Raphael Granda Ramírez

Expediente 1978/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1978/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2017

Partes del expediente

  • Raphael Granda Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiendo que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, para que comparezca ante este órgano judicial a recoger los edictos ordenados en autos a efecto de emplazar al tercero interesado Nicanor Arias Vega; en tal virtud, difiérase la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca R.A.-92/2017, derivado del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1193/2016; téngase a la superioridad devolviendo los autos del indicado expediente y dos anexos. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de origen, promovido por CAMILO ABAD HERNÁNDEZ, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que se precisan en el resultando primero de la presente ejecutoria". Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes, las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, así como los incidentes de suspensión y archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Por otra parte, se hace constar que los incidentes de suspensión serán susceptible de depuración, ello en atención a que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas relativas al expediente administrativo 181/2014/ABANDONO/CUSTOIO. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que a la fecha el tercero interesado José Luis Ruiz Sánchez se haya apersonado al presente juicio de amparo ni señalado domicilio para recibir notificaciones. En consecuencia, se le tiene debidamente emplazado y con apoyo en la fracción III, del artículo 26, y la fracción III, del artículo 27, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista las subsecuentes notificaciones que se ordenen en forma personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante auto admisorio de uno de septiembre de dos mil dieciséis, se reservó proveer lo relativo a las pruebas documentales y a la testimonial ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto obrara en autos los informes justificados y la constancia de emplazamiento del tercero interesado, lo que en la especie ya aconteció; en tales condiciones, se acuerda Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en lo que concierne a la prueba testimonial ofrecida por la quejosa María Teresa Morales Mori a cargo de Yosadara Ruiz Morales y Alejandro Morales Mori, no ha lugar a admitir dicho medio de convicción, en razón de que la parte quejosa -oferente de la prueba de mérito- no anexó el interrogatorio al tenor del cual se desahogaría tal probanza; interrogatorio que, en términos del precepto citado, da origen a la estructura fundamental de la prueba de que se trata, en virtud de que partiendo de éste se desarrollara el aludido elemento probatorio. Lo anterior en virtud de que el interrogatorio es el medio por el cual las partes delimitarán la consistencia del material probatorio, así como el carácter probatorio de los hechos a demostrar y el alcance que lleguen a tener; además, aun cuando con anterioridad a la Ley de Amparo, existía criterio del Máximo Tribunal del País en el sentido de que se debían requerir las copias del interrogatorio correspondiente cuando no se anexaran éstas, conforme a la vigente Ley de Amparo, dicho requerimiento únicamente se formulará tratándose de las copias del interrogatorio, más no cuando falte el interrogatorio, ya que, se insiste, éste es un elemento fundamental de la prueba de que se trata por lo que se debe anexar al momento de ofrecer aquélla. Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de la quejosa María Teresa Morales Morí consistente en que se requiera al representante legal de la empresa Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable proporcione diversa información relativa a la titularidad de la línea telefónica del tercero interesado José Luis Ruiz Sánchez, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, no ha lugar a acordar favorable su petición, ya que dicha solicitud no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad. El primero de tales principios, impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por lo que respecta al segundo de los principios citados, éste es regido, a su vez, por los principios de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, consistentes que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumple con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. En las anotadas circunstancias, como se dijo, la prueba ofrecida por la pate quejosa no es la idónea para acreditar la inconstitucional del acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento al juicio de divorcio necesario 1186/2015 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; y, como consecuencia de ello todo lo actuado con posterioridad. Esto, ya que la información que pretende solicitar a la empresa denominada Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, únicamente demuestra la titularidad de la línea telefónica del tercero interesado, fecha de contratación del servicio telefónico y estados de cuenta del mismo, situaciones que son ajenas y no guardan relación con el acto reclamado. Por esa razón, la prueba documental ofrecida, no sería la idónea para acreditar la ilegalidad del emplazamiento llevado a cabo en el juicio de divorcio necesario 1186/2015 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dado que al intentar recabarla provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Finalmente, por lo que hace a su petición consistente en que se requiera al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que remita copia certificada de la credencial para votar con número de folio 0000070474636, expedida a nombre de María Teresa Morales Morí, con domicilio ubicado en: calle Morena, número 1253, departamento 4, colonia Piedad Narvarte, delegación Benito Juárez, código postal 03020, en la ciudad de México; asimismo, indique a partir de que fecha se encuentra inscrita la quejosa María Teresa Morales Morí en el Registro Federal de Electores; en tales condiciones; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, remita a este Juzgado Federal, copia certificada de la credencial para votar antes descrita, así como la información relativa a la fecha de inscripción de la quejosa al Registro Federal de Electores. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 [setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral D-3/1128/2015; en consecuencia, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Por lo que, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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