Ranulfo Santiago Pina
Expediente 838/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ranulfo Santiago Pina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, firmado electrónicamente, mediante el cual acusa recibo del diverso con el que se remitió el oficio del director General de Centro S.C.T., Oaxaca, por corresponder al juicio de amparo 373/2021-V-A, de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que acusa recibo del oficio 11024/2021, del índice de este Tribunal, con el que se le remitió el juicio de amparo 838/2020 promovido por Ranulfo Santiago Pina y sus respectivos cuadernos incidentales; asimismo, se advierte aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número 373/2021-V-A, de su índice; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Se autoriza la vinculación en forma permanente de este asunto con el diverso juicio de amparo del índice de la oficiante. De igual forma, remítase al citado Juzgado Federal el oficio con número de registro de este Juzgado 7690, enviado por la autoridad responsable director General del Centro SCT Oaxaca, por estar relacionado con el juicio de amparo 373/2021-V-A, de su inventario, previa copia simple que se deje en autos. En virtud de lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. En términos del artículo 20, fracción I, inciso a) del mencionado Acuerdo, una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, toda vez que con esta fecha se archivó el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo del que deriva el presente; por lo tanto, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. En términos del artículo 20, fracción I, inciso a) del mencionado acuerdo, una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno de antecedentes y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente cuaderno de antecedentes no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en la ciudad de Oaxaca, con el que da cumplimiento al requerimiento efectuado el veintisiete de abril del año en curso, anexando el acuse de recibo que acredita la notificación al tercero interesado Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tonameca, Oaxaca, acerca de la instauración del presente juicio de amparo. En otro aspecto, una vez examinado en su integridad este asunto, se determina que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, carece de competencia legal para conocerlo. En efecto, es importante señalar que en términos generales, cada juez de Distrito tiene asignada una determinada circunscripción territorial dentro de la que ejerce sus funciones. El artículo 37 de la Ley de Amparo prevé las diversas reglas de fijación de competencia, por razón de territorio, para los órganos jurisdiccionales: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto antes transcrito se advierte que el legislador previó dos criterios principales para fijar la competencia de los jueces de Distrito: un criterio primario y un segundo criterio subsidiario. El criterio primario tiene que ver con la ejecución del acto reclamado. El criterio subsidiario guarda relación con el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto reclamado, y sólo se surte cuando éste no requiera ejecución material. Precisado lo anterior, se estima que el juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, es competente por territorio para conocer del presente juicio de amparo. Ello es así, pues los actos reclamados son: La orden de despojo respecto de un terreno que colinda por el lado norte con la carretera federal 200, en la comunidad denominada Cuatode, en Santa María Tonameca, Pochutla, Oaxaca; y La ejecución de dicho acto. Como se advierte, es innegable que los actos reclamados cuentan con ejecución material, toda vez que las constancias demuestran que el bien raíz que defiende el impetrante se ubica en la comunidad de Cuatode, Santa María Tonameca, Oaxaca, por cuyo lado norte colinda con la carretera federal 200, lo que está demostrado con la copia certificada de la constancia de posesión expedida por el Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de esa población (folio 12 del juicio de amparo). Ello se robustece con las documentales consistentes en los convenios a título oneroso celebrados el veintinueve de agosto de dos mil once y quince de marzo de dos mil diecisiete, entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por el Director General del Centro SCT Oaxaca y el órgano de representación del Núcleo Agrario de Santa María Tonameca, para la construcción de la ampliación y modernización de la carretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz, tramo Puerto Escondido-Pochutla, que afecta terrenos comunales de dicha población (folios 75-88 del juicio de amparo). Por tanto, es evidente que se actualiza el supuesto de competencia previsto por el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, el cual prevé que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en Santa María Tonameca, conjuntamente con los artículos 37 y 48 de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número ciento treinta y dos, visible en la página ochenta y cuatro, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa lo siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material". También ilustra sobre el tema tratado, la tesis III.2o.P.194 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro digital: 175281, del tenor: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo". Con base en los argumentos precedentes, previo cuaderno de antecedentes que al respecto se forme, se ordena remitir este juicio de amparo, para que el juez Federal a quien corresponda conocer del mismo dentro del término de cuarenta y ocho horas, manifieste si acepta o no, la competencia planteada, de conformidad con el numeral 48 de la ley de la materia. Como consecuencia de lo anterior, no es dable proveer respecto a la ampliación de la demanda y las pruebas ofrecidas por la parte quejosa (folios 11, 121-124 y 138 del juicio de amparo), pues será el juez federal al que se declina la competencia, el facultado para ello. De igual forma, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas con quince minutos del veinticinco de mayo del año en curso. NOTIFÍQUESE Y AL QUEJOSO EN FORMA ELECTRÒNICA.
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