Raquel Arias Peralta
Expediente 714/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Raquel Arias Peralta
Actuaciones
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del diecinueve de octubre pasado, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en atención a que se desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese; por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por *******************, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 714/2020-V. La quejosa señala como actos reclamados la probable investigación y la posible judicialización de la investigación realizada en su contra por la autoridad responsable ordenadora. En ese sentido, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal. El primer párrafo, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Ministerio Público es el facultado para llevar a cabo la investigación de los delitos, atribución que se traduce en la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito, pues en todo momento subsiste la carga para el Ministerio Público de probar su actualización. Con base en lo anterior, es dable decir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de la quejosa, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializará hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no la investigación realizada en contra de la quejosa. En todo caso, estimar lo contrario sería entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas por el Ministerio Público a fin de integrar carpetas de investigación, como tal, no causan perjuicio a la peticionaria de amparo, lo que torna improcedente el ejercicio de la acción constitucional, pues la revisión de los actos acaecidos durante la investigación a través del juicio de amparo indirecto, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, tal función, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al órgano investigador de acreditar determinados eventos para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 85/2005, emitió la jurisprudencia con el rubro 1a./J. 154/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006, materia Penal, página 49 de rubro siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Desde esa perspectiva, la posible integración de una carpeta de investigación no le irroga perjuicio alguno, habida cuenta de que precisamente tiene la finalidad de recabar y desahogar diversos datos y medios de prueba en la indagatoria y respecto de lo cual, se insiste, constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial para investigar si los hechos son o no delictuosos. Se afirma lo anterior, porque la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, o incluso para determinar el no ejercicio, porque uno de los principios generales del nuevo proceso penal, tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la indiciada, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano de la quejosa, lo que en el caso se inadvierte. Sirve de apoyo, las tesis (X Región)2o.1 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, materia Común, página 2592, con rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Así como, las tesis XXVII.3o.47 P (10a.) y XXVII.3o.48 P (10a.), sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visibles en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, materia Común, Penal, páginas 1959 y 1947 de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Realícense las notificaciones por lista electrónica por así solicitarlo expresamente. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en los términos que indica así como el uso de medios electrónicos en la consulta de este asunto. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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