Ranulfo Ruíz Martínez
Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ranulfo Ruíz Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA III B "... Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, y anexo consistente en el testimonio de la ejecutoria de tres de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 86/2023, de su índice. Se acusa recibo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Tribunal Colegiado aludido declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de trece de marzo de este año, donde se desechó su demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que, este expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte..."
- Principal
MESA III B "... Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, a través del cual, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, contra el proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de derechos humanos; el cual registró con el consecutivo 86/2023..."
- Principal
MESA III B "... Agréguese el escrito del quejoso ******; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el quejoso, contra el auto de trece de marzo del año en curso, donde se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, ríndase el informe correspondiente, como apoyo del mismo, y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, las siguientes documentales: 1) copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; y, 2) original y copia del recurso de queja interpuesto..."
- Principal
MESA III B "... Vista la demanda de amparo promovida por Ranulfo Ruíz Martínez, contra actos del Director General del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, y otros. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 229/2023. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia con claridad, que ***** reclama del Director General, Director de Asuntos Jurídicos, Titular del Órgano Interno de Control, Director Administrativo y Directora Financiera, todos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, la retención de su salario, correspondiente a la segunda quincena de enero de dos mil veintitrés, así como, la primera y segunda de febrero de este año; así como, la orden para seguir reteniendo los subsecuentes depósitos salariales. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia y, en efecto, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.).********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)".****************************************"Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) ********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Los preceptos transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ********************Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo.********************Para mayor claridad, existen las siguientes jurisprudencias:******************** "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). ****************************************"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).****************************************Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. ********************El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. ********************El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación.********************De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. ********************Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. ********************De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: ********************1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ********************2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. ********************3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. ********************4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. ********************Como se expuso al inicio del presente auto, el quejoso Ranulfo Ruíz Martínez, reclama del Director General, Director de Asuntos Jurídicos, Titular del Órgano Interno de Control, Director Administrativo y Directora Financiera, todos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, la retención de su salario, correspondiente a la segunda quincena de enero de dos mil veintitrés, así como, la primera y segunda de febrero de este año; así como, la orden para seguir reteniendo los subsecuentes depósitos salariales.********************Asimismo, bajo protesta de decir verdad, refiere que ostenta el cargo de Director de Turno Vespertino de la Escuela Primaria Bilingüe "La Luz del Saber", ubicado en la colonia Guillermo González Guardado, de la Villa de Zaachila, Oaxaca.********************Además, exhibe diversas copias de talones de pago.********************Como se ve, el acto que reclama el quejoso, sin lugar a dudas, deriva de una relación laboral que alude tener con el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca; por consiguiente, lo que reclama el justiciable en esta instancia, carece de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de un acto suscitado entre particulares, dado que las partes mencionadas se encuentran en un mismo plano. ********************Entonces, entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, no realizan actos equiparables a los de autoridad, ya que los actos que se le reprochan se suscitan en una relación de coordinación en la que actúan como particulares, como patrón, y no con el carácter de autoridad. ********************Por ende, se estima que el acto reclamado por el quejoso, deriva precisamente de la relación laboral que existe con el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, lo que se estima, debe ventilarse mediante un procedimiento laboral, pues es un tema que atañe a las relaciones de trabajo.********************En efecto, si bien, las autoridades señaladas como responsables, pudieran realizar actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en el presente caso no ocurre así, puesto que la retención del salario reclamado por el peticionario de garantías, fue realizado por las autoridades señaladas como responsables, en su calidad de patrón, por lo que, sin lugar a dudas, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, deriva de una relación de trabajo asimilable a la obrero patronal, que debe combatirse en el juicio laboral respectivo, ya que la controversia que ahora se plantea, conforme a su naturaleza, es una acción laboral.********************En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha, de plano, la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica el quejoso, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, en cuanto a la solicitud para consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo; vista la certificación de cuenta, se autoriza al usuario SIMITRIORUIZ, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, atendiendo a la solicitud expresa de la parte quejosa, se ordena notificarle las determinaciones que surjan en la tramitación del presente asunto, a través del usuario antes referido. También, se tiene a la parte promovente señalando el correo electrónico simiross133@gmail.com, y el número de celular ********************, como medio de contacto no procesal.... en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen.... Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas...Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."
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