya que ello es propio de la resolución definitiva de dicho procedimiento privilegiado. Máxime que, respecto a la guardia y custodia del menor hijo de los contendientes, la quejosa tramitó incidente de cambio de guarda y custodia, que fue admitido en acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, actualmente en trámite, donde el juez natural podrá en la incidencia valorar las pruebas ofrecidas por las partes hasta ese momento y de otras que considere, y de las que se duele la impetrante de amparo no imponer medidas de apremio a su contraparte y el cambio de guarda y custodia. Sobre este punto, debe mencionarse que en este juzgado de distrito se encuentra radicado el expediente 1758/2019, promovido por Raquel Aurora Castrejón Vázquez, y en representación de su menor hijo F.C.G.C., en el que se concedió el amparo solicitado para efecto de que se dirima lo planteado en el recurso de revocación interpuesto en el juicio de origen. Dicho juicio de amparo se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo y del cual se advierte que se está llevando a cabo el desahogo de distintas pruebas para resolver la litis de origen. El efecto, en juicio de amparo 1758/2019, la quejosa reclamó la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación que hizo valer para cambio de guardia y custodia de su menor hijo a su favor, bajo el argumento de que su hijo sufre de maltrato emocional y psicológico por parte de su progenitor, que la ha causado baja autoestima y sentimientos de inadecuación. Por tanto, ante la falta de fundamentación y motivación en que incurrió la responsable al resolver el recurso de revocación, se concedió la protección constitucional para que valorara adecuadamente el cumulo de pruebas que obran en el juicio natural, de ser necesario desahogue otras a fin de contar con todos los medios necesarios para resolver sobre lo peticionado por la aquí quejosa, tan es así, que actualmente se está tratando de desahogar la prueba en materia de paidosiquiatria con el fin de que el menor reciba valoración médica, también que ambos padres deben de continuar con tratamiento psicológico durante al menos seis meses de duración o el tiempo que el especialista tratante considere necesario. Por tanto, como las consecuencias de los actos reclamados son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución o bien en los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que las determinaciones en estudio, no cumplen los requisitos necesarios para poder ser atacadas por esta vía constitucional, porque sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no existe duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1° J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Tiene aplicación por identidad de razón la Jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), registro digital 2023342, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1770, que dice: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." Por lo expuesto y fundado se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de enero de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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