Raquel Alejandra Gomez Sanchez
Expediente 1004/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Raquel Alejandra Gomez Sanchez
Actuaciones
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a la promovente para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO SE HACE CONSTAR QUE LA PARTE PROMOVENTE RAQUEL ALEJADRA GÓMEZ SÁNCHEZ, NO ACUDIÓ A DARSE POR NOTIFICADA DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; Y TODA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE FIJÓ EL AVISO CORRESPONDIENTE; POR LO QUE SE HACE LA NOTIFICACIÓN A LA CITADA PARTE DE DICHO AUTO, POR MEDIO DE LISTA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con la demanda de amparo registrada con el número de folio 12800. Conste.Tijuana, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1004/2023-VI. Desechamiento. La demanda que generó el expediente en que se actúa fue promovida por ********************; sin embargo, no fue firmada por dicha promovente, por lo que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla por ser notoriamente improcedente. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para desechar la demanda constitucional. De los numerales antes expuestos se advierte en lo que interesa, que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. En ese sentido, debe precisarse que la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, dicha demanda, carece de la firma electrónica de la parte quejosa -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubieren colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo. Además, los actos que reclama no es de los considerados como urgentes por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea prescindible el uso de la firma electrónica, en términos del artículo 17, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En efecto, la demanda de amparo debe ser tramitada aunque carezca de firma de electrónica en los supuestos en que se reclamen actos de naturaleza urgente, como sería aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte que los actos que reclama la parte quejosa tengan aquellas características, pues únicamente reclama que probablemente pueda ser privado de su libertad por autoridades administrativas y judiciales, entre las que se encuentran fiscales. Además, se observa claramente que la parte quejosa no se encuentra privada de su libertad, ni que exista un acto concreto ejecutándose en su contra, dado que de la información que se proporciona en la demanda se advierte que el peticionario del amparo únicamente refiere que puede ser objeto de actos que podrían poner en peligro su integridad física, sin señalar alguna cuestión concreta, en razón de que todo lo hace depender de situaciones futuras de realización incierta. Por tales motivos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente ni los actos reclamados encuadran en los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma previstos en el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018943 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". En consecuencia, ante la carencia de firma electrónica, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señalamiento de domicilio. Ahora, atendiendo a que la demanda que se provee carece de firma, es decir, de la voluntad del accionante, no resulta procedente acordar de conformidad respecto al señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, por los motivos expuestos con anterioridad. Notificación personal. No obstante lo anterior, por única ocasión, al tratarse de un auto que desecha la demanda, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, para que proceda a notificar el presente acuerdo en el domicilio indicado en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la promovente ********************.
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