Raphael Mizrahi Elia
Expediente 1142/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raphael Mizrahi Elia
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado vía electrónica por el Actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se rindió el correspondiente informe justificado, y se le remitió el escrito de expresión de agravios y copia del mismo, así como un legajo certificado derivado de los presentes autos; asimismo, comunica el auto de catorce de diciembre del año en curso, dictado en el Q.C. 441/2023-I de su índice, del que se desprende que remitió el recurso de queja interpuesto por Jorge Hernández Mendoza autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el promovente Raphael Mizrahi Elia, en contra del auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, emitida en los presentes autos, al Septimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en virtud de que tuvo previo conocimiento del D.C. 95/2021; lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. MESA I
- Principal
Agréguense a sus autos el escrito de cuenta signado por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el promovente toda vez que tiene registrada su cedula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, por el que se desechó su demanda de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, certifíquense copias de todo lo actuado en el presente asunto, y en términos del artículo 100 de la Ley de la Materia remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para la substanciación del mismo, anexando por separado el escrito de agravios y copia del mismo, y en vía de informe justificado, dígase a la autoridad que conozca del citado recurso, que es cierto el acto que se reclama el cual fue dictado conforme a las disposiciones legales de la Ley de Amparo. Notifíquese y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno. MESA I.
- Principal
AVISO: México, Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta presentada por Raphael Mizrahi Elia, por propio derecho; en contra de los actos que reclama del Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1142/2023-I y NEUN 33499325 FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ACTO RECLAMADO Del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que el peticionario de amparo señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad citada como responsable, se reclama el auto de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del del juicio ordinario mercantil 29/2019, de su índice, y por el cual la autoridad responsable reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado y ordenó el archivo definitivo del expediente, respecto del citado juicio mercantil." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De la narración efectuada por el promovente en su escrito de demanda, se desprenden como antecedentes de los actos reclamados los siguientes: 1).- Raphael Mizrahi Elia -hoy peticionario de garantías-, demandó en la vía ordinaria mercantil diversas prestaciones en contra de Mapfre México, Sociedad Anónima, la cual fue radicada por razón de turno al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el expediente 29/2019. 2).- Seguida la secuela procesal, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el juez de origen dictó sentencia definitiva, en la que condenó a la demandada al cumplimiento del contrato de seguro base de la acción relativo a la póliza de seguro de gastos médicos mayores, y como consecuencia, deberá pagar al actor la cantidad de $152,015.76 (ciento cincuenta y dos mil quince pesos 76/100 moneda nacional). 3).- Inconforme con tal resolución la parte actorainterpuso recurso de apelación, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, y por sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte, modificó el tercer resolutivo de la sentencia recurrida, para el efecto de que la demandada pagara al actor la cantidad de $845,382.42 (ochocientos cuarenta y cinco trescientos ochenta y dos pesos 42/100 moneda nacional) por concepto de gastos médicos derivados de la cirugía de trasplante de hígado, más los que se sigan generando por virtud del riesgo asegurado. 4).- Disconforme con dicha determinación Mapfre México, Sociedad Anónima promovió juicio de amparo, del cual conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, expediente 95/2021, en el cual se negó el amparo a la citada demandada. 5).- Mediante sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, la hoy autoridad responsable resolvió el primer incidente de liquidación de sentencia, en la cual se aprobó que la hoy tercero interesado pagara al suscrito la cantidad de $145,131.22 (ciento cuarenta y cinco mil, ciento treinta y un pesos 22/100 moneda nacional), por concepto de indemnización por mora; $845,382.42 (ochocientos cuarenta y cinco mil, trescientos ochenta y dos pesos 42/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y; el importe de $192,536.31 (ciento noventa y dos mil, quinientos treinta y seis mil pesos 31/100 moneda nacional), por intereses moratorios. 6).- Por sentencia interlocutoria de veinticinco de enero de dos mil veintidós, a través de la cual se resolvió el segundo incidente de liquidación de sentencia, se condenó a la tercero interesada a pagar a la actora el importe de $277,319.74 (doscientos setenta y siete mil, trescientos diecinueve pesos 74/100 moneda nacional), por concepto de gastos médicos generados del treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve al tres de diciembre de dos mil veintiuno. 7).- En sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se resolvió el tercer incidente de liquidación de sentencia, se condenó a la tercera interesada a pagar al actor el importe de $32,673.71 (treinta y dos mil seiscientos setenta y tres pesos 71/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios correspondientes al periodo veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno al once de julio de dos mil veintidós. 8).- Por sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se resolvió un cuarto incidente de liquidación de sentencia, condenando a la tercera interesada a pagar al actor la cantidad de $124,491.13 (ciento veinticuatro mil cuatrocientos noventa y un pesos 13/100 moneda nacional), por concepto de gastos médicos que se han generado por virtud del riesgo asegurado materia del juicio natural, del veintiocho de enero de dos mil diecinueve al diecisiete de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con lo ordenado con la parte final del resolutivo tercero de la sentencia definitiva, que indica que la aseguradora deberá cubrir al suscrito los gastos médicos que se sigan generando. 9).- Por auto de fecha primero de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista al promovente con la solicitud formulada por la moral demandada en la que peticiono al juez de origen declarar el asunto como total y definitivamente concluido, toda vez que ya había dado cumplimiento a las prestaciones a que fue condenada. 10).- Mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, el juez primigenio determinó que la moral demandada había dado cumplimiento a las prestaciones a que fue condenada en el procedimiento natural, motivo por el cual dio por concluido el juicio de origen, ordenando realizar las anotaciones correspondientes, así como archivar el asunto como totalmente concluido. * Auto que constituye el acto reclamado en la presente demanda de amparo. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA En ese sentido, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, este juzgado federal advierte que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." También sirve de apoyo el artículo 217 de la Ley de Amparo, que al tenor dice: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." MOTIVO DEL DESECHAMIENTO De la interpretación sistemática de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (interpretación que radica en considerar el derecho como un sistema, dentro del cual cada norma tiene una función), se advierte que establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de garantías proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Ahora bien, en el caso a estudio se advierte que el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por el cual el juez primigenio determinó que la moral demandada había dado cumplimiento a las prestaciones a que fue condenada en el juicio natural, motivo por el cual dio por concluido el juicio de origen, ordenando realizar las anotaciones correspondientes, así como archivar el asunto como totalmente concluido, era susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación, por tanto, deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, lo anterior en virtud de que dicho medio de defensa se contempla en la legislación que rige el procedimiento. En ese sentido, se advierte que si el acto reclamado deriva de un juicio ordinario mercantil, resultan aplicables las disposiciones del Libro V del Código de Comercio, el cual, en sus artículos 1336, 1337, 1338, 1341 y 1345 fracción IX los cuales señalan: "Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Artículo 1337.- Pueden apelar de una sentencia: I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio; II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas, y III. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele la admisión de ésta, o dentro de los tres días siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste, y IV. El tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudique la resolución. Artículo 1338.- La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. (.) Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia;. " Por tanto, en ese entendido, debió seguir las reglas establecidas en el Código de Comercio, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de apelación, que de acuerdo a la interpretación armónica de los artículos 1136, 1337, 1338, 1341 y 1345 fracción IX del Código de Comercio es procedente respecto de los actos reclamados en el presente juicio de amparo; sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad. Sirve de apoyo, la Tesis I.6º.C.43 K, visible en la página 1100 del Tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMUN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos la tesis XVII.1º.C.T.15K, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, del tomo 3, Abril de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro IUS 2003381 del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato.". Al respecto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció en la jurisprudencia I.3o.C. J/39, con número de registro IUS 171803, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, visible en la página: 1214, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad.". En tal virtud, es claro que, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado consistente en el proveído de treinta de agosto del año en curso, dictado por el juez natural debe ser atacado previamente por todos los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto, de ahí que el amparo es improcedente. En esas condiciones, en forma previa al ejercicio de la acción constitucional, el peticionario de garantías debió haber agotado con el cumplimiento de sus formalidades y requisitos legales el recurso ordinario que para el caso prevé la ley, puesto que por virtud del mismo, pudo ser modificada o revocada, de manera que al no haberse interpuesto ese medio de impugnación, es evidente que dejó de observar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Consecuentemente, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA por actualizarse de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia enunciada anteriormente, lo anterior en estricto apego a lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del promovente el que se indica. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en caso de no estar autorizados en términos amplios del citado artículo, se les autoriza de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Ahora bien, como lo solicita y atento a la certificación de cuenta, de la que se aprecia que bajo el usuario "JORGEHM", se encuentra registrado en el sistema para consultar los expedientes de manera electrónica; en este acto, se le autoriza el acceso y consulta vía electrónica del presente expediente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INTEGRACION FISICA Y ELECTRONICA DEL EXPEDIENTE Tomando en consideración lo previsto en el artículo 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", y a fin de facilitar la consulta del presente cuaderno y realizar la transición paulatina al expediente electrónico, se ordena integrar por el momento de manera física las constancias que integraran el presente expediente, así como las que se ordenen vía electrónica. SE INSTRUYE A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el considerando quinto punto 1 y noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado en párrafos precedentes, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a las partes para que realicen la tramitación de la firma electrónica que les permitirá realizar la revisión, promoción y notificación electrónica en el presente expediente, ello, en razón de que en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del propio Consejo, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General, las políticas de transformación digital, la Estrategia Digital del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que en el artículo 263 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen, para lo cual todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente y sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, se requiere a las partes para que realicen los trámites necesarios para la obtención de la firma electrónica que les permita continuar con la promoción del presente sumario mediante la modalidad de juicio en línea, ello, ya que la consulta de las determinaciones emitidas en el presente expediente se realizará a través del Portal de Servicios en Línea y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, por tanto, de no contar con usuario electrónico y firel, las notificaciones ordenadas en este expediente se realizaran por medio de lista y la consulta de las determinaciones emitidas tendrán que ser realizadas en este juzgado por medio de la utilización del equipo de cómputo que se designe. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente. MESA I. NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE.
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